Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la suspensión provisional que un secretario en funciones de un juez federal le otorgó al ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, que frena por el momento la orden de captura que se libró en su contra por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero.

 El ex mandatario es acusado de desviar 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de policía en esa entidad.

José Alberto Rodríguez Rivera, secretario en funciones de juez en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en materia Penal, notificó a los magistrados del colegiado que el pasado 22 de abril le concedió al ex servidor público la medida cautelar.

Por ello, el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal, deberá resolver, en un plazo de 48 horas, si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia.

Según el expediente, el ex gobernador de Michoacán ya pagó la garantía de 52 mil pesos que le impuso el juez de amparo, para que la medida cautelar continúe vigente y la Fiscalía no lo detenga, aunque se le imponga la prisión preventiva justificada.
 
Sin embargo, Aureoles Conejo, quien es prófugo de la justicia, tiene que comparecer ante el juez que lo requiere, en un plazo de tres días hábiles, de lo contrario la suspensión será revocada. 

Según información del gobierno federal, el primero de marzo, cuando ya se habían librado las órdenes de aprehensión en contra del ex gobernador de Michoacán, y ocho de sus colaboradores, Silvano Aureoles salió de Morelia a bordo de un helicóptero de la empresa Servicios Aéreos La Viña (Aerotours La Viña), con destino a Guadalajara.

Una noche antes, el 28 de febrero, las autoridades federales fueron notificadas de las nueve órdenes de aprehensión por los delitos de desvío de recursos, asociación delictuosa y administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y asociación delictuosa.

La Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República dividió en dos los operativos para las capturas. Un grupo de agentes logró la aprehensión de Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de esa misma dependencia, y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP.

Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, fue devuelto a México por autoridades de Estados Unidos cuando llegó al aeropuerto de Miami.

Silvano Aureoles, al ser enterado de la existencia del mandamiento judicial en su contra, salió de un restaurante ubicado en el centro de Morelia, se trasladó a las instalaciones de la empresa Servicios Aéreos La Viña, ubicadas en la colonia Ex Hacienda de San José de La Huerta, que se localiza en la capital michoacana, y abordó la aeronave con destino a Guadalajara.

Los agentes de la FGR supuestamente llegaron minutos después de que el ex gobernador Aureoles había abandonado el restaurante, y aunque en Guadalajara lo ubicaron en un hotel de lujo, reportaron que allí le perdieron la pista ese mismo primero de marzo.

Fue hasta el pasado 12 de abril cuando los agentes de la FGR aseguraron con orden judicial las instalaciones de la empresa Servicios Aéreos La Viña.

En marzo pasado, los cuatro ex colaboradores de Silvano Aureoles Conejo, quien gobernó Michoacán de 2015 a 2021, fueron vinculados a proceso y se les dictó prisión preventiva.

Se trata de Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas en el gobierno de Aureoles; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal; Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de esa misma dependencia y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP.  Los cuatro imputados permanecen en prisión preventiva justificada.

En este caso, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que encabeza María de la Luz Mijangos, reveló durante la audiencia contra los cuatro detenidos que las acusaciones están relacionadas con la operación irregular de arrendamiento y posterior compra de inmuebles para instalar siete cuarteles policiacos en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.