En los últimos años Hidalgo ha atravesado una de las etapas más críticas en cuanto a deforestación. Este fenómeno ha avanzado de manera alarmante, y lo más preocupante es que parece haber sido favorecido por decisiones oficiales que han priorizado la tala ilegal, dejando en segundo plano la protección del medio ambiente. 

Según la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Hidalgo ha sido clasificado de alto riesgo debido a la plaga de insectos descortezadores, de acuerdo con la alerta temprana y evaluación de riesgo, a febrero de 2025. El estado se encuentra entre los 22 de todo el país con este nivel de peligro, afectando áreas como la Sierra Gorda, el Valle del Mezquital, la Sierra Baja, la Comarca Minera, la Sierra de Tenango, el Valle de Tulancingo y el Altiplano. 

Esta plaga descortezadora contribuye al deterioro del ecosistema, agravado por la construcción de la carretera Pachuca-Huejutla. En la zona se observan letreros de Sagarpa que presentan números de folios inexistentes relacionados con los impactos y riesgos ambientales, como el SGPA/DGIRA/ DG/0726. 

Se solicitó a la unidad de transparencia la versión pública de este documento, pero se argumentó que dichos folios no existen (número de folio 330026723001246 en la Plataforma Nacional de Transparencia). 

La tala indiscriminada de árboles que se ha generado con el avance de esta infraestructura ha pasado casi inadvertida para muchos, y cuando se discuten los impactos, las autoridades no parecen mostrar una solución adecuada. Lo mismo ocurre con diversas instancias gubernamentales, como Coesbioh, Semarnat y la Dirección del Parque Nacional El Chico, que se han visto tentados a talar aún más, justificando su acción bajo la excusa de la presencia del gusano descortezador. Sin embargo, este tipo de decisiones han sido tomadas sin siquiera explorar alternativas viables, como el uso de fitovacunas o métodos preventivos que ayuden a proteger la salud del ecosistema. 

La situación es aún más grave si se tiene en cuenta que la sequía que afecta a la región no fue considerada en los planes de manejo. En lugar de proteger los recursos hídricos locales, se extrajo agua de las comunidades para abastecer la nueva carretera y otras zonas ya afectadas por la falta de vegetación. 

La pavimentación de caminos también ha contribuido a la impermeabilización del suelo, lo que dificulta la recarga de los mantos acuíferos y genera mayor estrés en los bosques, empeorando su ya frágil salud. 

En este contexto, la biodiversidad está siendo severamente afectada. Miles de especies que dependen directamente de los bosques de la zona ven amenazada su supervivencia. 

Lo más alarmante es que no se está llevando a cabo una investigación rigurosa sobre cómo estas actividades impactan a estos animales, cuyas funciones ecológicas son esenciales para el equilibrio del ecosistema. 

Es importante entender que los bosques no son entes estáticos; son dinámicos, cambian con el tiempo, y las especies que habitan en ellos están adaptadas a esas modificaciones. Sin embargo, esa capacidad de adaptación se ve severamente limitada cuando las intervenciones humanas se hacen sin un análisis adecuado de sus efectos a largo plazo. 

Los insectos, las aves y los mamíferos que dependen de los árboles forman parte de una red compleja que, al ser alterada, puede generar un daño irreparable para la biodiversidad. 

Además, las comunidades que habitan en estos territorios no sólo se ven afectadas por la deforestación, sino también son ignoradas en el proceso de toma de decisiones. A pesar de que muchos pobladores solicitan apoyo y expresan su preocupación por la tala, se sienten silenciados, sin voz ni voto en los asuntos que afectan directamente su entorno y su forma de vida. 

Las amenazas no únicamente provienen de las políticas gubernamentales, sino también de actividades de negocios privados que buscan sacar provecho del territorio, sin considerar los impactos ambientales. ¿Qué pasa cuando las empresas vinculadas a campos de golf o modernas y lujosas cabañas compran centenares de hectáreas promoviendo la destrucción de estos espacios naturales? Cuando estas actividades se llevan a cabo, las autoridades parecen callar, sin tomar cartas en el asunto. 

El año pasado, los pobladores del municipio de Carboneras se manifestaron en contra de la tala indiscriminada y la llegada de estos negocios depredadores, pidiendo la intervención de las autoridades. Lamentablemente, sus demandas fueron ignoradas. Esta desconexión entre las autoridades y las comunidades, unida a la indiferencia hacia los efectos ambientales de la tala, nos deja con un panorama desolador. 

Es momento de detenernos a pensar en las verdaderas motivaciones que guían las políticas que afectan nuestros bosques. La biodiversidad es un tesoro invaluable que debemos proteger, y su conservación debe ser prioridad para quienes toman decisiones. Es fundamental que las comunidades sean escuchadas y que las decisiones se tomen con un profundo respeto por el medio ambiente y por el bienestar de las futuras generaciones.