Con un pequeño paquete de volantes hechos en papel biodegradable y reciclado, como lo marca la regla de la elección judicial, una abogada avanza de mesa en mesa en una fonda para pedir a los comensales conozcan su perfil.

Es candidata a jueza de distrito laboral y lo que ha encontrado es que la mayoría de los ciudadanos en el mejor de los casos sabe que habrá una elección, pero no tiene idea del proceso ni qué se va a elegir.

Ataviada con blusa amarilla, el color de la boleta de jueces de distrito, señaló que el voto popular es la única vía para alcanzar su sueño, porque los procesos de selección o concurso eran irregulares o de dudosa veracidad, aun cuando en su función (secretaria instructora de un juzgado) el escalafón y la experiencia aparentemente le debían abrir esa oportunidad.

“Había jueces cien por ciento penalistas que da la casualidad que se quedaban en los espacios de materia laboral”, dijo.

Sin embargo, la campaña está siendo difícil “no solo porque no podemos usar ni un micrófono o un templete, sino porque la gente no está informada. Aquí los señores me acaban de preguntar qué partido me postula”.

La ausencia de información a la que hace referencia la candidata se refiere a que precisamente para este proceso inédito no hubo financiamiento público, a diferencia de las elecciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, dominados por partidos políticos que sí cuentan con prerrogativas millonarias.

Los aspirantes a alguno de los 881 cargos en disputa en la jornada comicial del domingo 1 de junio solo pueden usar recursos públicos, con un límite establecido por el INE, desde 1.4 millones para candidaturas de tipo nacional, hasta 220 mil 326 pesos de la menor jerarquía, en este caso, la distrital.

Otra de las diferencias sustantivas con comicios ordinarios son las restricciones para el proselitismo porque básicamente solo pueden repartir propaganda impresa y usar sus redes sociales, sin pagar en ningún caso por la reproducción preferencial de mensajes.

Los candidatos debieron informar previamente al INE su situación patrimonial de los dos años recientes, el nivel de ingreso y última declaración fiscal, a fin de que la Unidad Técnica de Fiscalización detecte movimientos atípicos.

La entrevistada – Miriam Torres- gastó de su bolsillo poco más de 6 mil 800 pesos en la impresión de cinco mil volantes, cuya factura debió ser ingresada al sistema INE en tiempo real o como máximo en los tres días siguientes. La ausencia de entrega de informes de campaña podría ser causal de pérdida de la candidatura.

Tampoco les fue autorizado admitir donaciones o apoyarse de un equipo voluntario.

La competencia de Miriam, en su especialidad y distrito, son tres personas, y hasta el momento no se ha topado con ninguno, lo que la alienta a seguir con el contacto en territorio.

El gran reto entonces no es el rechazo de la gente, sino la desinformación, por lo que invitó a la ciudadanía a votar “estén de acuerdo o no” con la reforma judicial.

“Te puedo decir que el 80 por ciento de la gente sabe que va a haber una elección pero no sabe ni de qué se trata; no conocen que es un juez, qué hace; qué hace el magistrado, el ministro (y dicen) ¿‘por qué te voy a dar a ti un voto si no te conozco? La mayoría de la gente no está enterada”, advirtió.