Zacatecas, Zac. Cristian Paul Camacho Osnaya, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, pidió a los diputados de todas las fracciones partidistas “recordar y reflexionar sobre aquella época oscura de violencia que azotó a nuestra entidad”, durante su comparecencia este martes ante el pleno de la legislatura local.

En aquel momento -planteó quien relevó en ese cargo a Francisco Murillo Ruiseco-, “nos propusimos establecer estrategias claras, sin titubeos, y de manera coordinada para combatir de manera eficiente a los fenómenos delictivos”.

Camacho Osnaya aseguró que, con el mismo presupuesto anual que esa dependencia ejerce desde 2024 (838 millones de pesos), se logró una reducción de 52 por ciento en homicidios dolosos, 26 por ciento en los delitos de extorsión y 10 por ciento se redujeron los secuestros.

Durante su exposición en la tribuna del Congreso estatal, el funcionario omitió informar sobre el número de casos de desaparición de personas –el registro histórico para Zacatecas es de más de 4 mil personas, hasta diciembre de 2024-, y que, de acuerdo con la propia fiscalía, desde el año pasado, tenía un comportamiento al alza, superior al 20 por ciento anual, con respecto al 2023.

El fiscal del estado fue duramente cuestionado por diputados de los partidos del Trabajo y del Revolucionario Institucional, quienes le pidieron reconocer “la realidad que se vive en Zacatecas es de violencia y miedo constante, ante la disputa entre grupos delincuenciales”.

Le recordaron también que, apenas el mes pasado la Marina Armada de México realizó un operativo en un paraje serrano del municipio de Valparaíso, en el que el gobierno estatal hizo pública su extrañeza, a través del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, acerca de que las fuerzas federales actuaron “sin darnos aviso”, operativo en el cual se desmanteló un narcolaboratorio, con equipo y precursores suficientes para producir 700 millones de dosis de metanfetaminas.

El legislador del PT, Alfredo Femat Bañuelos, reprochó al funcionario el rezago que la fiscalía tiene en el área de investigación de delitos, pues de acuerdo con la estadística oficial, cerró 2023 con 215 mil 543 carpetas de investigación, de las cuales más de 57 mil se encuentran en “abstención de investigación” y otras 86 mil en “archivo temporal”, y pidió al funcionario presentar una estrategia para mejorar la eficiencia y reducir el rezago.

Además, Femat Bañuelos pidió al fiscal capacitar al personal que investiga desapariciones, e incrementar los recursos materiales y tecnológicos que se utilizan en la investigación del delito de personas desaparecidas, así como abatir este grave problema delictivo.

También actuar, “frente a las denuncias de amenazas y agresiones contra familiares de personas desaparecidas en el país, especialmente quienes integran colectivos de búsqueda”, el legislador exigió al fiscal implementar medidas de protección para este grupo de personas, familiares de víctimas de ese delito.

Otro cuestionamiento que recibió el fiscal del estado en la legislatura, fue el por qué la institución que encabeza, sigue sin dar resultados de la investigación abierta por los hechos de represión policial física y psicológica, que un grupo de policías estatales y de vialidad, perpetraron contra quince mujeres de diferentes edades, el 8 de marzo de 2024, durante la marcha del 8M, agresión que incluso ha documentado la CNDH y catalogó, como “detenciones arbitrarias y con uso excesivo de la fuerza”.

Las carpetas de investigación contra los policías agresores –mujeres y hombres- se le preguntó a Camacho Osnaya, “¿ya fueron judicializadas, cuando habrá sanciones contra los responsables y cómo va el seguimiento de estos casos?”.