Dentro de la complejidad que se vive en los ámbitos nacional e internacional, es importante colocar la mirada en uno de los temas que recién han hecho crisis. Me refiero al grave problema de la desaparición forzada en nuestro país que lleva décadas en expansión, sin que el Estado haya desplegado una estrategia capaz de contenerlo, mientras se fueron formando colectivos de madres buscadoras, heroicas, que por medios propios han desarrollado una actividad incansable por localizar a sus seres queridos sin ningún tipo de diálogo con los sucesivos gobiernos, incluidos los de la llamada Cuarta Transformación.
La denuncia con evidencias brutales de un colectivo, sobre el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, desató una real guerra mediática que traspasó nuestras fronteras, sobre la naturaleza de ese espacio como campo de exterminio o de “entrenamiento” de uno de los cárteles que operan en el país. Sobre ello, por cierto, la Guardia Nacional intervino en septiembre de 2024 y detuvo personas sin que se conociera un seguimiento de parte de la fiscalía estatal de Jalisco o en su caso la intervención de la Fiscalía General de la República.
La respuesta, por cierto desafortunada y a destiempo, fue presentar al Congreso de la Unión varias iniciativas legislativas cuyo contenido no guarda relación con un diagnóstico certero, ausente en su exposición de motivos y colocarlas con premura para su aprobación y aplicación inmediata. Según se dijo, el objetivo es dar celeridad al proceso de búsqueda, localización e identificación de desaparecidos. Se trata de un proyecto de decreto para reformar disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.
En el documento se destaca que esta propuesta forma parte del eje prioritario de gobierno para la construcción de la paz y la lucha contra la impunidad.
Los propios colectivos de buscadoras y organizaciones que las han acompañado por décadas, el Centro Prodh entre otros, no encontraron elementos para asumir que eran una vía certera para atender la grave situación. Amnistía Internacional (AI) consideró “inaceptable” realizar una reforma en materia de desaparición de personas “sin la voz de las familias buscadoras”.
Era evidente que sus votos legislativos no podían inventar una legitimidad ausente en los proyectos que se disponían a aprobar. La “comentocracia”, como le dicen despectivamente, no estaba a favor del Ejecutivo federal . De pronto la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, “recordó” que no había consultado a los colectivos de buscadoras, tampoco las ha recibido en sus oficinas y comunicó al Senado que “pausara” la inminente aprobación para que la Secretaría de Gobernación escuchara las propuestas de los colectivos y se incorporaran a las iniciativas que no retiró formalmente, como sí lo hizo hace días con la relativa a la Ley del Issste, que tenía movilizada en contra a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Nada más para que quede claro el estilo personal de gobernar tratándose de la división de poderes.
Horas después del anuncio de la pausa legislativa, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció en torno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado. Indicó que remitiría al Estado mexicano una solicitud relacionada con la situación de desapariciones en el país, con fundamento en el artículo 34 de la convención en la materia, lo que abre la puerta a que si se comprueba el posible contexto generalizado o sistemático de esta práctica, el tema sea llevado a la Asamblea General de la ONU. En adición decretó medidas cautelares respecto al Rancho Izaguirre para asegurar la correcta protección de los restos humanos y objetos personales encontrados, así como garantizar el acceso a la información y la protección de los familiares de las personas desaparecidas.
En respuesta, el gobierno de México afirmó en un comunicado que mantiene una cooperación sostenida con el Comité contra la Desaparición Forzada en su calidad de Estado parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas y rechazó que sea el Estado el que practica la desaparición forzada. Vale la pena distinguir entre la responsabilidad por acción y la que tiene como origen la omisión, asunto que sí ha practicado el Estado mexicano.
Queda la duda de si en el contexto de la tregua se buscó detener el posicionamiento de la ONU, enterados, como seguramente lo estaban, de que ya se estaba discutiendo, en el Comité Contra la Desaparición Forzada. En todo caso siempre hay que apostar por la justicia y la verdad.
