DE LA MANO con el enorme reto que se echó a cuestas la presidenta Sheinbaum para hacer valer como derecho la posesión de una vivienda para la población, está el problema, cada vez más agudo, de la ocupación ilegal de inmuebles o invasión de la propiedad, delito que ahora, según reportes policiacos, está parcialmente en manos del crimen organizado.
EL DELITO SE llama o está catalogado como “despojo” y no se tienen datos claros al respecto. Estudios de la UNAM aseguran que en 2010 existían hasta 5 millones de viviendas abandonadas en todo el país. Diez años después, la cifra aumentó un millón y algunos cálculos establecidos en 2022 hablan de que 20 por ciento de las viviendas en esta ciudad estaban invadidas. No hay datos actualizados, cuando menos no los conocemos.
ASUNTO ALARMANTE, POR decirlo rápido, este de invadir propiedades ajenas. Se trata de una crisis en la que se conjugan una serie de factores que se han ido acumulando en el tiempo y que aunque sea en una proporción aún baja, ya cayó en manos del crimen organizado.
POBREZA, FALTA DE vivienda accesible para gente de recursos bajos, créditos imposibles de liquidar, corrupción en los organismos de gobierno que pudieran hacer menos onerosa la adquisición de un departamento, por ejemplo, son factores que provocan también la invasión de predios deshabitados.
EN ESTA CIUDAD, según una de las organizaciones atentas a la problemática de la vivienda en la Ciudad de México, se registraron más de 3 mil hectáreas ocupadas por asentamientos ilegales que se dieron, entre otras cosas, por la falta de oportunidades para adquirir una propiedad. La situación ha ocasionado pérdidas de importantes áreas verdes.
AUNQUE EL ANTECEDENTE de los panistas, que hicieron del desarrollo inmobiliario un negocio ilegal, ha marcado a todos los constructores de vivienda en el país, la necesidad de edificar vivienda a lo largo y ancho de México es urgente, aunque en muchas entidades no se entienda así.
Y ES QUE el mayor escollo que han encontrado los desarrolladores está en las decisiones y la corrupción de los gobiernos de los estados. Es muy importante que se vigile la construcción para que no se convierta en otro cártel como el de los panistas en Benito Juárez, pero también es primordial que se agilicen los permisos que avalan la construcción.
HASTA AHORA, EN muchos estados de la República el problema son las trampas jurídicas que se imponen al desarrollo de vivienda. Desde terrenos en litigio, hasta la dilación en el otorgamiento de los permisos necesarios para echar a andar las obras, entre otros muchos problemas, son los que enfrentan los constructores. Y saben que esos escollos se salvan con ladrillos de corrupción, lo que ha hecho fracasar todos los planes para dotar de techo a quienes no lo tienen.
HACE FALTA UN pacto entre el gobierno, la iniciativa privada, con los gobiernos de los estados también, para que el proyecto de la Presidenta funcione y no se quede en ceros. Se requiere que los constructores del país dejen de posar para la foto y se comprometan –papelito habla– a firmar un acuerdo que les obligue a desarrollar obra siempre que las condiciones estén dadas para ello.
EL EMPUJÓN DEBE ser parejo, y como hizo entender hace unos días la secretaria de Gobernación: quienes no puedan, que se vayan a sus casas. Nada más.
De pasadita
VAYA ATRASO EL del gobernador del estado de Puebla. El señor Armenta, Alejandro de nombre, quien acusó a la inmobiliaria Grupo Proyecta de arrebatar –así lo dijo– a los campesinos sus tierras ubicadas en un lugar llamado Lomas de Angelópolis.
ES MUY PROBABLE que el funcionario tenga razón, pero da la casualidad de que ahora es gobernador y tiene muchos instrumentos legales para hacer justicia en ese caso, pero es tan atrasado que lo único que se le ocurrió fue amenazar a la firma con una expropiación que quién sabe cómo leyeron los dueños de la empresa, pero ni hablar, en muchos negocios se prendieron los focos rojos y la amenaza se leyó como un aviso contra todos. Aguas.
