Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum envió hoy a la Cámara de Diputados una iniciativa para crear la ley nacional para eliminar trámites burocráticos, mediante la cual se eliminaría el número de requisitos y pasos necesarios para obtener algún servicio público, todo ello con base en el uso de diversas herramientas tecnológicas.

En la exposición de motivos del documento, se resalta que “en México existen en promedio 523 trámites por entidad federativa y 144 a nivel municipal, lo que sugiere que a nivel nacional existen más de 350 mil, un problema que afecta directamente a la población”, ya que una persona hará en su vida un promedio de 486 trámites, 85 por ciento de ellos ante gobiernos locales.

Por ello, “uno de los principales desafíos que enfrentan los gobiernos de los tres órdenes es acabar con los trámites complejos, largos y costosos, con requisitos redundantes o innecesarios, que impactan negativamente la vida de las personas, dificultan el acceso a derechos, a servicios públicos, a beneficios sociales, y generan incertidumbre jurídica y espacios de discrecionalidad y corrupción”.

Para sustentar la necesidad de la reforma, la mandataria federal expuso que, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023, “el 83.1 por ciento de la población consideró a la corrupción como un problema frecuente, siendo los trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos un espacio donde el 14 por ciento reportó haberla experimentado”. 

Para el año en que se elaboró dicho estudio, el problema “representó un costo de aproximadamente 11 mil 911 millones de pesos, equivalentes a 3 mil 368 pesos de costos adicionales para cada persona afectada”.

Documentos digitales, con la misma validez que los impresos

Para solucionar ese panorama, la iniciativa propone crear un modelo nacional para eliminar trámites burocráticos, de aplicación obligatoria para todos los sujetos obligados, y cuyo objetivo es “eliminar costos burocráticos para facilitar el acceso y obtención de trámites y servicios”.
Para ello, se plantea que las autoridades no solicitarán documentos que los mismos sujetos obligados expidan; la mayor carga regulatoria la deben asumir los sujetos obligados, y se dará prioridad a la simplificación de los trámites con mayor volumen de uso o los dirigidos a grupos de atención prioritaria.

Asimismo, que no se solicitarán copias simples para la gestión de trámites o servicios; se establecerá que los documentos digitales tienen la misma validez que los físicos; se fusionarán trámites que guarden relación entre ellos, se eliminarán requisitos innecesarios, y se reducirán los plazos de respuesta de los trámites o servicios.

También se digitalizarán únicamente aquellos trámites que hayan sido previamente simplificados, y se homologará la vigencia de las resoluciones de trámites que guarden relación o dependan uno de otro, y cuando proceda, eliminar sus vigencias, o bien, implementar renovaciones inmediatas cuando subsistan las mismas condiciones.

La reforma propuesta, señaló el texto de la iniciativa, “permite la promulgación de una ley nacional que permitirá la implementación homogénea, ordenada y efectiva en todo el país de un modelo nacional de simplificación y digitalización, con herramientas claras para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno realicen acciones en materia de simplificación, digitalización de Trámites y Servicios y buenas prácticas regulatorias”.

Con lo anterior, se busca “la gestión ágil de procesos institucionales transparentes que permitan a las personas llevar a cabo un trámite o solicitar un servicio desde cualquier lugar, a través de cualquier dispositivo, sin necesidad de acudir de manera presencial ante las instituciones”.

Sin embargo, la iniciativa admite que entre los riesgos de este modelo está “que la transformación digital profundice las brechas existentes si no se coloca en el centro a las personas históricamente excluidas, especialmente aquellas que habitan en comunidades rurales, indígenas, afro mexicanas o en contextos de pobreza urbana. Para que el gobierno digital sea realmente justo y efectivo, debe diseñarse desde una perspectiva redistributiva que priorice a los sectores más rezagados”.

Cuentas digitales, asociadas a la CURP

La iniciativa propone crear modelos nacionales para eliminar trámites, para la digitalización; de homologación de trámites y servicios y de atención ciudadana, así como un repositorio de atención ciudadana; un registro nacional de tecnología pública.

Además, habilitar el sistema Llave MX –que ya funciona en la Ciudad de México- “como mecanismo de autenticación e identificación en medios digitales”, lo que dará lugar a “un portal ciudadano único de trámites y servicios”.

Según la propuesta de ley, que será discutida a más tardar la próxima semana en el pleno de la Cámara de Diputados, “toda cuenta Llave MX debe estar asociada a la CURP del titular, porque será la fuente única de identidad de las personas, por lo que será requisito que en los trámites se requiera identificar, autenticar o validar la identidad de una persona”, pero se requerirá el consentimiento de cada usuario.

El llamado “expediente digital ciudadano” contará con un fichero que permita identificar los documentos y datos que se encuentren en posesión de los sujetos obligados, para su consulta o portabilidad, y el uso de documentos y datos siempre se realizará con previo consentimiento del solicitante.

Para poner en marcha este sistema, se deberán crear ventanillas digitales únicas interinstitucionales para agilizar la atención de trámites y servicios, así como generar una infraestructura de datos que permita integrar la información, y generar autoridades nacionales y estatales de simplificación y digitalización, cuyos titulares tendrán un nivel jerárquico mínimo de director general. 

Dichos funcionarios deberán elaborar una agenda semestral para identificar los trámites de mayor frecuencia, los de mayores costos para las personas y los que se realicen de manera presencial, así como proponer acciones de simplificación.