Por primera vez en un año, Maha Schekaibán Tohme ha podido dormir y por fin ve una luz de esperanza y justicia para recuperar a sus cinco hijos secuestrados legalmente por Ulises Lara López, ex fiscal de la Ciudad de México, bajo las órdenes de su ex esposo, el empresario millonario Bernardo Francisco Vogel Fernández de Castro.

Y es que la nueva fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, destituyó hace unos días a Rosalba Angélica Barrera Rosales, fiscal de Investigación del Delito de Violencia Familiar, acusada por Maha y una docena de madres, de arrebatarles a sus hijos para entregarlos a sus poderosos agresores, denunciados por violencia vicaria.

La fiscalía que secuestró legalmente a mis hijos y me impide penalmente verlos, es ahora una luz de esperanza con la fiscal Bertha Alcalde, porque al fin han quitado a la persona que orquestó todo esto y me fabricó carpetas por orden de Ulises Lara. Aún no lo alcanzo a asimilar. Es el principio del fin, tengo mucha confianza en la fiscal Alcalde, comentó Maha.

Entusiasmada por la noticia y en entrevista con La Jornada, Schekaibán hizo recuento del calvario judicial que ha vivido desde que le anunció a Bernardo Vogel que deseaba divorciarse, después de soportar 18 años de violencia. En venganza dice que él decidió manipular, alienar e instruir a sus cinco hijos para que la violentaran y la rechazaran.

Fue así como el empresario, fue construyendo presuntamente procesos penales y civiles contra la madre de sus hijos en connivencia con el ex fiscal Ulises Lara López y la ahora destituida Rosalba Angélica Barrera Rosales, quien jamás escuchó los ruegos de las víctimas.

El día de su destitución, casualmente Maha se encontraba en la fiscalía: Vimos como Rosalba no quiso firmar su renuncia y la escoltaron hasta afuera del edificio. No es que le desee nada malo a nadie, pero ella se robó a mis cinco hijos, me judicializó siendo inocente. Hoy ha sido un día especial, voy a dormir como no he dormido en todo este tiempo, mencionó.

En un comunicado, la fiscal Alcalde anunció a la nueva titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar, Ruth Centeno López, con el fin de fortalecer el combate a la impunidad y así contribuir en una área estratégica adscrita a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género.

En sus primeras declaraciones, la nueva fiscal se pronunció a favor de la identificación temprana de riesgos para evitar situaciones violentas en los contextos familiares: Creo que lo principal es lograr que se visibilice la importancia de que la justicia gire en torno a las personas y esto implica entender los contextos y las posibles brechas de discriminación que enfrentan, comentó.

Persecución institucional

Maha se ha enfrentado a la persecución judicial y a la violencia institucional en torno a sus denuncias contra su ex esposo Bernardo Vogel por violencia vicaria, quien de manera impune por octava vez, no se presentó el pasado 3 de abril.

En cambio, explica que a ella le armaron una carpeta de falsa violencia contra sus cinco hijos con el objetivo de quitárselos en un operativo claramente orquestado, gracias al dinero de su ex esposo. Maha cuenta que ya había demostrado la violencia que vivían ella y sus hijos y tenía la guarda y custodia sin régimen de visitas para el padre, pero el 13 de diciembre del año pasado, mientras ella estaba con el juez pidiéndole que actuara, ejecutaron un operativo ilegal.

Mi intuición de madre me decía que algo iba a pasar. Mi ex suegro, Guillermo Vogel, llegó a la casa y por el interfón les preguntó: ¿Verdad que su mamá les pega? Sí, abuelo, le contestaron. Y con eso, al día siguiente con una velocidad inusual, me los quitaron.

Añade: “Ellos hicieron que mis dos hijas grandes bajaran al lobby del edificio y les pidieron que trajeran a sus otros hermanitos, les dijeron que se fueran con la gente de la fiscalía. Luego los llevaron al albergue 59, sin revisar si había realmente un riesgo, ni en qué condiciones vivían, no aplicaron ninguno de los protocolos de ley que se tienen que seguir”.

El operativo, afirma, fue ilegal y orquestado por la ahora fiscal destituida y los abogados de su ex esposo, Sergio Francisco Arzate Montaño, Ramón Salazar Castillo, Jaime R. Guerra González, Arturo Ramírez Carlock, María Fernanda Cassola Cadena, Carlos Islas Ortiz, Pablo Oaxaca Paulsen, Carla Pratt Corzo, Epigmenio Mendieta Valdés y Humberto Pablo Cruz Martínez.

“Ulises Lara López es un corrupto que prostituyó la fiscalía, no tiene ni idea de derecho, su título lo sacó en cinco minutos en el Centro Universitario Cúspide, y por eso le dicen Lord Cúspide, sus operadoras eran Rosalba Barrera, la fiscal de asuntos especiales, Jasmín Vera Aguilar y el fiscal Miguel Barrera, destituido recientemente”, apunta.

