Madrid. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) decidió autorizar la Oferta Pública de Adquisición (OPA), que en este caso fue hostil, planteado por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaría (BBVA) para su fusión con el catalán Banco Sabadell, especializado en el crédito a la pequeña y mediana empresa y que también tiene presencia en México.
El informe del órgano regulador es un paso imprescindible para la operación, que ahora sólo queda en manos de los accionistas de la entidad financiera catalana, que son los que deben aceptar o no la oferta de compra, y, finalmente, del Ejecutivo español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, que tiene la última palabra para la autorización de la fusión.
El informe del órgano regulador español advierte que “una vez concluida la investigación en segunda fase, la CNMC considera que los compromisos que ha presentado BBVA son adecuados, suficientes y proporcionados para solucionar los problemas que esta concentración supone para la competencia en los mercados afectados”.
Respecto a la banca minorista, según la CNMC, la concentración supone la creación de una entidad líder en varios de sus segmentos, tanto para particulares como para pequeñas y medianas empresas y autónomos. “Se han identificado 96 municipios en los que, tras la operación, se supera la cuota conjunta del 50 por ciento con adición mayor al 15 por ciento, resultando una situación de duopolio en 48 de estos municipios”.
Asimismo, el regulador identificó 72 códigos postales en los que tras la OPA se generará o bien una situación de monopolio (7 códigos postales), o bien una situación de duopolio (65 códigos postales). Respecto al mercado de servicios de pagos, la entidad resultante supera el 30 por ciento de cuota conjunta a nivel nacional, “por lo que existe un riesgo de empeoramiento de las condiciones comerciales mediante el incremento del precio al comercio que demanda los servicios de adquisición de operaciones de pago”.
Para tratar de solventar estos riesgos, BBVA propuso una serie de compromisos que la CNMC considera “suficientes” para solucionar los problemas de competencia detectados. En concreto, para los clientes vulnerables, la entidad se comprometió a crear y publicitar una Cuenta para Clientes Vulnerables e identificar a los clientes de ambas entidades que podrán beneficiarse de las condiciones favorables de dicha cuenta.
Además, el banco prometió publicar en su página web y comunicar a los clientes de Sabadell de los cambios de condiciones que les pudieran ser aplicables a sus productos y servicios. También propusó el mantenimiento de presencia física en determinados territorios y a mantener las condiciones de los clientes de ambas partes en las oficinas situadas en las áreas de los códigos postales donde la operación da lugar a un monopolio, duopolio o donde la entidad resultante tendrá dos competidores, siendo un total de 168.
Tras hacerse pública la resolución, el presidente de BBVA, Carlos Torres, señaló en un comunicado que “la unión con Banco Sabadell es un proyecto de crecimiento con el que aumentaremos la capacidad de financiación a empresas y familias en cinco mil millones de euros adicionales al año. Además, los compromisos que asumimos favorecen la inclusión financiera, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos, y preservan la competencia, especialmente en los territorios en los que tendremos mayor presencia, como Cataluña”. Mientras que la entidad catalana criticó las conclusiones de la CNMC “porque entiende que no es adecuada para analizar la unión de negocios bancarios para pymes y que, por tanto, no permite conocer las consecuencias que esta concentración tiene para esos clientes”.
El Ministerio de Economía, por su parte, aseguró que analizará “con rigor y detalle” el informe de la CNMC y pidió “máxima prudencia hasta contar con toda la información”. En cualquier caso, una parte del gobierno, la que representa la coalición de izquierdas Sumar, a la que también pertenece Izquierda Unida (IU), ya anunció que se opondrán frontalmente a esta fusión al atentar contra los derechos de los trabajadores (calculan que se perderán alrededor de cinco mil empleos) y “ser antidemocrática”, según palabras de la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz.
