Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el viernes suspender por un mes las operaciones militares ofensivas contra una disidencia de la antigua guerrilla de las FARC para permitir avances en el proceso de paz con ese grupo, pese a que un día antes decidió no prorrogar un cese al fuego bilateral.
La medida que beneficia al Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes de las FARC-EP, tendrá vigencia hasta el 18 de mayo a la media noche.
Un decreto gubernamental precisó que la decisión busca "garantizar las condiciones de seguridad para avanzar en el tránsito a zonas de ubicación" de las estructuras del grupo armado ilegal y "contribuir a la ejecución de transformaciones territoriales que permitan la producción agroalimentaria".
Un cese al fuego bilateral con esta disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comenzó en diciembre del 2023 y tuvo varias prórrogas, pero sorpresivamente el Gobierno no lo extendió esta semana, aunque aclaró que esa decisión no significa el fin del diálogo de paz.
El proceso de paz con esta facción de las antiguas FARC, con unos 1.500 integrantes, es uno de los esfuerzos de Petro para poner fin a un conflicto interno de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos, pero que no logra avances concretos desde que asumió el poder en agosto del 2022.
No hubo de inmediato ninguna reacción del grupo armado ilegal ni de su máximo comandante Alexander Díaz Mendoza, más conocido por su nombre de guerra como Calarcá Córdoba, sobre la decisión presidencial de ordenar suspender la ofensiva militar.
La otra disidencia de las FARC de la que surgió el grupo de Córdoba no tiene en la actualidad un diálogo de paz con el Gobierno que ordenó intensificar la ofensiva militar en su contra en las zonas selváticas y montañosas en donde tiene presencia y en donde sufrió varias bajas en las últimas semanas.
Las guerrillas izquierdistas y las bandas conformadas por antiguos paramilitares de ultraderecha que se disputan el control territorial de extensas regiones de Colombia se financian de la producción y el tráfico de cocaína, además de la extracción ilegal de oro.
