Mientras María, una artesana rarámuri, cuenta los días para terminar la napácha (blusa tradicional) que venderá a un precio que no alcanza para que sobreviva un mes, en Nueva York, Nikki Chasin ofrece una copia exacta de su trabajo por 750 dólares (poco más de 15 mil pesos).
La diferencia, además del costo, es que la diseñadora estadunidense llama a la prenda vestido zigzag. Nunca mencionó a María ni a la comunidad de la que es originaria; tampoco, a las montañas sagradas que inspiraron esas grecas. Este no es un caso aislado: es la regla de un sistema que convierte la herencia cultural de los pueblos indígenas de México en mercancía robada.
En realidad, se trata de una práctica extractivista que no conoce fronteras. El año pasado, Louis Vuitton, la prestigiada casa de moda francesa activa desde mediados del siglo XIX, presentó como parte de su colección Resort unas réplicas idénticas de blusas típicas de una región de Rumania. A pesar de la campaña para impedir su venta, la compañía no dio el crédito ni se disculpó.
Nunca se pronunció, simplemente ignoró el hecho de que estuvieran apropiándose de algo, denuncia Olivia Meza, especialista de NGO Impacto, organización no gubernamental mexicana comprometida con el desarrollo sustentable de los pueblos originarios.
Con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, esa instancia civil ha registrado mediante su plataforma Viernes tradicional que, entre 2012 y 2025, al menos 31 marcas o diseñadores internacionales, y uno que otro nacional, se han apropiado de diseños, iconografías o prendas tradicionales de culturas originarias de nuestro país, con lo que suma a la fecha 41 casos documentados de apropiación cultural indebida, como lo denomina esa ONG.
Las firmas francesas Christian Dior, Louis Vuitton e Isabel Marant; las estadunidenses Carolina Herrera, Ralph Laurent, Nike, J. Marie Collections y Madewell; la china Shein, y las españolas Mango, Desigual, Intropia y Zara figuran en esa lista de firmas de alcance global que han recurrido a esa práctica.
De ellas, J. Marie Collections y Zara han sido las más recurrentes, con cuatro ocasiones, la más reciente el año pasado, en el caso de la marca hispana. Fuera de ese listado, también se señala a otras prestigiosas compañías internacionales, como la francesa Hermès y la estadunidense Levi’s.
De origen mexicano, se encuentra el caso de la diseñadora Pineda Covalin, que en 2014 reprodujo diseños de Tenango de Doria, Hidalgo, en bolsas, así como el de una diseñadora de origen oaxaqueño que colabora con la marca estadunidense Etia.
Esta última trabaja con artesanas de San Juan Colorado, uno de los 570 municipios de aquella entidad, en la elaboración de huipiles, pero en lugar de venderlos como tales los renombró kaftanes, prenda tradicional utilizada en los países musulmanes, cometiendo así, en palabras de Olivia Meza, el sacrilegio de borrar de un plumazo el origen de esas prendas y la participación de sus hacedoras.
“Nombrar de manera incorrecta no sólo es un error, sino un tipo de apropiación. A nivel diseño, empresarial y de marketing debe haber más sensibilización; también, más cultura, y saber qué se está vendiendo y cómo nombrar correctamente los productos”, agrega la creadora de moda, periodista y activista.
Al final, esa diseñadora tampoco daba crédito a las hacedoras de esas prendas, sólo señalaba que trabaja con artesanas de San Juan Colorado, y eso es negar el crédito, dar la espalda a los creadores originales. En casos como el suyo, no se está diseñando nada, sólo es un puente para vender los productos, y eso tiene, asimismo, un valor en cadena.
Denuncias no judiciales
Tras aclarar a este diario que hasta el momento las denuncias en México por apropiación cultural indebida contra algunas de esas marcas no han sido judiciales, el área de comunicación social de la Secretaría de Cultura (SC) federal informó que actualmente se encuentran en proceso dos, de las cuales indicó que no podía dar más detalles porque son relaciones entre privados y continúan en negociaciones.
