Buenos Aires. La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, logró su objetivo de utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, lo que viola las normas constitucionales al enviar efectivos del ejército a la provincia de Salta, limítrofe con Bolivia, para controlar la frontera. Esa era tarea de la Gendarmería Nacional, cuya labor ahora es reprimir con brutalidad las protestas de la ciudadanía.

Muestra de ello fue lo que ocurrió este miércoles, cuando acompañadas de otras fuerzas de seguridad reprimieron de nuevo, a mansalva, a los jubilados durante las ya habituales manifestaciones que se realizan cada semana en protesta por la grave situación que atraviesan. En esta ocasión fueron solos a la Plaza del Congreso; anteriormente, habían sido acompañados por hinchas de fútbol y asociaciones de trabajadores en movilizaciones que se han saldado con cien heridos, incluidos dos niños y un fotógrafo.

Este tema sigue ocupando páginas en los periódicos debido a la cantidad de efectivos que han empleado las cinco fuerzas de Seguridad, al grado de triplicar la cantidad de ancianos, a quienes se les empujó con sus escudos y rociaron con gas pimienta directamente a la cara; algunos también fueron salvajemente golpeados.

El plan de Bullrich y el ministro de Defensa, Luis Petri, tiene como objetivo que los más de mil soldados de las Fuerzas Armadas que enviaron “entre las ciudades fronterizas de Salvador Mazza y Misión La Paz” supuestamente para combatir el narcotráfico, se queden ahí permanentemente, a pesar de que esa no es labor de las fuerzas castrenses. Vale destacar que esto se realiza después de que la Gendarmería disparó y mató a un joven que pertenecía a los pobladores “bagayeros” que llevan y traen mercancías para subsistir.

Como si se trata de una provocación, Petri nombró al operativo como el general Julio Argentino Roca, cuando se cumple un nuevo aniversario de la llamada “Campaña del Desierto” que éste comandó y en donde se asesinaron a miles de indígenas para luego repartir esas tierras entre los más ricos de entonces.

Lo más grave de la situación actual es que se incorporará a lo que fuera y es el Regimiento de Infantería de Monte 28 del Ejército en la ciudad de Tartagal donde los solados que participaron en la pasada dictadura militar se conocen como "Los rodillas negras”, porque eran obligados a recorrer kilómetros de rodillas por sus jefes militares. Cada año desfilan los Rodillas Negras, que en la última dictadura militar conformaron las fuerzas de tareas destinadas a convertirse en paramilitares, ahora reconocidos por la ministra Bullrich.

El operativo actual espera contar también con unos diez mil efectivos del ejército, que se irán rotando en los puestos de la frontera en Salta donde nadie olvida a los “Rodillas Negras” de la dictadura militar, quienes conformaron las fuerzas de tareas que se convirtieron en paramilitares, como una amenaza que ya aterroriza a muchos saltaeños y significa otro golpe para la cada vez más deteriorada política de Derechos Humanos.

Por su parte, el director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Manuel Tufró, sostuvo que las Fuerzas Armadas no están entrenadas en esta tareas, y advirtió que las Fuerzas de seguridad nacionales y provinciales son cinco o seis veces más numerosas, por lo que no se necesita este refuerzo. También subrayó que no se informa sobre qué tipo de facultades se le están otorgando en este operativo".

En este contexto, diversos organismos ya han denunciado que la represión que ha ordenado Bullrich ha costado más de mil millones de pesos en granadas y cartuchos, y más de 500 millones en máscaras de gas, escudos y tonfas.

Por otro lado, durante los actos de Semana Santa, los obispos católicos, alineados con la posición del Papa Francisco, denunciaron la situación de represión que viven los sectores más vulnerables y les extendieron su apoyo, mientras el gobierno cumple y sobrepasa incluso los mandatos del Fondo Monetario Internacional, cuyo último préstamo no terminará en ningún caso en manos de quienes cada día son despedidos sin derechos, por lo que el mapa del hambre se extiende cada vez más.

Durante la homilía en la iglesia de la parroquia Virgen Inmaculada de Villa Soldati, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pidió que los jubilados reciban un ingreso para “descansar con dignidad después de una vida de trabajo”.

En distintas provincias, los obispos se sumaron al llamado y en un gesto muy especial celebraron misas y lavaron los pies a lo más pobres, entre ellos a los cartoneros, quienes en un trabajo muy duro recorren las calles con viejos carritos revolviendo la basura y surgieron tras de la crisis del 2001, y a quienes el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a cargo de Jorge Macri, de la derechista Propuesta Republicana, les quitó el transporte gratuito, que consistía en unos viejos camiones para llevar sus bultos de cartón, papel y botellas vacías a reciclar en la cooperativa que formaron.

La triste imagen de la situación que viven aquí en Buenos Aires es contradictoria, cuando esta ciudad es la que más se beneficia en todo el país con el dinero de los impuestos. Además, la cantidad de cartoneros se acrecentó desde la llegada de Milei al gobierno.