Ante el incremento “notorio y atípico” de solicitudes para ser observadores en la elección judicial, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un mecanismo de verificación de datos biométricos de la credencial de elector enviada por los peticionarios, para evitar la “infiltración partidista” en esta actividad ciudadana.

Hasta el último corte, realizado el miércoles de esta semana, el INE había recibido 201 mil 074 solicitudes de acreditación, de las que 34 mil 945 (17.3 por ciento del total) fueron rechazadas, la mayoría (30 mil 079) por ser militantes de partidos políticos y el resto (2 mil 502) por tratarse de servidores públicos vinculados a programas sociales, aunque también se detectaron nombres idénticos de precandidatos y candidatos de la elección.

La mayoría de solicitudes todavía están en revisión, pues hasta el momento 26 mil 306 han sido acreditadas, de ahí la necesidad de generar nuevos mecanismos.

Al presentar el punto en la sesión sabatina, el encargado de la dirección jurídica del INE, Juan Manuel Vázquez, señaló que ha habido “incidencias e irregularidades identificadas, por lo que resulta evidente la necesidad de contar con mecanismos sólidos que permitan validar de forma efectiva la autenticidad de la información presentada por la ciudadanía”.

La confronta de datos biométricos (rostro de la fotografía contenida en la credencial para votar), agregó, es una medida responsable y acertada por parte del INE para preservar la credibilidad, imparcialidad y la legalidad del proceso electoral en curso.

“Los beneficios de ello será la transparencia y confiabilidad del proceso electoral al minimizar riesgos como la suplantación de identidad y la infiltración partidista en actividades que deben ser estrictamente ciudadanas y apartidista”,indicó el funcionario.

Lo anterior es relevante ante la detección de 53 mil casos de correos electrónicos atípicos e irregularidades documentales en las solicitudes presentadas.

Otro beneficio, añadió, es el uso de herramientas tecnológicas a través de la dirección del Registro Federal de Electores y de la unidad de Sistemas Informáticos que permiten el cruce de información, con base de datos confiables, garantizando la imparcialidad de los observadores.

Esta medida, dijo, promueve la confianza de la ciudadanía sobre la transparencia y legalidad de las actividades de observación electoral.

En el proyecto aprobado se presentaron gráficas para mostrar el nivel inaudito de solicitudes, pues en la elección intermedia de 2021 hubo 31 mil 223 solicitudes y 9 mil 741 rechazos, mientras que en la contienda federal del año pasado, incluida la presidencial que siempre genera más interés, hubo 34 mil 881 solicitudes y 8 mil 843 rechazos, de ahí las medidas frente a las 201 mil 74 peticiones para el proceso electoral del poder judicial.

Por entidad, el mayor número de solicitudes fueron recibidas en el Estado de México (13 mil 320), seguido de 12 mil 695 en Michoacán. Otras entidades tienen más de 8 mil casos, como Tamaulipas, donde en la elección anterior apenas alcanzó las mil 161.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, dijo que este proceso que considera medidas estrictas de protección de datos personales, permitirá aportar datos adicionales para la verificación de las solicitudes “garantizando así que la participación por vía de la observación ciudadana se conduzca bajo los principios de imparcialidad, certeza, legalidad”.

Debe quedar claro, dijo, que el INE es el más interesado en propiciar las mejores medidas de participación en este proceso inédito, sin embargo, es necesario fortalecer la confianza política, pública, en un ejercicio histórico.