Sao Paulo. Un ministro del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva renunció este martes a su cargo luego de que la fiscalía lo inculpó por corrupción cuando era diputado.
La denuncia presentada la semana pasada ante la Supremo Tribunal Federal (STF) contra el ministro de Comunicaciones, Juscelino Filho, es la primera de este tipo sobre un miembro del gabinete desde que Lula asumió el poder en enero de 2023.
"La decisión de salir ahora es un gesto de respeto al gobierno y al pueblo brasileño", expresó Filho en una carta abierta, donde informó su pedido de renuncia al presidente.
"Las acusaciones en mi contra son infundadas", agregó.
La fiscalía inculpó a Filho por el presunto cobro de sobornos a cambio de fondos para obras públicas, cuando era diputado por su partido de centro-derecha Unión Brasil en 2022.
Según medios brasileños, Filho habría girado recursos a una ciudad del estado nordestino de Maranhao, entonces gobernada por su hermana, y habría recibido sobornos por las obras ejecutadas con esos fondos.
La defensa del ministro dijo este martes que Filho "reafirma su total inocencia" y "rechazará la acusación por su manifiesta falta de pruebas".
Las acusaciones de corrupción son un tema sensible para el gobierno brasileño, rechazado por una parte de la sociedad que califica a Lula como un "ladrón".
Esta semana se cumplieron siete años desde que el líder del Partido de los Trabajadores fue encarcelado en 2018 tras una condena por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Luego de 580 días preso, Lula salió en libertad. Más tarde el STF anuló los procesos judiciales en su contra, bajo el argumento de que el juez a cargo, Sergio Moro, había sido parcial.
Tras haber condenado a Lula y haberlo dejado fuera de las elecciones de 2018, Moro asumió como ministro de Justicia del ex presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022).
La anulación de los procesos le permitió a Lula presentarse a los comicios de 2022 y volver al poder.
Pero la imagen de corrupto sigue pesando sobre él para un sector significativo del electorado brasileño.
El caso Filho también pone a prueba la coalición que sustenta al gobierno de Lula, integrada por ministros de varios partidos que responden a distintas lealtades políticas.
