Nueva York y Washington. Sin ruido ni grandes proclamaciones, el presidente estadunidense, Donald Trump, lanzó el mayor ataque contra el sindicalismo en la historia moderna desde que Ronald Reagan cesó a miles de controladores aéreos en los años 80.
El republicano firmó una orden ejecutiva casi en silencio y sin declaraciones públicas la noche del jueves que anulará a los gremios del sector público y contratos colectivos en una vasta parte del gobierno federal, e instruye a una amplia gama de secretarías y agencias oficiales a poner fin a los contratos colectivos bajo la vaga justificación de proteger la seguridad nacional.
El mandato cita cláusulas de una ley de 1978, la cual permite excluir agencias de regulaciones y marcos jurídicos sobre relaciones laborales federales por razones de seguridad nacional. Trump amplió la definición de seguridad nacional al incluir desde el Departamento de Estado y el de Defensa, partes de los departamentos de Salud, de Seguridad Interna, de Justicia, así como también agencias, incluyendo la de Comunicaciones y la de Protección del Ambiente, entre otras.
De inmediato, varias de las dependencias federales presentaron una demanda ante un tribunal contra los sindicatos con el fin de anular sus contratos colectivos. El gobierno de Trump argumenta que pactos con la burocracia obstaculizan la capacidad del presidente de proteger a Estados Unidos de amenazas exteriores y domésticas.
La Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE, por sus siglas en inglés ) –el gremio más grande del sector de la burocracia federal– y la central obrera AFL-CIO rechazaron que la orden tenga que ver con seguridad nacional, sino como una respuesta de la Casa Blanca a los esfuerzos sindicales para frenar los despidos masivos impulsados por Trump e implementados por su socio Elon Musk desde que llegaron a la Casa Blanca.
El AFGE calcula que la orden afectaría a cientos de miles de empleados, y otros estiman que impactará los derechos laborales de más de un millón. En estadísticas oficiales, 29.9 por ciento de la fuerza laboral federal estaba representada por un sindicato en 2024.
Con la amenaza de Trump queda claro: o te alineas o (habrá consecuencias), declaró Everett Kelley, presidente de AFGE. Acusó que la orden es ilegal y que será llevada ante tribunales.
La AFL-CIO denunció lo que calificó de un intento para romper el sindicalismo en el gobierno. El mandatario anula el derecho fundamental de sindicalizarse y negociar colectivamente para trabajadores federales en más de 30 agencias del gobierno, declaró Liz Shuler, presidenta de la central obrera nacional. Coincidió con la AFGE al subrayar: “queda claro que esta orden es un castigo para los sindicatos que están encabezando la lucha contra las acciones ilegales de este gobierno en los tribunales –y un intento descarado para silenciarnos”.
El líder del sindicato automotriz UAW, Shawn Fain, denunció la orden del magnate para pisotear las garantías constitucionales de más de un millón de trabajadores federales, quitando la habilidad de negociar sobre sus condiciones laborales, y declaró que su sindicato de un millón de miembros se suma en solidaridad en defensa de los trabajadores federales.
Condenó las acciones ya que no sólo son un ataque sobre sindicatos, sino contra la libertad de expresión, el derecho laboral a organizarse, sobre la propia idea de que la gente debería tener voz sobre sus empleos y su propio futuro. Sara Nelson, presidenta del gremio de sobrecargos AFA-CWA, advirtió que la referida orden ejecutiva era sólo el inicio de más ataques contra el movimiento sindical de este gobierno y declaró que “es hora de que el movimiento laboral se levante por nuestros derechos y para luchar por nuestro país –con todo lo que se necesite–”, publicó The Guardian.
El diputado federal Greg Casar, líder del caucus Progresista (unos 100 legisladores), escribió: Trump está intentando destruir sindicatos y derechos laborales como los hemos entendido por 100 años, y subrayó que se trata de “el ataque más peligroso sobre los trabajadores de Estados Unidos hasta la fecha.
Tenemos que levantarnos para frenar esto, en las calles y en los pasillos del Congreso, o si no, Trump entregará cada uno de nuestros derechos a los multimillonarios.
El influyente diputado federal demócrata Jamie Raskin declaró: es en represalia contra el movimiento laboral por defender derechos de los trabajadores. Cuando hay golpes de Estado derechistas y tomas de poder a manos de autoritarios que ocurren alrededor del mundo, atacan primero al servicio civil, y después al movimiento laboral.
El precedente a esta acción fue hace 44 años, cuando el presidente Donald Reagan despidió a unos 12 mil controladores aéreos en huelga en 1981 no sólo para destruir su sindicato y romper la huelga, sino para dar luz verde a una ofensiva total de empresarios contra el movimiento gremial, cuyas consecuencias devastadoras aun se sienten, con tal vez el nivel más bajo de agremiados –sólo 9.9 por ciento– en la historia moderna del sindicalismo estadunidense.
La gran marcha del Día de Solidaridad de septiembre de 1981 en Washington en respuesta al ataque contra el sindicalismo fue una de las expresiones laborales más grandes, tal vez con hasta medio millón de participantes. Pero fracasó la demanda de recontratar a los huelguistas y, desde entonces, el sindicalismo estadunidense se ha visto debilitado aunque en años recientes hay señales de un posible renacimiento.
