La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhortó a la banca comercial a reducir las tasas de interés de los créditos para alinearse con los continuos recortes a la tasa de referencia efectuados por el Banco de México (BdeM), así como a quitar las trabas que impiden el acceso de las pequeñas y medianas empresas al crédito formal. Para la mandataria, los estrictos requisitos del sector bancario se entienden como una inercia de las lecciones aprendidas en el colapso financiero de 1994, pero ya no se corresponden con las condiciones macroeconómicas actuales. Tanto las tasas como la tramitología constituyen barreras para las empresas más chicas, en particular para las que se encuentran en formación.

Un estudio publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2019 corrobora las apreciaciones de la presidenta Sheinbaum: la banca mexicana es la que ofrece el cuarto peor acceso de las pymes al crédito entre los países miembros del organismo, tiene una de las tasas de intermediación (diferencial entre los intereses que cobran a sus acreedores y los que pagan a los ahorradores) más altas y desincentiva de manera grave a las pequeñas empresas al ser la segunda con mayor diferencia entre los intereses cobrados a compañías grandes y los que exige a las pymes.

Además, como informó ayer este diario, el producto más usado por el consumo privado –las tarjetas de crédito– cobra una tasa promedio 5.7 veces superior a la de referencia del Banco de México y 13 veces mayor a la inflación. La banca justifica el alto costo de las tarjetas de crédito en que tienen un riesgo de morosidad mucho mayor que los préstamos hipotecarios, de nómina o automotrices, pero eso no explica que los plásticos emitidos en México cuesten el doble que los mismos productos en Estados Unidos. Lo mismo vale para el crédito hipotecario, que es injustificadamente alto en comparación con otros países y se erige en uno de los principales obstáculos para el acceso al derecho a la vivienda. Tampoco la morosidad puede dar cuenta de las desproporcionadas tarifas que se cobran a los usuarios de servicios financieros, pues ésta se ubica en apenas 2 por ciento y en el último periodo completo para el que hay datos (2023-2024) incluso registró una reducción marginal.

El tratamiento abusivo a los clientes mexicanos se explica por una regulación permisiva, por una relativa ausencia de competencia (existen 51 bancos, en contraste con los más de 4 mil en Estados Unidos) y una concentración a todas luces excesiva de las operaciones y las ganancias en un puñado de entidades: del medio centenar de instituciones, ocho de ellas (15 por ciento) acapara alrededor de 85 por ciento de las ganancias, lo que les permite fijar precios y condiciones de manera arbitraria.

El tamaño y el crecimiento continuo de las ganancias en México, que se incrementó en 15 mil 668 millones de pesos en 2024 y en 35 mil 320 millones en 2023, indica que estas empresas deben tratar a sus clientes locales con mayores consideraciones. Ante todo, es imperativo que dejen de funcionar como extractores de rentas a través de intereses leoninos y se conviertan en catalizadores del desarrollo, cumpliendo su papel de facilitadores de capital para el consumo y la inversión. De otro modo, más que aliados de sus usuarios en la consecución de sus metas de ahorro e inversión, serán un lastre para las finanzas de las familias y de los sectores productivos.