Nacional Financiera (Nafin) transfirió a la Tesorería de la Federación los recursos que había en los fideicomisos que operaba el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Este órgano del Poder Judicial aseguró que la transacción se ejecutó sin su consentimiento, por lo que puso en marcha una estrategia legal y medidas de conciliación.

El CJF dio conocer que Nafin le informó de la transferencia de 10 mil 260 millones 507 mil 418 pesos, que el consejo había encomendado para su administración a esa Sociedad Nacional de Crédito.

El órgano judicial señaló que, en su calidad de fideicomitente, no fue consultado para la operación y que nunca giró instrucción alguna a Nafin para esa transferencia.

Añadió que, conforme a los transitorios décimo del decreto de la reforma judicial y vigésimo de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las y los juzgadores que declinen su candidatura o que no resulten electos serán acreedores a un pago extraordinario, el cual debe ser cubierto con los recursos que deriven del proceso de extinción de los fideicomisos mencionados.

Esa indemnización consiste en un pago único de tres meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado.

La Secretaría de Hacienda y Nafin no contestaron peticiones de La Jornada de comentarios al caso.

Por su parte, la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), Juana Fuentes Velázquez, exigió al CJF el pago inmediato de la indemnización extraordinaria prevista en la reforma judicial a los juzgadores que se retiraron por jubilación o de manera voluntaria, quienes declinaron participar en la elección judicial del próximo 1 de junio.

En una carta que dirigió al CJF, expresó que en términos de los cronogramas establecidos por la propia reforma, la indemnización debió haberse cubierto a los juzgadores que ya se separaron del ejercicio de la función, a más tardar en diciembre de 2024.

En una nueva violación de derechos, señaló Fuentes Velázquez, el Estado ha incumplido con ese pago, lo que implica una reiteración a la transgresión de las garantías fundamentales de las personas titulares.

Por ello, declaró, el CJF debe cumplir con el pago extraordinario, para aquellas personas juzgadoras que ya hayan declinado a participar en cualquier proceso electoral, que ya se hubieran separado del cargo por ese motivo o que lo hagan a partir de agosto de 2025 o 2027, lo que debe acontecer, de manera inmediata para quienes ya han dejado el cargo y a más tardar el último día de funciones para quienes serán sustituidos por la elección judicial.

Ese pago debe cubrirse, detalló la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, sin que dependa de la disponibilidad de recursos, dado que se trata de una obligación constitucional que debió considerarse parte de la ejecución de la reforma.

Por ello, las directivas nacional y regionales de la Jufed solicitaron al pleno del CJF que liquide el adeudo de manera inmediata y que, en caso de que hubiera algún impedimento, se de la razón que funde y motive dicha imposibilidad para realizar el pago correspondiente, a efecto de que este grupo pueda determinar lo procedente para la defensa de los derechos de las personas juzgadoras asociadas.