Zacazonapan, Méx. En los 32 años de operación de la Mina Tizapa, la empresa Industrias Peñoles “no ha aportado ningún beneficio a este municipio mexiquense”, pero sus utilidades han sido millonarias, ya que tan sólo entre 2022 y 2024 sumaron 5 mil millones de pesos gracias a la extracción de oro, plata, zinc y otros metales, riqueza que se extrae de este lugar donde los trabajadores de la sección 219 del Sindicato Nacional Minero mantienen una huelga desde hace casi ocho meses.

Durante ese tiempo la trasnacional –que presume ser la principal productora de plata en el mundo– se ha negado a pagar el 10 por ciento de utilidades a los mineros, pese a que es un derecho constitucional; las violaciones al contrato colectivo y la exigencia de mejorar las condiciones de seguridad, son también las razones por las que estalló el movimiento el 30 de agosto del 2024.

Mientras la minera, la segunda más importante de México, cerró 2024 con un valor bursátil de 119 mil 744 millones de pesos, un crecimiento de 70 por ciento con respecto al año previo, más de 300 trabajadores se turnan para realizar los llamados “piquetes” de guardia en dos accesos del yacimiento, soportando temperaturas superiores a los 30 grados, durmiendo en campamentos improvisados y sin recibir un centavo de salario.

Decenas de huelguistas, quienes externan su indignación por las “injusticias” de la empresa, reconocen al apoyo que les ha brindado el líder minero y diputado federal, Napoleón Gómez Urrutia.

En la mina subterránea, productora además de cobre y plomo, laboran alrededor de mil trabajadores, de los cuales más de la mitad son afiliados al Sindicato Nacional Minero, titular del contrato colectivo (CCT), lo cual ratificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ellos, un centenar de trabajadores realiza labores de mantenimiento en el yacimiento, con capacidad para extraer 1.2 millones de toneladas de minerales.

Niegan utilidades a trabajadores

En este municipio al sur de la entidad mexiquense, Eder Noé García Ramos, secretario general de la sección 219 del Sindicato Nacional Minero, explica a La Jornada que el conflicto tuvo origen tras la reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2021 que implicó un tope en la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa (PTU): tres meses de salario o el promedio del monto recibido en los últimos tres años.

Sin embargo, subraya que aunque se mantuvo el criterio de que las empresas deben repartir el 10 por ciento de las ganancias gravables, Industrias Peñoles está “renuente” a cumplir con la ley y la Constitución, e incluso con el acuerdo pactado en 2020 mediante una comisión mixta tripartita.

Guillermo Vargas, secretario del Trabajo del comité local, reprocha que la empresa insista en “perjudicarnos”, ya que antes obtenían alrededor de 160 mil pesos anuales de PTU, pero ahora la compañía quiere “toparnos” a 95 mil.

El consorcio minero –creado por Alberto Baillères, fallecido en 2022– reportó ganancias por 2 mil 237 millones de pesos, en 2022; mil 432 millones, en 2023, y mil 416 millones de pesos en siete meses y medio del 2024, de acuerdo con las carátulas fiscales que obtuvo una comisión de trabajadores.

Entrevistado en el acceso principal de la unidad, donde cuelga una bandera rojinegra, insiste en que se pague lo justo a los trabajadores, pues “hay remanentes”, por ejemplo, de 79 millones (2022) y 82 millones (2023) que no se les han entregado.

Además, menciona, que otra de las violaciones al CCT ha sido que la empresa contrata a terceros, sin tomas en cuenta al Sindicato Nacional Minero.

Fe puesta en EU

Rodeados por sus compañeros, los dirigentes sindicales locales apuntan que no es la primera vez que Industrias Peñoles transgrede los derechos de los trabajadores, ya que en abril del 2024 enfrentó una queja laboral al amparo del T-MEC, por su “intromisión en asuntos sindicales” y el despido de 12 trabajadores que finalmente fueron reinstalados.

Nahir Velasco, coordinador jurídico del sindicato, anticipa que recurrieron de nuevo al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y se espera que en próximos días las autoridades de Estados Unidos determine una nueva investigación, por lo que la empresa podría enfrentar nuevamente sanciones a sus exportaciones de concentrados de plomo, cobre y zinc, este último enviado a Japón.

En tanto García Ramos agrega que el CCT no se ha revisado desde 2021 y aunque que existe un proceso pendiente del periodo 2025-2027, la empresa se niega “rotundamente” a negociar, pues argumenta que no puede hacerlo hasta que se resuelva la huelga.

Todas las expectativas de los mineros están puestas en la próxima audiencia del Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos de la Ciudad de México, a principios de mayo, en la que se prevé que un juez federal determine la responsabilidad del conflicto.

