La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado mexicano a redoblar sus esfuerzos en la investigación sobre el hallazgo de restos humanos y objetos personales en el rancho Izaguirre, en Jalisco; el castigo a los responsables y la identificación de las víctimas. También valoró las medidas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y reconoció la importante labor que realizan las personas buscadoras. 

En un comunicado, hoy expuso que ha dado seguimiento al hallazgo del rancho bajo custodia del Estado desde septiembre de 2024, que según la información aportada por las organizaciones, expone la deficiente búsqueda llevada adelante, ya que a pesar de haberse asegurado el predio y haberse realizado trabajos con maquinarias y binomios caninos, fue la labor de un grupo buscador la que encontró las fosas clandestinas de manera reciente.  

La CIDH destacó que si bien los colectivos de búsqueda ejercen su derecho a buscar a sus familiares, ello no exime al Estado de su deber de investigar y buscar de conformidad con obligaciones en derechos humanos.  

Indicó que tanto las denuncias sobre reclutamiento forzado, entrenamiento, trabajo forzado y desaparición de personas, entre otros crímenes, como el tipo de objetos encontrados “reflejan la degradación de la violencia por parte del crimen organizado a un nivel contrario a la dignidad humana”. 

Es alarmante que lugares de esta naturaleza, enfatizó, hayan podido operar por períodos de tiempo prolongados sin intervención de las autoridades. 

La CIDH subrayó que el Estado mexicano debe investigar con debida diligencia estos hechos, sancionar a los responsables y garantizar que las víctimas y sus familiares reciban adecuada y oportuna reparación. 

Al mismo tiempo, señaló que toma nota de la ejecución de dos órdenes de aprehensión sobre dos personas vinculadas estrechamente con el Rancho Izaguirre; y resaltó que las familias tienen el derecho de conocer la suerte o paradero de sus seres queridos, en tanto que la sociedad mexicana tiene el derecho de conocer la verdad sobre lo ocurrido en dicho lugar. 

“En situaciones de vulneraciones a los derechos humanos cometidas en contextos de crimen organizado, se deben aplicar los tipos penales adecuados e investigar toda posible participación directa o indirecta de agentes estatales, incluyendo posibles omisiones”, afirmó. 

Asimismo, indicó que es deber del Estado mexicano conducir un proceso confiable, basado en ciencia y evidencia, para la identificación humana de los restos hallados en el "Rancho Izaguirre". 

Del mismo modo, agregó, cualquier devolución de objetos encontrados cuya propiedad pueda ser atribuida y, llegado el momento, la restitución de restos humanos, se realicen con dignidad y respetando el dolor de las familias. 

La CIDH reconoció igualmente el anuncio realizado por la Presidenta sobre el impulso de una serie de reformas legislativas y medidas administrativas para reforzar el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Centro Nacional de Identificación Humana. 

Asimismo, refirió, el Estado indicó de la consolidación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) como fuente única de identidad, la creación de una Base Nacional Única de Información Forense, de una Plataforma Nacional de Identificación Humana, y el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana con tecnologías avanzadas como la identificación genética. 

La CIDH, resaltó, “valora el reconocimiento público del Estado de brindar a las víctimas una atención integral y la elaboración de una línea del tiempo que explique la diferencia temporal entre el aseguramiento del predio y los hallazgos del grupo buscador.” 

La situación de la desaparición masiva de personas en México, apuntó, ha sido monitoreada por la CIDH desde hace más de 25 años. En este contexto, saludó el anuncio del Estado de una mayor coordinación —en todos sus niveles de gobierno— para fortalecer la búsqueda y combatir el delito de desaparición en México. De conformidad con los estándares internacionales, en la formulación de estas medidas, la participación de las víctimas y familiares de las personas desaparecidas debe ser garantizada. 

Reiteró su reconocimiento y solidaridad con la valiosa labor de los colectivos y familiares de búsqueda de personas desaparecidas en México, que debe ser ejercida con seguridad y libertad garantizadas por el Estado. 

A su vez, señaló la importancia de que las autoridades reconozcan públicamente el trabajo de defensa de derechos humanos que realizan, promoviendo su valorización social y que cualquier diligencia en torno al caso del Rancho Izaguirre se lleve a cabo evitando su revictimización.