El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU solicitó a México que aplique políticas migratorias que pongan en el centro a las personas y sus derechos, por encima de los enfoques de seguridad y manifestó una profunda preocupación por lo que llamó una “la creciente militarización de la gestión migratoria”, la participación de actores sin competencia legal en labores de verificación y el uso extendido de la detención por motivos migratorios. 

El organismo internacional publicó este jueves sus observaciones finales al cuarto informe periódico de México sobre la aplicación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios. En el documento, el organismo internacional reconoció avances legislativos y diplomáticos del Estado mexicano, pero también lanzó una crítica a las prácticas actuales de gestión migratoria e instó a México a cesar la participación de las Fuerzas Armadas en funciones migratorias. 

El Comité lamentó que el Estado no haya realizado una evaluación sobre el impacto de las políticas y mecanismos de control y verificación migratoria en todo el territorio, como le había recomendado con anterioridad. Agregó que “preocupa especialmente que, al contrario, se han adoptado medidas que han profundizado el enfoque securitario a la movilidad de migrantes a través de México” y aseguró que hay “insuficiencia y debilidad de mecanismos institucionales eficaces de supervisión, rendición de cuentas y formación continua del personal migratorio en materia de derechos humanos y protección de personas migrantes”. 

Celebró la reforma de la Ley de Migración de 2020, aprobada durante el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, que armoniza dicha ley con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). Según el organismo, este cambio legal significó un paso decisivo hacia la eliminación de la detención migratoria de niñas, niños y familias, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos. Si bien el Comité reconoció que aún hay desafíos en la operación efectiva de estas disposiciones, consideró positiva la intención legislativa de priorizar la protección de la infancia migrante. 

También se destacó el fortalecimiento de la asistencia consular para mexicanos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. El Comité valoró las iniciativas adoptadas por México para brindar apoyo legal, documentación y protección frente a procedimientos de detención y deportación, e hizo énfasis en la necesidad de consolidar estas acciones con una mayor capacitación y recursos para los consulados. 

Una de las principales alertas emitidas por el Comité se refiere a "la creciente militarización de la gestión migratoria", así como “la participación de empresas privadas de seguridad”, y “el uso generalizado de operativos de verificación migratoria en todo el país por actores sin facultades legales para ello.”

En este sentido, el Comité fue categórico al recomendar al Estado mexicano que “cese la participación de cuerpos armados en funciones migratorias”, como la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, y “ponga fin a la subcontratación de funciones esenciales de política migratoria a actores privados.” Estas recomendaciones buscan garantizar que las labores de control migratorio sean realizadas exclusivamente por personal civil especializado, con formación en derechos humanos. 

El Comité expresó su preocupación por el uso de la privación de libertad por motivos migratorios. Si bien se reconocen avances tras la sentencia de la Suprema Corte que declaró inconstitucional el artículo 111 de la Ley de Migración, el informe advierte que “persisten desafíos al respecto” y llama a establecer el límite máximo de 36 horas de detención en la legislación mexicana. 

En particular, el Comité reiteró su llamado urgente a México para “poner fin a esta práctica” y adoptar medidas que garanticen “la no detención —sin excepción— de personas en particular situación de vulnerabilidad”, como menores de edad, solicitantes de asilo, personas con discapacidad o mujeres embarazadas.

Además, señaló con preocupación que “el uso de términos como ‘aseguramiento’ o ‘presentación’ para describir medidas de privación de libertad contribuye a la opacidad de esas prácticas". 

También se llamó la atención sobre el uso de “Centros de Canalización” y Centros de Asistencia Social con condiciones similares a las de encierro, así como la separación de familias migrantes. 

El Comité señaló que diversas autoridades, muchas sin facultades legales para ello, realizan operaciones de verificación migratoria en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional, como estaciones de autobuses, trenes, carreteras y centros comerciales o vías públicas. Asimismo, criticó la falta de acceso de la sociedad civil a estos espacios para realizar labores de monitoreo y acompañamiento. 

El organismo fue claro al solicitar a México que las políticas migratorias pongan en el centro a las personas y sus derechos, por encima de los enfoques de seguridad. Recomendó adoptar un enfoque integral, interseccional y basado en derechos humanos que priorice la protección de las personas migrantes, garantice la unidad familiar y respete el principio de no devolución. 

Asimismo, se solicitó establecer un mecanismo estable de monitoreo de cumplimiento de las recomendaciones internacionales, con participación de la sociedad civil y organismos autónomos, para asegurar una mejora continua en la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias.

También pidió poner fin a la “subcontratación” de actores privados en tareas de política migratoria y que refuerce los mecanismos de supervisión institucional y rendición de cuentas del Instituto Nacional de Migración (INM), mediante canales de denuncia seguros y aplicación de sanciones administrativas o penales “efectivas ante abusos”.

Sobre esta institución, que aún encabeza Francisco Garduño, el Comité de la ONU externó su preocupación por “el rol predominante” en las decisiones migratorias, dada su adscripción a la Secretaría de Gobernación como instancia de seguridad nacional.

Recomendó al Estado mexicano que garantice la “participación efectiva, inclusiva y continua” de organizaciones de la sociedad civil en todas las fases de la política migratoria, y refuerce las medidas de protección para los defensores de derechos humanos de personas migrantes.

En un documento de 50 puntos, el Comité se refirió a diversos temas, entre ellos reconoció los esfuerzos de México parte para diseñar una red de información y estadística migratoria y para crear bases de datos sobre trata de personas.

No obstante, apuntó que es preocupante la “falta de datos cualitativos y cuantitativos desglosados” que permitan identificar y abordar adecuada e integralmente las “múltiples vulnerabilidades” que enfrentan las personas migrantes y sus familiares.