En medio del miedo que Trump pretende suscitar en los estadunidenses, un hecho ha causado un enorme clamor mediático; el negar el regreso del inmigrante salvadoreño Kilmar Abrego García a EU, tras haber sido retornado a El Salvador por un supuesto error y sin debido proceso alguno; tiene una orden judicial que prohíbe su retorno a El Salvador y no ha sido condenado por ningún delito en EU. Es uno de cientos de casos y de una posible proliferación en el futuro cercano.
Como dicen John Cavanagh y Robin Broad, en Newsweek (https://tinyurl.com/ mth35adw): “En flagrante desprecio por el debido proceso y ante un fallo unánime de la Corte Suprema de Estados Unidos que ordenó a la administración Trump facilitar la liberación de García, los dos presidentes (Trump y Bukele) se negaron a mover un dedo, a pesar de que los propios funcionarios de Trump admitieron que la deportación de Abrego García fue un ‘error administrativo’ (…). A pesar de la clara evidencia de que Abrego García es inocente, los dos presidentes están expresando su extremo desprecio por la ley, por no decir de la decencia humana”.
Mientras, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, voló a la Casa Blanca a rendir pleitesía a su tutumpote Trump, concederle que no va a regresar a Kilmar y a ofrecerle su país, incluida su infame cárcel de castigo máximo –el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) para recibir prisioneros. En esa y otras cárceles se tortura y se trata, como ningún animal debe ser tratado, a miles de prisioneros bajo el “estado de excepción” instaurado por Bukele desde marzo de 2022, en el que miles de inocentes y prisioneros políticos, incluyendo sindicalistas y defensores del ambiente, han sido enjaulados. Trump agradeció a Bukele, advirtiendo que estadunidenses “nacidos en casa” serán los siguientes en ser deportados (https:// tinyurl.com/53catsht).
Según Noah Bullock, director de la organización de derechos humanos salvadoreña Cristosal, EU “pagó a El Salvador 6 millones de dólares para encarcelar a los migrantes” (https://tinyurl.com/ yzyu8hf2). “Trump ha desaparecido a estudiantes y manifestantes; es fácil imaginarlo siguiendo el camino de Bukele y enviando a críticos y activistas a pudrirse en su horrible megacárcel, junto a Kilmar García y muchos otros migrantes inocentes” (Broad y Cavanagh). Organizaciones de derechos humanos salvadoreñas, como Socorro Jurídico, calculan que al menos 26 mil de los más de 80 mil que Bukele ha apresado no tienen antecedentes penales.
A usanza de Trump, de buscar enemigos, Bukele ha optado por tratar de ofender a México. A pesar del creciente descrédito de los impactos en los derechos humanos de su régimen de terror, critica al gobierno mexicano por no aplicar la misma mano dura en “cada uno de los 28 estados (sic)” de la República. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido mesurada pidiendo respeto para México y ha evitado el debate con él (La Jornada, 19/4/25).
A la vez que Chris Van Hollen, senador demócrata por Maryland, viajó a tratar de rescatar a Kilmar, con la negativa de Bukele de permitirle visitarlo en la cárcel los republicanos sí son bienvenidos para exhibirse de manera cruenta con prisioneros dantescamente hacinados. No importa si son culpables o no, no hay debido proceso para nadie y muchas veces un tatuaje es comprobante de ser criminal. La crueldad de Bukele es comparable con la que el movimiento MAGA trata a los inmigrantes en EU. Trump los ha llamado “peste”, que “contamina la sangre” del país.
EU ya ha “certificado” al gobierno salvadoreño en torno a corrupción y derechos humanos. Tanto el secretario de Estado, Marco Rubio, como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitaron el país en sus primeros viajes al extranjero (https://tinyurl.com/5n86s3ym).
La represión de Bukele se enmarca en un contexto socioambiental. Bukele ha desechado la ley de prohibición a la minería metálica de 2017, alcanzada tras años de lucha de organizaciones comunitarias, civiles y religiosas, y de manera unánime en la asamblea legislativa de entonces, para salvar los ríos del intenso estrés hídrico que sufre el país. Para dar pie a la explotación del oro, Bukele se ha dedicado a perseguir a opositores incluyendo a cinco prominentes defensores del agua, por un supuesto crimen de tiempos de la guerra civil, sin prueba alguna. Los ambientalistas fueron absueltos por una corte en octubre de 2024 (La Jornada, 24/10/24); sin embargo, el fiscal general de El Salvador ordenó que se les vuelva a juzgar, por el mismo crimen, aun sin pruebas.
La destructividad de la minería es cuestionada mundialmente y El Salvador, por pequeño que sea, es central en los esfuerzos de contener la codicia y usura de mineras trasnacionales. Una amplia alianza ha presentado una demanda de inconstitucionalidad respaldada por más de 57 mil firmas ciudadanas, contra la Ley General de Minería impuesta por Bukele, que se suman a más de 150 mil firmas presentadas por la Iglesia Católica a la Asamblea Legislativa en marzo. Como dice la histórica Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador, estas firmas son “una expresión muy pequeña del rechazo generalizado de la población a la propuesta nefasta de Bukele de imponer la minería” (https://tinyurl.com/35bjt9a2).
Por el bien de los derechos humanos en el hemisferio, es tiempo de que el gobierno de México arremeta contra Bukele e insista, como lo ha hecho Sheinbaum, en que “el autoritarismo y la mano dura llevan a consecuencias terribles” y de apostar por una “visión humanista por encima de todo” (https://tinyurl.com/9z4wkd4y).
*Institute for Policy Studies (www.ips-dc.org)
