Una nueva línea de ataque apareció en una crítica al documento “Palestina en las universidades: ética académica, libertad de expresión y responsabilidad ante el genocidio”, del colectivo Academicxs Con Palestina: “La cantidad de desaparecidos (en México) triplica la estadística de muerte en Gaza”. En español: con qué cara se atreven a criticar la barbarie israelí si aquí tienen la suya propia.
Se trata de un intento por matar tres pájaros de un tiro: descalificar al gobierno mexicano y a los sectores progresistas y de izquierda que han expresado su consternación y su indignación hacia la barbarie el régimen israelí, y de paso, minimizar el exterminio en curso en Gaza. Antes de que prospere una manipulación tan canalla de los hechos, es pertinente situar las cosas en su sitio: el drama de las desapariciones de personas en México es real, innegable, doloroso y exasperante; a lo largo de décadas, el fenómeno ha pasado por diversas etapas, desde las desapariciones forzadas perpetradas con propósitos represivos por los regímenes priístas y panistas en contra de luchadores sociales, activistas, opositores políticos y guerrilleros, hasta las que comete en nuestros tiempos la delincuencia organizada. En el pasado sexenio y en el actual, con un nuevo paradigma para hacer frente a la descomposición social, el gobierno federal ha empeñado una voluntad política innegable, tanto para esclarecer las desapariciones como para debilitar a los grupos delictivos que las realizan.
La presidencia de Andrés Manuel López Obrador se empeñó en localizar a personas presuntamente desaparecidas caso por caso y eso permitió depurar en alguna medida el listado con el que se contaba. La presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado un enfoque científico: la construcción de un padrón dinámico que permita tener en tiempo real, o casi real, el panorama de las desapariciones. Y para ello se ha emprendido un conjunto de acciones que empiezan por escuchar a las organizaciones de familiares de las personas ausentes para tomar en cuenta su experiencia y sus puntos de vista a la hora de realizar las reformas legales que doten al Estado de mejores herramientas para combatir este horror. ¿Han sido suficientes los esfuerzos? No, hasta ahora. ¿Son satisfactorios los resultados? No, ni lo serán plenamente en tanto persista un solo caso de desaparición.
A nadie escapa que la infiltración del crimen organizado en instancias de los tres niveles de gobierno hizo posible que corporaciones de seguridad participaran o colaboraran en, y/o encubrieran, desapariciones, como ocurrió en Iguala el 26 de septiembre de 2014. Desde luego, tal infiltración no puede erradicarse en todo el país ni en todas sus regiones de la noche a la mañana, pero es claro que actualmente la complicidad de policías o militares es la excepción y no la norma y que el combate a la impunidad ha dejado de ser una frase vacía. En ese sentido, el delito de desaparición forzada no es, ni mucho menos, parte del panorama regular de México, por cuanto se refiere a “la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, autorización o tolerancia”.
Sin afán de minimizar el problema, las desapariciones en México no constituyen de manera alguna un intento por aniquilar a la población, como sí lo es la campaña militar de Israel en Gaza. Volvamos al principio: “La cantidad de desaparecidos triplica la estadística de muerte en Gaza”. La frase podría ser cierta si hubiera aquí 180 mil desapariciones, que es lo que da la cifra de 60 mil muertos gazatíes multiplicada por tres, aunque a esos asesinatos hay que sumar al menos 11 mil desaparecidos por efecto de los ataques de Tel Aviv. Y en este punto surge un problema: matar a 60 mil de 2 millones –que es lo que hasta ahora ha hecho Israel en Gaza– equivale a dar muerte a 30 de cada mil habitantes, que es 3 por ciento; y eso, en México, representaría 3 millones 900 mil cadáveres.
Agreguen que en una situación como la que sufren los gazatíes México habría perdido 60 por ciento de sus edificaciones habitacionales y 50 por ciento de sus hospitales, que 118 millones de personas andarían vagando a salto de mata por el territorio nacional, desplazadas de sus hogares y que de ellos, 104 millones necesitarían ayuda alimentaria, entre otras cosas. En suma, confundir un problema (grave y exasperante, sí) de seguridad pública con un genocidio y una limpieza étnica sólo puede explicarse desde una absoluta ceguera o desde una profunda mala fe.
Cada vida humana vale lo mismo y no es correcto medir dos circunstancias tan diferentes sólo con parámetros cuantitativos; pero hay un punto en que lo cuantitativo se convierte en cualitativo, y es allí cuando todo intento de comparación se vuelve una obscenidad y un insulto, tanto para México como para la población de Gaza.
