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Amenazan de muerte a corresponsal de La Jornada en Ecuador

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Pese a haber presentado una denuncia ante la Fiscalía del Estado, el periodista no ha recibido respuesta o apoyo para salvaguardar su integridad. Foto tomada de X @OrlandoPerezEC
16 de abril de 2025 19:34

Una serie de denuncias han proliferado tras la victoria de Daniel Noboa, contra el ejercicio político de la oposición y el periodismo independiente. Una de ellas es la del periodista ecuatoriano y corresponsal de La Jornada, Orlando Pérez, quien no solo ha recibido amenazas de muerte durante la campaña electoral, por las notas publicadas en este medio, sino porque se lo ha integrado en una lista de personalidades políticas y mediáticas del Ecuador que tendrían “restricciones” para salir del país.

En un mensaje de la cuenta de red social X, Orlando Pérez ha expuesto una amenaza de muerte donde se le anticipa que será asesinado. Con lenguaje procaz y un símbolo de una pistola se le advierte que será ejecutado por un “trabajito”. Y este hecho se suma a las amenazas que habría recibido en su cuenta de Whatsapp y de redes sociales a lo largo de la campaña electoral, desde enero de este año.

Ya la denuncia sobre se puso, a decir de Orlando Pérez, en la Fiscalía del Estado, pero no ha recibido ni respuesta ni apoyo o protección para precautelar su integridad. Y, además, se ha denunciado a organismos regionales de defensa de la libertad de expresión y de protección de periodistas.

Esta amenaza se une a una difusión de varios actores políticos de Ecuador. En redes sociales el ex presidente Rafael Correa mostró una lista de alrededor de 100 personas que serían interrogados y hostigados en caso de pasar por los filtros del país en los aeropuertos y fronteras. Ahí constan, además de Pérez, personalidades como Luisa González, ex candidata a la presidencia; su binomio Diego Borja.

De hecho, Borja y su estratega de campaña Daniel Ivoskus denunciaron que fueron retenidos en los filtros de migración, retenidos sus documentos y fotografiados para elaborar un expediente sin ninguna autorización judicial y, menos aún, una investigación fiscal que lo justifique. Igual, denunciaron que veedores internacionales de las elecciones pasadas habrían sido retenidos e investigados sin ninguna justificación.

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