Luego de realizar una marcha desde la Secretaría de Gobernación (Segob) hacia la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir que esta última dependencia atraiga el caso de la masacre ocurrida el 5 de abril de 2017 en Arantepacua, Michoacán, una comisión de comuneros de la localidad y sus representantes legales se reunió con funcionarios de la FGR, de la Segob y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con los que acordaron que se analizarán las posibilidades técnicas y jurídicas para ello.
Enrique Guerrero, abogado de las víctimas y de la comunidad e integrante del Centro de Defensa y Justicia Social Xuma señaló a La Jornada, tras salir de la reunión que la FGR, que manifestaron su “voluntad y deseo de atraer el caso, pero también dijeron que es necesario analizar técnicamente y a detalle la viabilidad, o sea, si técnica y jurídicamente es viable.”
Añadió que “tras una ruta de dos meses de trabajo en conjunto, al final la Fiscalía acudirá directamente a la comunidad para anunciar su determinación, si lo atraen o no. Si no lo atraen, lo manifestarán por escrito, a efecto de que nosotros como asesoría jurídica podamos impugnar esa decisión ante un tribunal.”
Al cumplirse ocho años del ataque a la comunidad “perpetrado por el ex gobernador Silvano Aureoles” y que dejó un saldo de cuatro ejecuciones extrajudiciales, incluyendo la de un menor de edad, 10 casos de tortura, 38 de tratos crueles y degradantes y 48 detenciones arbitrarias, hoy llegaron desde Michoacán los comuneros para exigir la atracción del caso.
José Luis Martínez Alonso, comunero e integrante del Consejo Comunal Indígena del pueblo de Arantepacua, señaló que el fiscal estatal, Adrián López Solís, “uno de los responsables de la masacre, pues fungía como secretario de Gobierno en el periodo en que ocurrieron los hechos”, no permite el avance de la investigación, por lo que prevalece la impunidad.
Los comuneros, estudiantes de normales del estado e integrantes de agrupaciones civiles realizaron una protesta y marcha en la Ciudad de México. Los manifestantes hicieron un mitin a las afueras de la Segob, y posteriormente marcharon hacia la FGR, en donde efectuaron otra protesta, y posteriormente una comisión fue recibida por funcionarios.
Al frente de columna comuneros cargaban un monigote de una rata que tenía la cara del ex mandatario local, quien actualmente se encuentra prófugo. La Interpol emitió una ficha roja, pues se le señala por el presunto desvío de recursos del erario público, el cual habría generado un daño superior a los 3 mil millones de pesos.
Martínez Alonso comentó que “hacemos responsable directamente a Silvano Aureoles Conejo como el autor intelectual de la masacre. También a López Solís, a Juan Bernardo Corona , entonces secretario de Seguridad, a Carlos Gómez Arrieta ex subsecretario de Seguridad, que está tras las rejas por casos de tortura, en los hechos también lamentables de Ayotzinapa.
“El exgobernador tiene orden de aprehensión, tiene ficha roja de la Interpol por delitos que no son menores; el desvío de recursos es un daño importante al erario público, pero nos indigna que el Estado mueva el aparato para investigarlo por esos temas y no por el hecho de que nos arrebató a cuatro de nuestros comuneros. Por eso es que es importante hoy decirle a la Fiscalía, te lo dijimos, ellos son unos delincuentes. Hoy el tiempo nos da la razón, lo son.”
