Washington. El gobierno del presidente Donald Trump solicitó este lunes a la Suprema Corte que bloquee una orden judicial que le exige devolver a un inmigrante radicado en Maryland que fue enviado “por error” a una prisión notoria en El Salvador.

El Departamento de Justicia argumentó en una apelación de emergencia ante los magistrados que la jueza federal de distrito, Paula Xinis, excedió su autoridad cuando ordenó que Kilmar Ábrego García, sea devuelto a Estados Unidos.

El gobierno estadunidense ha admitido que Ábrego García no debería haber sido enviado a El Salvador porque un juez de inmigración determinó que probablemente enfrentará persecución por parte de pandillas locales.

Sin embargo, el gobierno argumentó ya no está bajo custodia de Estados Unidos y por ello no tiene forma de llevarlo de vuelta.

Xinis dio al gobierno hasta justo antes de la medianoche del martes para “facilitar y efectuar” el regreso de Ábrego García.

“La orden judicial de la corte de distrito —que requiere la liberación de Ábrego García de la custodia de un soberano extranjero y su regreso a Estados Unidos antes de la medianoche de este lunes— es manifiestamente ilegal”, escribió el procurador general D. John Sauer en documentos judiciales, calificando la orden como una en “un diluvio de órdenes judiciales ilegales” que los jueces han emitido para frenar la agenda de Trump.

La administración Trump está solicitando por separado a la Suprema Corte que permita al presidente reanudar las deportaciones de inmigrantes venezolanos acusados de ser miembros de pandillas a la misma prisión salvadoreña bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.

La corte federal de apelaciones en Richmond, Virginia, negó la solicitud del gobierno para una suspensión.

“No hay duda de que el gobierno cometió un error aquí”, escribió el juez, J. Harvie Wilkinson, en una breve opinión que acompaña la denegación unánime.

La Casa Blanca ha descrito la deportación de Ábrego García como un “error administrativo” pero también lo ha presentado, sin pruebas, como un miembro de la pandilla MS-13. Los abogados de Ábrego García dijeron que no hay evidencia de que él fuera miembro de MS-13.

Xinis escribió que la decisión de arrestarlo y enviarlo a El Salvador parece ser “totalmente ilegal”, explicando que hay poca o ninguna evidencia que respalde una acusación “vaga y no corroborada” de que Ábrego García fue alguna vez miembro de MS-13.

Ábrego García, un ciudadano salvadoreño de 29 años que nunca ha sido acusado ni condenado por ningún delito, fue detenido por agentes de inmigración y deportado el mes pasado.

Tenía un permiso del Departamento de Seguridad Nacional para trabajar legalmente en Estados Unidos y era aprendiz de hojalatero buscando obtener una licencia de oficial, dijo su abogado. Su esposa es ciudadana estadunidense.

En 2019, un juez de inmigración prohibió a Estados Unidos deportar a Ábrego García a El Salvador.

Un abogado del Departamento de Justicia admitió en una audiencia judicial que Ábrego García no debería haber sido deportado. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, luego removió del caso al abogado, Erez Reuveni, y lo puso bajo licencia.