Washington. El gobierno estadunidense canceló ayer los números de Seguro Social de 6 mil migrantes que llegaron legalmente al país para dejarlos al margen de muchos servicios financieros e impedirles ejercer sus derechos civiles y políticos, además de agregar sus identidades al archivo de defunciones y así contribuir a que se autodeporten y salgan de Estados Unidos, informó el Washington Post

La administración Trump ordenó que se comience con aquellos que cuenten con condenas penales o presuntos vínculos con el terrorismo, aunque el esfuerzo podría expandirse a una escala mucho mayor e incluir a aquellas con condenas menores o sin condena, añadió el Post.

Además, Washington apuntó a personas que llegaron temporalmente al país al amparo de programas de la administración de Joe Biden, incluidos más de 900 mil inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos mediante una cita por la aplicación CBP One, que se implementó en ese gobierno.

Si quieren saber qué está haciendo DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) en la Seguridad Social, aquí lo tienen, declaró sobre el tema un funcionario de la Casa Blanca al rotativo.

Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, grupo de defensa que impugnó varios esfuerzos del gobierno de Trump en los tribunales, sostuvo que su organización probablemente también presentará una demanda en torno al asunto de los números del Seguro Social, una vez que se disponga de más detalles.

Este presidente continúa participando en un comportamiento ilegal, violando la ley y abusando de nuestros sistemas de contrapesos, subrayó Skye Perryman.

La agencia, que mantiene la base de datos federal más completa de individuos muertos, contiene más de 142 millones de registros que se remontan a 1899.

En tanto, la administración de Trump rechazó ayer dar a una jueza federal la información que le pidió sobre Kilmar Ábrego, el migrante salvadoreño que fue deportado por error, porque estimó que le impuso un plazo impracticable.

Los abogados de Ábrego expresaron indignación por la arrogancia y crueldad del mandatario y lo acusaron de seguir retrasando e ignorando las órdenes judiciales, mientras la vida y la seguridad de un hombre están en peligro.

La jueza Paula Xinis exigió que la administración le comunicara por la mañana el paradero actual y el estatus en el que se encuentra detenido el salvadoreño y las acciones adoptadas o previstas para facilitar su regreso.

Además, tras una vista judicial de apenas media hora, Xinis concluyó que la administración del magnate incumplió con sus instrucciones e insistió en que le presenten un informe todos los días hasta nuevo aviso a partir de hoy, también programó una nueva audiencia para el 15 de abril.

A su vez, el estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia Mahmoud Khalil puede ser expulsado de Estados Unidos por considerarse un riesgo para la seguridad nacional, determinó un juez de migración en Luisiana.

Hoy vimos cómo se materializaban nuestros peores temores: Mahmoud fue sometido a una farsa del debido proceso, a una flagrante violación de su derecho a una audiencia justa y al uso de la ley de inmigración como arma para reprimir la disidencia. Esto no ha terminado, y nuestra lucha continúa, señaló uno de sus defensores.