Ciudad de México. Un total de 25 defensores del medio ambiente y los territorios fueron asesinados en el país durante 2024 en el cumplimiento de su labor, un incremento de 25 por ciento respecto al año anterior, cuando se reportaron 20, reveló un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) publicado este jueves.
Al presentar onceavo Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, Itzel Arteaga San Germán, abogada del Cemda, indicó en conferencia de prensa que la reciente cifra anual se coloca como la segunda más alta de la última década, al igual que en 2021, pero están superadas por las 29 víctimas mortales reportadas en 2017.
Precisó que del total de las agresiones letales del año pasado, 21 fueron por homicidio y cuatro por ejecución extrajudicial, lo que implica la participación de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado.
Indicó que el Cemda ha documentado en los últimos diez años 189 asesinatos defensores del medio ambiente, la tierra y el territorio. Estos datos son similares a los reportados por otras organizaciones internacionales, como Global Witness, que coloca a México en el cuarto lugar en el mundo en este tipo de crímenes.
Arteaga San Germán indicó que el año pasado también se registraron 94 eventos de agresión y 236 agresiones específicas, lo que muestran una disminución de 23.6 y 16.3 por ciento, respectivamente, en comparación a las reportadas en 2023, cuando se documentaron 123 eventos de agresión y 282 agresiones específicas.
Indicó que el principal agente agresor fue el Estado con 62 de los 94 eventos de agresión documentados, en segundo lugar las empresas privadas con 25, y en tercer lugar la delincuencia organizada, con 17. La mayor parte de los eventos de agresión fueron contra miembros de las comunidades (43) e integrantes de organizaciones civiles (21).
}Gustavo Alanís, director ejecutivo del Cemda, reiteró su llamado a las autoridades a dar seguimiento a los casos y garantizar el funcionamiento del Mecanismo para la protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.
Lo anterior, aclaró, es para garantizar un entorno seguro para quienes protegen el patrimonio natural de México, cumpliendo así con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), del cual México es signatario.
Mariana Boy, titular de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, indicó que la institución se ha fortalecido con distintos recursos en los pasados meses para poder impartir justicia y atender las distintas problemáticas relacionadas con la protección de los ecosistemas.
Señaló que trabajan en la creación de políticas públicas, como reformar la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con la finalidad de dar mayor acceso a la información y la participación.
Durante la presentación del informe, Wilbert Alfonso Nahuat Puc, comisario de la localidad maya Santa María Chi, en Yucatán, denunció la recriminación que ha vivido por proteger a su comunidad de la contaminación emitida por la industria porcícola en el estado.
Por su parte, Juana Inés Ramírez Villegas, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, relató la criminalización por parte del Estado que ha sufrido, junto con otros 23 de sus miembros, por rechazar la ampliación del ferrocarril del Corredor Interoceánico.
