Ciudad de México. A casi siete años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió su sentencia contra el Estado mexicano por su responsabilidad en la desaparición de tres personas, perpetrada por militares en Chihuahua en 2009, aún “es modesto” el avance en el cumplimiento de lo ordenado por este tribunal, pues no se ha encontrado a las víctimas, no hay detenidos, no se ha realizado el acto de reconocimiento internacional y no se ha reparado integralmente a los familiares afectados.

En audiencia, el pleno de la Corte reconoció los pendientes. El juez Ricardo Pérez lamentó que a pesar del tiempo y de que han habido otros encuentros, “en las cuales se han asumido compromisos”, estos no se han atendido.

A su vez, el juez Alberto Borea pidió al Estado cumplir con la sentencia. “México siempre tiene candidatos a la Corte y a la Comisión Interamericana, muy bien. Entonces hagan que estos funcionen respondiendo a las sentencias de esos organismos a los que ustedes tanto apoyan”.

El caso se relaciona con la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes en el ejido Benito Juárez en diciembre de 2009, “en un contexto de militarización del país”, recordó la representación de las víctimas, integrada por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM).

Denunció que la actuación de la mayoría de los funcionarios involucrados en el cumplimiento del fallo ha sido “descoordinada, fragmentada, burocratizada e insensible”. Expuso que no han sido recibidos por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, ni la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Reyes Sahagún.

Asimismo, en las acciones de búsqueda falta ingresar al 35 batallón militar, y aún no hay “un plan estructurado sostenible con criterios de seguridad y dignidad de retorno reubicación para las víctimas desplazadas”.

María de Jesús Alvarado, hermana de Nitza Paola, subrayó que de las 34 víctimas indirectas por este caso, han fallecido ocho. Tres familias, agregó, llevan siete años viviendo en un refugio temporal.

Por ello, pidieron a la Corte que ordene que se conforme un órgano integrado por funcionarios del gobierno federal y estatal involucrados en el cumplimiento de la sentencia, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), con la que “nunca hemos tenido una reunión”.

En su defensa, la representación el Estado mexicano conformada por el embajador de México en Costa Rica, Víctor Sánchez; la directora general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jennifer Feller; y Nancy Desiderio, coordinadora para la Atención de Casos en Organismos Internacionales de Derechos Humanos de Gobernación, expuso que avanzó en el cumplimiento de la capacitación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública y ciudadana, con un total de 218 mil 379 militares.

Lo anterior, subrayó, ha impactado en la reducción de quejas que recibe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por ende las recomendaciones que emite. Resaltó que mientras en el de sexenio de 2006 a 2012, dicho organismo notificó a la Defensa 7 mil 44 quejas, entre 2018 a 2024 sólo se recibieron mil 387, lo que representa una disminución del 80.3 por ciento.

Además destacó que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala que el Ejército mexicano es reconocido por la ciudadanía con un 83.4 por ciento de aprobación.

Expuso que el Estado está abierto a que se realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el mes de noviembre en el aniversario de la emisión de la sentencia. Enfatizó que se continúan con las acciones de investigación y de búsqueda, pero reconoció que no se ha encontrado a las víctimas.

Igualmente, defendió el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con el que dijo que cumple con lo ordenado por la Corte en esta materia, y que se han entregado apoyos educativos y ha ofrecido viviendas del Infonavit a los familiares que tuvieron que ser desplazados, “con condiciones similares a las que adquirieron en su momento respecto a su valor, metros cuadrados de construcción y superficie del terreno”.