El presidente Donald Trump adelantó ayer parte del anuncio programado para el próximo 2 de abril con la firma de una orden ejecutiva en la cual impone un arancel de 25 por ciento a todos los vehículos que no sean fabricados en Estados Unidos. De acuerdo con el magnate, dicha medida se traducirá en un "tremendo crecimiento en la industria automotriz", creará empleos para sus connacionales y permitirá recaudar 100 mil millones de dólares sólo por las tarifas a automóviles fabricados fuera de sus fronteras. De momento quedarán libres de aranceles las autopartes que cumplan con el T-MEC, pero ello podría cambiar con las nuevas ocurrencias que se den a conocer en la fecha mencionada.
En apariencia, los países más afectados por las tarifas serán México, Japón, Corea del Sur, Canadá y Alemania, que son, en ese orden, los principales exportadores de autos a Estados Unidos. El caso de México es único, pues en 2024 vendió a su vecino del norte vehículos ligeros por un valor de 78 mil millones de dólares, más que el segundo y el tercer lugares juntos. En los hechos, las principales víctimas del estilo trumpiano de abordar problemas serán las empresas automotrices estadunidenses: si Trump mantiene en pie este tramo de su guerra comercial contra el mundo, dichas compañías se verán forzadas a trasladar desde México y Canadá toda su producción destinada al mercado estadunidense, lo cual tardará años y costará miles de millones de dólares en construcción de las plantas y en la diferencia salarial. Si se considera que los obreros automotrices de ese país ganan hasta ocho veces más que sus pares mexicanos, queda claro que empresas y consumidores deberán absorber incrementos desmesurados en el precio de una mercancía que constituye el eje mismo del estilo de vida americano.
Todo ello, en un contexto en que las otrora todopoderosas firmas automotrices estadunidenses experimentan un declive en su importancia global y un rezago que parece insuperable frente a sus competidores, en particular los chinos. El atraso tecnológico, los altos costos y la obsolescencia de su modelo de negocio frente a los cambios acelerados del mercado no se resolverán con aranceles; por el contrario, podrían exacerbarse si esas empresas quedan encapsuladas en el territorio estadunidense, libres de competencia, pero también incapaces de exportar por sus precios desproporcionados. Queda claro que ese es un escenario fatídico para industrias capitalistas abocadas a la ampliación de mercados y la búsqueda de nuevos espacios de rentabilidad, lo cual abre una oportunidad para reforzar la colaboración entre las compañías automotrices estadunidenses –y de otras procedencias– y el sistema productivo mexicano: las plantas instaladas en nuestro país, con su mano de obra experimentada y sus cadenas productivas bien establecidas, ofrecen una plataforma de exportación a quienes logren reinventarse y ver más allá de Estados Unidos.
Está claro que esta transición no será fácil. En el corto plazo, los aranceles causarán pérdida de empleos y una caída en los ingresos de divisas potencialmente desestabilizadora en las finanzas públicas y privadas de México. Pero, si las autoridades y las empresas trabajan de manera conjunta y con sentido estratégico, es posible capear la tormenta actual e incluso abrir horizontes por ahora insospechados. Al margen de estos esfuerzos y de la decisión final que el siempre veleidoso Donald Trump tome respecto a los aranceles, los sucesos obligan al gobierno, las personas de negocios y la sociedad mexicana en general a tomarse en serio la diversificación de unas relaciones comerciales que han atado al país al trajín político de Washington.
