San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), el gobierno comunitario de Chilón y diversas comunidades, reiteraron su rechazo a la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque porque “viola nuestro derecho a la libre determinación, al territorio y a vivir en armonía con la naturaleza y a un medio ambiente sano, seguro y sustentable”.
Agregaron que “desde sus orígenes, el proyecto ha sido discriminatorio, racista y excluyente de quienes trabajamos la tierra y habitamos el territorio”.
En una conferencia de prensa ofrecida este lunes en San Cristóbal, manifestaron que “aunque se ha justificado bajo el argumento de ‘desarrollo’, la carretera no se ha podido construir gracias a la resistencia de las comunidades organizadas que han surgido ante la falta de información oficial y transparencia sobre el proyecto”.
Señaron que “el actual gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, retomó el proyecto, anunciado desde 2006, y en alianza con el gobierno federal ahora es uno de los más importantes en el país”.
Dijeron que el mandatario “manifestó ante los medios de comunicación que no llevaría a cabo la construcción de la carretera sin antes consultar a las personas y los pueblos indígenas, por lo que el pasado 17 de febrero se publicaron en el Periódico Oficial del Estado, los Lineamientos para llevar a cabo Consultas Públicas relacionadas a Proyectos Estratégicos de Desarrollo en el Estado de Chiapas’, en el que se inventan un mecanismo de participación denominado ‘Consulta Pública’”.
Las agrupaciones expresaron que “dichas consultas están a cargo del mismo gobernador y de la Secretaría General de Gobierno y Mediación, sin tomar en cuenta a las autoridades especializadas como al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI)”.
Afirmaron que el 23 de marzo se realizó la consulta pública en los municipios de Chilón, Salto de Agua, Palenque y Ocosingo, sobre el primer tramo de construcción de Palenque a Ocosingo, pero “las autoridades no respetaron nuestro derecho de acceso a la información ambiental, social, cultural y de ejecución del proyecto”.
Aseguraron que “para esta consulta no se informó previamente a las comunidades, quedando la invitación sólo por redes sociales, no llegando a las comunidades en donde no hay señal de teléfono, además de que las casillas fueron colocadas en las cabeceras municipales; fuimos testigos de las anomalías, pues había gente que no era del municipio y pudo votar, decidiendo por un territorio que no es suyo; los verdaderos dueños y directamente afectados no fueron tomados en cuenta”.
Una vez más, añadieron, “el mal gobierno hace una discriminación directa hacia los pueblos indígenas que habitamos la región; el racismo y el desprecio a los indígenas se sigue repitiendo a pesar de la reforma al artículo 2 constitucional que reconoce nuestro derecho a la consulta y a la libre determinación”.
Informaron que por ello, este lunes interpusieron dos amparos: uno en contra de los lineamientos para llevar a cabo consultas públicas “porque son inconstitucionales y otro por no respetar nuestro derecho a una consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, que es parte de nuestro derecho a la libre determinación”. Paralelamente, han recabado más de dos mil firmas de personas que se oponen al proyecto.
Agregaron que “también hemos decidido ejercer nuestro derecho de petición metiendo solicitudes de información al gobernador del estado, a la titular de la Secretaría General de Gobierno y Mediación y a la Secretaría de Infraestructura de Chiapas, demandando que haga pública la información sobre los impactos ambientales, culturales y sociales relacionadas con la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal y del tramo Palenque a Ocosingo, para que podamos decidir libre e informadamente sobre el destino de nuestro territorio, de manera que se garantice el cuidado y respeto de nuestra madre tierra”.
También dieron a conocer que “derivado de nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio desarrollo, a la permanencia de nuestro patrimonio cultural y ancestral, al territorio, a la salud, a la igualdad y a la libre determinación y autonomía, los pueblos originarios, firmamos la Declaratoria de Pueblos Libres de Megaproyectos, documento que representa nuestra decisión colectiva de resistencia ante la imposición gubernamental de un proyecto que viola nuestros derecho y atenta a la vida de nuestras comunidades”.