Nueva York y Washington. Los rectores de más de 200 universidades han firmado una carta colectiva de condena a los intentos del gobierno de Donald Trump de interferir en sus instituciones, mientras el productor ejecutivo del legendario programa noticioso 60 Minutos anunció su renuncia luego de la rendición de su empresa CBS News ante presiones de la Casa Blanca, entre nuevos brotes de resistencia de alto perfil contra el nuevo régimen estadunidense.
Los rectores de las universidades, incluidos los de las prestigiosas Harvard, Princeton y Brown, denunciaron públicamente la interferencia política sin precedente del gobierno contra instituciones de educación superior. La declaración publicada ayer por la Asociación Estadunidense de Colleges y Universidades es la expresión más amplia y contundente hasta la fecha desde que el gobierno de Trump emitió una serie de amenazas de retirar cientos de millones de dólares en fondos federales y exigió cambios en el currículum, medidas contra lo que califica engañosamente de antisemitismo y hasta la instalación de supervisores externos para monitorear los cambios exigidos.
Columbia fue la primera universidad en negociar y rendirse ante las demandas de Trump y otras han indicado que están negociando, pero Harvard sorprendió al rechazar las amenazas del retiro de unos 2 mil millones de fondos federales. Más aún, Harvard se convirtió en la primera universidad en demandar legalmente al gobierno por estas amenazas ( https://www.aacu.org/newsroom/a-call-for-constructive-engagement ).
Los ataques de Trump contra medios de comunicación también han empezado a provocar mayor repudio. Bill Owens, productor ejecutivo de la revista noticiosa dominical de televisión, quizá, más famosa y antigua (57 años) de Estados Unidos, anunció su renuncia porque habían perdido su independencia periodística. Le informó a su equipo que ha quedado claro que no podrá tomar decisiones independientes, reportó el New York Times.
El programa ha estado bajo intensa presión del presidente Trump, quien ha acusado al programa de comportamiento ilegal por editar de manera engañosa una entrevista con su contrincante electoral demócrata Kamala Harris, en octubre. El presidente ha interpuesto una demanda contra CBS por 10 millones de dólares y ha exigido una disculpa del programa. Los dueños de CBS, Paramount, necesitan la aprobación del gobierno para vender su empresa, y por lo tanto, desean negociar una solución a la demanda de Trump.
Otros grandes medios, incluidos la agencia Ap, la radio nacional pública NPR y televisión nacional pública PBS también han sido sujetos de castigos y amenazas de la Casa Blanca desde que llegó Trump en enero.
Es notable que voces de la cúpula estadunidense sean universidades, medios y otras instituciones de élite, ahora se ven obligadas a expresarse públicamente contra el gobierno. Por ejemplo, Lawrence Summers, ex presidente del Banco Mundial y ex rector de Harvard, comentó la semana pasada que las amenazas de Trump a las diversas instituciones son parte de un amplio y enorme esfuerzo para suprimir instituciones que retan al gobierno presidencial. Agregó que “si una institución como Harvard no puede resistir la tiranía cuando se le aplica –con sus bienes de 50 mil millones, sus redes y prestigio– entonces ¿quién podrá?”
Al Gore ve aspectos del Tercer Reich
El ex vicepresidente, candidato presidencial y ambientalista Al Gore comparó algunos aspectos del gobierno de Trump con el Tercer Reich, en su ataque sobre el centro de la distinción entre la verdad y lo falso, y dijo el lunes en un discurso en San Francisco que hay algunas lecciones de la historia de esa maldad emergente de la Alemania nazi que se pueden aplicar a su país ahora, reportó Politico.
Varios alcaldes, entre ellos la de Boston, la de Los Ángeles y de otras ciudades, así como algunas gobernadoras, como la de Maine, la de Michigan y el de Kentucky, también se unen a un coro de resistencia ante las amenazas de Trump de retirar asistencia federal si no ceden a demandas de dejar de ser santuarios para inmigrantes y discontinuar medidas antidiscriminatorias. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, declaró la semana pasada que no tiene por qué reunirse con representantes del gobierno de Trump, al afirmar: no voy a negociar con terroristas.
Se difunden videos de vecinos y amigos enfrentando a agentes de migración, rodeando casas o autos de inmigrantes y pidiendo que se identifiquen y presenten órdenes judiciales para ingresar a las viviendas, y se multiplican los esfuerzos en defensa de comunidades inmigrantes con información sobre sus derechos y acciones para frenar intentos de arresto, así como protestas por las detenciones de indocumentados.
Continúan las protestas contra el apoyo a Israel
Siguen las protestas contra la política de apoyo a Israel en varias universidades, incluidos estudiantes y egresados de Columbia que, encadenados a las rejas de una de las entradas, corearon: matan a 400 mil en Gaza ¿y nos arrestan a nosotros?, a pesar de múltiples incidentes de detención de activistas, sobre todo estudiantes y otros académicos inmigrantes.
El gobierno de Trump continúa cancelando visas de estudiantes internacionales que se han atrevido a expresar su oposición a políticas estadunidenses, en particular su apoyo por lo que acusan es un genocidio de palestinos en Gaza con el pretexto de luchar contra el antisemitismo. Hace unas semanas el secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó: cada que encuentre a uno de estos lunáticos, les quitaré sus visas. Pero cada vez hay más políticos y académicos –profesores y administradores– que expresan su repudio a eso. El senador Chris Van Hollen ha repetido su denuncia de que el verdadero lunático es Marco Rubio, ya que estas acciones pisotean los derechos constitucionales de la libertad de expresión.
Una coalición nacional de organizaciones judías estadunidenses (representando aproximadamente un tercio de la comunidad judía organizada) declaró en un comunicado la semana pasada que condenan las acciones del gobierno federal de emplear el pretexto de luchar contra el antisemitismo para justificar la anulación de los derechos al debido proceso a estudiantes cuando enfrentan arrestos y/o deportación, así como amenazar a miles de millones en financiamiento de investigaciones académicas y educación... Estas acciones no hacen más seguros a los judíos, o cualquier otra comunidad. Más bien, sólo nos hacen menos seguros ( https://jewishpublicaffairs.org/press-release/jewishcommunalstatement/ ).
