La Haya. El representante palestino ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este lunes que Israel está utilizando el bloqueo de la ayuda humanitaria para Gaza como un "arma de guerra", durante la apertura de semana de audiencias en el máximo tribunal de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en La Haya.

Israel -que no reconoce la jurisdicción de la CIJ y anunció que no participaría- denunció que el proceso "forma parte de una persecución sistemática".

La CIJ inició cinco días de audiencias para aclarar qué debe hacer Israel con respecto a la presencia de la ONU y sus agencias, organizaciones internacionales o de otros Estados para "asegurar y facilitar la entrada sin obstáculos de suministros urgentes esenciales para la supervivencia de la población civil palestina".

Un panel de 15 jueces pronunciará un dictamen consultivo, que no es vinculante, después de que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó en diciembre por amplia mayoría una resolución para pedir que la CIJ emita una opinión consultiva "con urgencia máxima".

Los magistrados escucharán los argumentos de una decena de Estados, del representante de los palestinos y de organizaciones, en un momento en que Israel impuso hace cerca de 50 días un bloqueo total a la ayuda que entra a la franja de Gaza, devastada por la guerra.

El representante de los palestinos, Ammar Hijazi, dijo a los jueces que "todas las panaderías de Gaza que reciben ayuda de la ONU se han visto obligadas a cerrar sus puertas".

"Nueve de cada diez palestinos no tienen acceso al agua potable. Las instalaciones de almacenamiento de la ONU y otras agencias internacionales están vacías", señaló Hijazi, representante de la Autoridad Palestina.

"Hay hambre. La ayuda humanitaria se está utilizando como arma de guerra", concluyó el representante palestino.

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, declaró a los periodistas en Jerusalén que "este caso forma parte de una persecución sistemática y de la deslegitimación de Israel".

"No es Israel quien debería estar siendo juzgado, sino la ONU y la Unrwa", añadió, en referencia a la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos, bajo prohibición de operar en territorio israelí.

Las autoridades israelíes acusaron a algunos empleados de la Unrwa de estar implicados en el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, que provocó el estallido de la guerra en Gaza.

Investigaciones independientes indican que no se han aportado pruebas que respalden esta acusación.

"Con urgencia máxima"

Treinta y ocho países, entre ellos potencias como Estados Unidos, China, Francia, Rusia y Arabia Saudita, presentarán también sus argumentaciones.

La Asamblea General de la ONU pidió a la Corte de La Haya pronunciarse "a título prioritario y con urgencia máxima", después de que Noruega presentó una resolución, a raíz de la ley israelí para prohibir a la Unrwa operar en territorio israelí y coordinar sus actividades con el gobierno.

Israel controla todos los flujos de ayuda internacional, vital para los 2.4 millones de palestinos de la franja de Gaza, azotados por una crisis humanitaria sin precedentes.

Israel cortó el 2 de marzo pasado los suministros de ayuda para Gaza, días antes de romper, el 18 del mismo mes, una frágil tregua que permitió reducir en gran medida las hostilidades tras 15 meses de rudos combates.

Desde que terminó el alto al fuego, cerca de medio millón de palestinos tuvieron que desplazarse, según la ONU.

Naciones Unidas asegura que el territorio palestino sufre "probablemente la peor" situación desde el inicio de la guerra, desencadenada por los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Este ataque causó la muerte de mil 218 personas de lado israelí, en su mayoría civiles, según un cálculo de la Afp basado en cifras oficiales israelíes.

La ofensiva de represalia de Israel mató a al menos a 52 mil 243 personas en Gaza desde octubre de 2023, en su mayoría civiles, según un balance del Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamas desde 2007. La ONU Considera estos datos fiables.

Las autoridades israelíes sostienen que la presión militar es la única forma para obligar a Hamas a liberar a los 58 rehenes aún cautivos en Gaza, de los que 34 estarían muertos, según el ejército israelí.

En julio pasado, la CIJ emitió una opinión consultiva en la que consideraba "ilegal" la ocupación israelí de los territorios palestinos, exigiendo que cese desde que sea posible.

Aunque las opiniones de la CIJ no son vinculantes, podrían aumentar la presión diplomática sobre Israel.