El domingo pasado colocaron minas en la última salida que quedaba a los residentes: una carretera de terracería en Salitre de Estopila, que conecta a Coahuayula con El Ranchual. Chinicuila se localiza a unos 384 kilómetros de Morelia, la capital del estado. Cuenta con una laguna, pozos y cascadas, pero está en el olvido. La Sierra Sur aísla a la demarcación, que limita al norte con Colima, al sur con el municipio michoacano de Aquila, al este con Coalcomán y al oeste con Coahuayana.
Los residentes temen que se recrudezca la violencia que data de 2024, y ha incluido agresiones con drones de agrupaciones criminales que ellos enfrentan con machetes y armas rudimentarias. Cuando hay agresiones armadas se pierde la comunicación en la zona, impidiendo a la ciudadanía solicitar ayuda en redes sociales o vía telefónica.
Sostuvieron que diversos poblados "están siendo atacados con armas de alto calibre, dronazos y minas terrestres. (...) Este año se agudizó el problema, grupos delictivos empezaron a atacar directamente a la comunidad, a las casas con armas y drones que iban dirigidos a la escuela, a las casas y a los sembradíos".
Añadieron que los poblados perjudicados "son originarios, con alto grado de marginación y no tienen nada más que sus sembradíos de maíz, estos ataques han sido dirigidos a su medio de subsistencia".
Hace más de una semana explotó una mina en El Salitre y murió un hombre que dejó hijos huérfanos. Fuentes expusieron que éste no fue un hecho aislado, niños han sido heridos por balas perdidas, y otros dejaron de ir a la escuela por falta de condiciones de seguridad: "No hay maestros, no hay doctores".
Pobladores exigieron a autoridades estatales y federales que se instale un retén militar, y cuerpos especializados para localizar e inutilizar las minas colocadas en la región. Asimismo demandaron mejor conexión de Internet y de energía eléctrica en la zona.
También solicitaron localizar a activistas ambientales desaparecidos; una investigación exhaustiva sobre estos hechos para deslindar responsabilidades, identificar a los autores materiales e intelectuales, y garantizar justicia para las víctimas.
De igual manera exigieron que se diseñe y ponga en marcha "un plan integral de seguridad y protección para las comunidades en situación de riesgo, con enfoque intercultural y respeto a los derechos colectivos de los pueblos originarios".
Los ataques se intensificaron desde 2024, cuando desapareció el profesor, Gabriel José Pelayo, quien participó en la creación de un consejo ciudadano, ha sido defensor de la ecología en la región e impidió labores mineras que contaminaron ríos de la zona.
La lucha por el control de la región Tierra Caliente de Michoacán es añeja, pues este territorio ofrece tierras fértiles para producir limón y aguacate, cuenta con minerales y es acceso a los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, lo que facilita obtener precursores de fentanilo.
El cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) comenzó su expansión por la Tierra Caliente michoacana en 2020, enfrentando a remanentes de autodefensas que operaban como bandas criminales.
Ante los ataques del CJNG a Villa Victoria, cabecera municipal de Chinicuila, los habitantes abandonaron sus hogares en 2021, incluido el alcalde Rubén Darío Larios. Dicho grupo delictivo tomó el control en septiembre de ese año.
Un año más tarde, el CJNG utilizaba a Chinicuila como base operativa e intentó explotar las minas de hierro de la zona, que comuneros defendían desde 2021.
Este conflicto propició en 2023 la desaparición forzada de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, así como los asesinatos de Eustaquio Alcalá y Juan Medina.
