El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) denunció que Nacional Financiera transfirió a la Tesorería de la Federación 10 mil 260 millones de pesos que se encontraban en los fideicomisos operados por dicho órgano del Poder Judicial (PJ). De acuerdo con el consejo, la transferencia se realizó sin que se le consultara en su calidad de fideicomitente y sin que hubiera girado instrucción alguna a la sociedad nacional de crédito, por lo que emprendió "medidas de conciliación" y una estrategia legal al respecto.
Sin importar lo que ocurra con las acciones emprendidas por el CJF, está claro que dichos fideicomisos nunca debieron existir, pues su apertura y el dinero depositado en ellos son ilegales desde su origen. En su mayoría, dichos instrumentos se crearon con el saldo de subejercicios del presupuesto anual, monto obtenido mediante la muy cuestionable práctica de solicitar recursos sabidamente superiores a lo necesario con la finalidad de apropiarse los remanentes. En 2007, la Auditoría Superior de la Federación advirtió que esta práctica estaba prohibida, pero el Poder Judicial, lejos de devolver los recursos, se dedicó a explotar los intereses generados por el dinero sustraído a todos los mexicanos. El uso de dos fideicomisos para el pago de "pensiones complementarias" de funcionarios, directivos y trabajadores de base es un recordatorio de la manera fraudulenta con que ministros, jueces y magistrados del bloque conservador se otorgaron todo tipo de privilegios a expensas del erario, al tiempo que argumentaban la escasez presupuestal para negar servicios básicos a las mayorías.
Asimismo, debe recordarse que desde el sexenio anterior el Ejecutivo federal hizo múltiples exhortos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que, en su calidad de titular del Poder Judicial, pusiera fin a esta irregularidad y permitiera que los fondos multimillonarios se usaran a favor de los sectores más necesitados; por ejemplo, las víctimas del huracán Otis en Acapulco y otras localidades de la Costa guerrerense. La respuesta de la presidenta saliente de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, fue una combinación de arrogancia y franca burla a las solicitudes de conducirse con apego a la legalidad y al decoro republicano, lo cual volvió imprescindible una reforma constitucional que terminara con el secuestro del dinero público y con muchos otros abusos del Poder Judicial que se exacerbaron desde que lo encabeza Piña.
El rescate de los recursos desviados a fideicomisos de la Judicatura se inscribe en un esfuerzo más amplio de combate a la corrupción y a toda forma de desfalco contra el erario, cuya manifestación más reciente ha sido la cancelación del proceso de compra consolidada de medicamentos por parte del Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex). Como denunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un grupo de altos funcionarios, por comisión u omisión, favoreció a algunas empresas con sobreprecios para sus productos, por lo que se detuvo el procedimiento de adquisiciones y se separó de sus cargos a los posibles responsables.
Para la ciudadanía es una buena noticia que se actúe de manera contundente a fin de frenar el latrocinio, ya ocurra en una empresa pública, ya lo cometan los presuntos encargados de impartir justicia y velar por la vigencia de la legalidad. En lo que toca al Poder Judicial, cabe esperar que su primera generación surgida de un proceso democrático muestre respeto por la ley, probidad y una sensibilidad social de las que carece notoriamente la cohorte cultivada durante el periodo neoliberal.