“Duros 8 meses en huelga”

La situación de esta mina ubicada en la barranca de Tizapa, no es muy distinta a la de otros consorcios que trastocan la vida de las comunidades donde se asientan.

Industrias Peñoles inició operaciones en 1993 en esta mina, considerada el principal motor de la economía de Zacazonapan, y municipios colindantes como Otzoloapan y Valle de Bravo; en su momento generó alrededor de mil empleos directos y 2 mil indirectos.

Sin embargo, debido al conflicto personas que laboraban en el yacimiento, se vieron obligados a migrar a otros lugares a buscar empleo, “hay familias numerosas de ocho o nueve miembros, que optaron por irse para poder mantener a sus hijos”, señala Vargas.

Se fueron, estima, unas 200 personas, lo que hizo ver a los negocios y restaurantes “más solos”, además los dos hoteles, a donde se hospedaban los contratistas que llegaban a la mina, lucen vacíos.

En ello coincide Carolina Cruz, quien tiene laborando 10 años en la mina, y detalla que entre las complicaciones que han enfrentado, principalmente las mujeres que laboran en el yacimiento, está costear la renta de su hogar y las necesidades de sus hijos que asisten a la escuela.

Agustín León Cruz, otro trabajador con 21 años de antigüedad en la mina, expresa que “han sido duros” los ocho meses en huelga, pues si bien algunos tenían “un guardadito”, los recursos se están agotando y las familias ya resienten la falta de empleo y de salarios, aunado a las personas que se han ido de la comunidad.

Por una jornada diaria, un trabajador gana en promedio 359 pesos diarios, pero consideran que es insuficiente, dado que quienes se dedican a otras profesiones “ganan más”, sin exponerse a los riesgos de la mina subterránea.

Zacazonapan, el dinero ya no llega a las familias

Zacazonapan es reconocido por una melodía popular que lleva su nombre, escrita por Rubén Méndez del Castillo; cuenta con aproximadamente 5 mil habitantes y, paradójicamente, aun cuando es uno de los 10 municipios productores de plata, más de la mitad de su población vive en pobreza, según información oficial.

En este lugar enclavado en una sierra boscosa se encuentra la mina Tizapa, de la cual no sólo depende el desarrollo de esta comunidad, sino también de otros municipios colindantes, comenta el presidente municipal Roberto Villafaña Nava (Morena). 

Advierte que si bien los negocios no han cerrado, su “ritmo económico” se desplomó entre 70 y 80 por ciento por el cierre de la unidad.

“Hablamos de una cantidad muy fuerte, semanalmente los trabajadores recibían su sueldo y ese dinero ya no llega a las familias, ni a la población, ni a los negocios”, recalca.

Menciona que incluso algunos mineros han dejado de pagar su impuesto predial, por lo que su administración analiza condonarles el pago. Dice que también se ha apoyado a los trabajadores con canastas alimentarias, “que hizo llegar” la gobernadora del estado, Delfina Gómez.

El funcionario, que en enero pasado asumió el cargo, afirma que el consorcio minero está al corriente de su impuesto predial; no obstante, advierte que el pago está “desfasado” puesto que sus contribuciones están calculadas con base a la cartografía catastral de hace 20 años.

Menciona que en el año 2000 se realizó la última actualización del plan de desarrollo urbano, y la empresa pudo ampliar sus espacios de construcción.

No es lo mismo, abundó, que pague un impuesto de un terreno de uso rústico que compró como empresa y siga pagando el predial de hace 20 años, a hoy el de uso industrial, “el valor es muy distinto”, reiteró al mencionar que ya se trabaja en una nueva actualización en conjunto con el gobierno estatal.

Al comentar que el municipio cuenta con concesiones de agua para uso doméstico, una de ellas se emplea con fines industriales por parte de la empresa, lo cual lamentó frente a la escasez de agua que afecta a las familias.

Los trabajadores advierten que la mina cuenta con dos presas de jales y una más que está ampliando para abastecerse de agua y solventar sus procesos de extracción.

En su oficina del Palacio Municipal, Villafaña Nava opina que es importante que el conflicto se resuelva. En 32 años, el consorcio minero ha obtenido “muy buenas utilidades”, pero los beneficios para atender las necesidades de la comunidad son pocos en comparación con la riqueza de minerales que extrae de este lugar, enfatiza.

“Al día de hoy no hay en la comunidad ni en una colonia una obra en la que la empresa diga ‘yo compré el terreno, hice la aula, ayudé con la ambulancia, con el drenaje o la carretera que me ayuda a mí en beneficio para sacar el mineral que se produce’. Entonces obras de impacto no ha habido, y es lo que necesita el municipio”, recalca.