Uno de los casos nacionales más recientes de apropiación indebida es el de la empresa ¡Ay Güey!, que en el interior de uno de sus modelos de chamarras usa telas que evocan a los bordados del Istmo de Tehuantepec, según lo documentó la senadora Susana Harp, quien no sólo es una de las principales figuras públicas que han alzado la voz contra esa forma de extractivismo cultural, sino que además ha emprendido acciones concretas para combatirlo.
En 2015, la también cantante y activista oaxaqueña descubrió en una tienda de Nueva York, Estados Unidos, un diseño idéntico a los huipiles de Santa María Tlahuitoltepec –comunidad ubicada en la sierra mixe de Oaxaca–, firmado por Isabel Marant como parte de su colección otoño-invierno.
Ese fue el detonante para actuar, admite Susana Harp, quien durante su primer periodo como senadora de la República, de 2018 a 2024 –actualmente se encuentra en el segundo, que concluye en 2030–, impulsó una reforma sustantiva en la Ley de Derechos de Autor.
La modificación consistió en que los elementos de cultura e identidad indígenas, entre ellos los diseños y las prendas, dejaron de ser considerados del dominio público y fueron equiparados en derecho con cualquier obra literaria o artística. Antes esa ley permitía el uso de todo elemento de cualquier cultura popular mexicana; no se necesitaba tener permiso, precisa.
Sin embargo, la principal contribución de Susana Harp como legisladora en este ámbito fue su participación clave en la creación y la promoción de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (LFPPCPCIA), que entró en vigor el 18 de enero de 2022 y es considerada “un paso histórico para que México deje de ser ‘saqueado’ culturalmente”.
Esta norma reconoce y garantiza el patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, prohíbe cualquier acto que afecte la integridad del patrimonio, establece que los beneficios económicos de la comercialización del patrimonio cultural se redistribuyan equitativamente entre las comunidades y crea un sistema de protección del patrimonio cultural y un sistema de registro.
Dicho de forma coloquial, prohíbe que marcas o personas usen los saberes ancestrales, símbolos sagrados y expresiones culturales de esos pueblos y comunidades sin su permiso o sin darles crédito y ganancias.
Doble agravio
Con esa ley incluimos algo que no estaba visibilizado en nuestro sistema de leyes: el derecho colectivo, destaca la legisladora y artista, quien sostiene que la apropiación indebida no sólo privan a los artesanos de ingresos vitales, sino que violentan su identidad y sus valores.
Hay plagios que para las comunidades son profundamente hirientes y dolorosos, ya que las empresas se apropian y, a veces, hacen uso indebido o incorrecto de elementos que son sagrados para las comunidades, afirma.
No es nada más la implicación económica de vender menos de manera directa, algo que sale de sus manos, sino, en ocasiones, son elementos que tienen que ver con su cosmovisión; entonces, el agravio es doble, porque es una apropiación que les genera una enorme indignación.
Incluso llegan a ser una herida abierta, sostiene y menciona por ejemplo el comercial de la financiera Moneyman que, en 2023, comparaba el ritual de los Voladores de Papantla con un préstamo de esa institución y afirmaba que el punto en común entre ambos es que generan cero interés.
Lamenta la senadora: Es una burla, una afrenta, ni siquiera entendían que no es un espectáculo; es una práctica espiritual.
Mejor ni meterse
Para la antropóloga Marta Turok, la falta de los respectivos reglamentos de las leyes de derechos de autor y federal de protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas es uno de los principales escollos para proteger y salvaguardar ese importante patrimonio cultural de los pueblos originarios del país.
Es una visión con la que coincide Harp, aunque matiza al asegurar que, hasta hoy, la ley ha funcionado incluso sin reglamento.
Considerada en México y el extranjero la más importante especialista en textiles tradicionales de origen nacional, Marta Turok va más allá y opina que ambos aportes legislativos, aunque son bien intencionados, carecen de mecanismos viables para evitar abusos o beneficiar a los pueblos y comunidades.