No son los únicos que han ignorado sus pruebas y la han perseguido y maltratado en la fiscalía, entre ellos Rigoberto Ávila Ordoñez, el fiscal Miguel Ángel Barrera Sánchez, los ministerios públicos Eduardo Ernesto López Carrera, María Virginia de la Cruz González, Angélica María Cid, Minerva Marcela Bárcena, Alan Ariel Ramírez Trejo, los abogados Rocío Contreras, Jessica Paola Velázquez Beltrán, José Blancas Nerias; los sicólogos Alan Fernando López Gómez e Irene Sayli Gutiérrez Sandoval y las trabajadoras sociales Laura Olivia Luna Martínez y Mirna Rovelo Ramírez.

Sus cinco hijos estuvieron 48 horas en el albergue: Los abogados de mi ex esposo y Sergio Alzate, que es el operador de Carlos Islas y Pablo Oaxaca, siempre están en la fiscalía, pero yo tenía la guarda y custodia así que los abogados le cobraron a mi ex esposo 100 mil pesos por cada uno de los cinco niños ingresados en el albergue.

Y añade: “Meterlos al albergue fue un secuestro legal. Maltrataron a mis hijos, los extorsionaron y los dejaron sin comer, sin dormir, para que el papá pagara más. Tengo los videos donde la abuela paterna, María Vogel, está metiendo a mis hijos al albergue. ¿A qué mujer que no sea desalmada se le ocurre meter a sus nietos a un albergue donde está el riesgo de que los violen y los maltraten?

El mundo al revés

Después del operativo, a Maha le revierten la guarda y custodia, sin régimen de visitas y con medidas de restricción: “Eso fue hace un año dos meses y el padre se niega a llevar a mis hijos a terapia al Cecofam (Centro de Convivencia Familiar) como le fue ordenado para que yo no me pueda acercar a ellos; también me impuso medidas penales. Todo ha sido de una crueldad tremenda.

–¿Qué significa que a una madre le quiten a sus hijos?

–No hay palabras para describir ese dolor. No hay un término para definir lo que se siente tener a mis hijos a 700 metros de casa y que no pueda comunicarme con ellos porque me impusieron medidas de restricción”.

Maha y su ex esposo, que ahora tiene a los niños, viven en la misma urbe: “Pero no me puedo acercar, ni los puedo abrazar. Me di cuenta de que están manipulados porque cuando los iba a buscar a la Casa Club me empezaban a gritar: tú no eres nuestra mamá, no te queremos ver. Les dijeron que yo los metí al albergue 59 porque no los quería. Realmente este dolor y este rechazo de ellos es inexplicable y muy doloroso. Es como si me hubieran arrebatado mi vida” explicó.

Maha recuerda que todo empezó el 22 de enero del año pasado cuando denunció a su ex esposo, porque la golpeó: Además puso a mis hijos a golpearme. Me zafaron una uña del pie. Y al día siguiente, en venganza, llevó a mis tres hijas grandes a la fiscalía a iniciar una carpeta fabricada contra mí por el delito de violencia contra ellos, algo totalmente falso.

Desde ese momento le armaron dos carpetas: Así empezó este calvario. Integraron las carpetas en mi contra con una velocidad nunca antes vista. Ahora tengo confianza de que podamos tumbar las medidas cautelares que son las que no permiten ver ni acercarme a mis hijos, porque si lo hiciera me meterían a la cárcel.

A continuación, las periciales practicadas a sus cinco hijos no fueron videograbadas: No cumplen con ningún requisito legal. Pusieron a tres de mis hijas al mismo tiempo con el padre enfrente y a los dos chiquitos les hicieron la declaración en un USB.

Dice que han metido quejas contra el juez Juan Miguel Morales Monter (actualmente candidato a magistrado), a quien acusan de protección a los agresores y de arrebatar a los hijos de varias madres, la última, cuyo hijo de 15 años se suicidó hace unos días.

El juez José Alfredo Sotelo intentó aplicarle prisión preventiva. Mientras tanto, trasladaron sus audiencias al penal de Santa Martha Acatitla: Cada vez me acerco más a estar presa. Me las pusieron ahí para que vea la cárcel y sea un fuerte amedrentamiento. Tengo que firmar cada mes como si fuera criminal. Lo más cruel es que hasta las prisioneras pueden ver y estar con sus hijos y yo no.

Aunque aún queda camino judicial por recorrer, Maha tiene esperanza gracias a los cambios de la fiscal Alcalde: Siento una reivindicación. Yo sé que no me van a devolver a mis hijos inmediatamente porque hay mucho que desenredar ahí, pero veo un rayo de luz en donde mis pruebas van a ser atendidas.

Sin poder contener el llanto se imagina el reencuentro con sus queridos hijos: Pienso que tal vez no quieran verme, que no quieran estar conmigo. Tengo miedo que esté tan dañada su alma y su corazón que no los pueda recuperar. No puedo aceptarlo, mi corazón no puede, es demasiado doloroso.