Y aventura que, lejos de frenar la apropiación indebida, podría perjudicar a los artesanos, toda vez que, según la LFPPCPCIA, las asambleas comunitarias son el órgano legítimo para autorizar el uso del patrimonio.
Advierte que esas estructuras, en muchas zonas, han sido debilitadas por partidos políticos o iglesias, o tienen injerencias de ellos, además de que no siempre incluyen a los artesanos individuales, por lo que éstos podrían verse desplazados.
“Una cosa es el espíritu con el cual se hace una ley y otra es cuando un abogado te dice: ‘mejor ni le entres’, porque la tendencia de la interpretación de la ley es hacia acuerdos de asamblea comunitaria”, señala.
Y ¿dónde quedan los artesanos o los danzantes, quienes practican esa expresión cultural, cuando el concepto es que (ese patrimonio) es de todos, porque todos de alguna manera se identifican con esa tradición, con esa iconografía?, agrega.
Destaca que uno de los riesgos actuales es que se frene la colaboración económica con los creadores de esas comunidades: Si una diseñadora paga bien a un grupo de bordadoras, pero la asamblea exige dar empleo a toda la comunidad, el proyecto se vuelve inviable.
En opinión de la antropóloga, la pregunta en el fondo es ¿cómo puede equilibrarse el beneficio directo al creador con el reconocimiento y alguna retribución a la comunidad? Es decir, que esta ley beneficie a todas las partes y no sea una serpiente que se come a sí misma.
Invisible por evidente
La apropiación indebida de las prendas y diseños de origen indígena es muy común en México y tan cotidiano que llega a pasar desapercibido, asegura Olivia Meza.
A lo largo de la historia ha habido muchísimo abuso, desigualdad, malas prácticas, ya sea por ignorancia o abandono en esta área que apenas, de cinco o siete años para acá, se está activando a nivel gubernamental, apunta la responsable de Viernes tradicional.
La apropiación cultural indebida es supercomún, más de lo que creemos, y no necesariamente tiene que participar una marca de lujo o una diseñadora internacional. Simplemente, empresas chinas están haciendo ahora a gran escala textiles de tipos mexicanos, imitando las técnicas de los telares y los bordados, alerta.
“Las mismas artesanas los venden; se ven en Oaxaca, Chiapas, prácticamente en todo México. Por eso digo que es muy común y no hay ningún tipo de regulación. Las artesanas los prefieren porque se venden más fácil, al ser más baratos y porque a ellas no les toma tanto tiempo hacer la prenda.
Una blusa en el telar de cintura les toma hasta un mes o dos semanas, si son muy rápidas. En Oaxaca venden telas con diseños del Istmo de Tehuantepec, de Juchitán, esas flores bordadas y los estilos de cadenilla, pero ya impresos para que uno nada más los corte y use como quiera. Pero son textiles chinos y los venden ya en todos lugares.
Según la periodista y activista, el papel de la sociedad es crucial para encarar este espinoso asunto. Cuestiona que, mientras las firmas de lujo exotizan los textiles y diseños de origen indígena, en las calles de México persiste el estigma de que lo artesanal es de baja calidad y debe ser barato.
Un huipil auténtico puede llegar a costar miles de pesos, agrega, pero el mercado prefiere las imitaciones. Si una artesana copiara el diseño de alguna de estas grandes marcas internacionales, enseguida la demandaría. Pero a ellas las despojan y el mundo mira hacia otro lado.
Mientras todo esto transcurre, en la Sierra de Chihuahua, María ha terminado por fin su napácha, después de varios días de trabajo. Logra venderla a buen precio: 2 mil pesos, gracias a que una cooperativa la trajo a la Ciudad de México para participar en Original, el movimiento cultural y encuentro organizado por la SC para concientizar sobre el valor del trabajo artesanal, promoverlo e impulsar su comercialización justa.