Madrid. El Tribunal Supremo español emitió un auto judicial en el que exige al Ejecutivo, del socialista Pedro Sánchez, a que en un “plazo improrrogable de 10 días” atienda la situación de los más de mil 200 menores de edad no tutelados (Menas) que están a la espera de que se les conceda el “asilo político” y que actualmente están viviendo en condiciones adversas en centros de acogida saturados en las Islas Canarias. La notificación judicial obliga ahora al gobierno español a incluir a estos menores, la mayoría procedentes del África subsahariana, en el Sistema Nacional de Acogida y Protección Internacional, que les garantizará una situación de vida digna.
El gobierno canario, presidido por el nacionalista Fernando Clavijo, quien además cuenta como socio de gobierno al derechista Partido Popular (PP), decidió presentar una querella ante el Tribunal Supremo en la que solicitó la actuación urgente del gobierno español ante la situación de saturación y vulneración de los derechos del menor ante la llegada masiva de migrantes a su región, miles de ellos niños o adolescentes. El resolución del alto tribunal exige que el Estado proporcionará “inmediato acceso” al sistema que hubieran presentado solicitud de asilo en Canarias. Según los datos aportados por el Gobierno canario y citando información de ACNUR, son 546 los menores inmigrantes no acompañados que han presentado formalmente su solicitud de protección internacional entre enero de 2023 y noviembre de 2024. A estos se suman 350 menores que están pendientes de cita para manifestar su voluntad de solicitar protección y otros 325 que ya han manifestado tal voluntad y están citados para presentar la solicitud, sumando un total de 1.221 menores afectados.
La decisión judicial establece que “el menor extranjero no acompañado es, ante todo, un menor y como tal debe ser tratado, siendo competencia de las comunidades autónomas su protección. Sin embargo, cuando estos menores solicitan asilo, “sobre dicho estatuto debe necesariamente converger el que a esta solicitud atribuye la legislación de asilo, que está a cargo del Estado”.
La resolución judicial, firmada por la magistrada ponente Ángeles Huet De Sande, se adoptó por unanimidad de los siete magistrados que componen la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y constituye un importante precedente en la delimitación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de protección de menores inmigrantes solicitantes de asilo.
Sánchez presenta plan de defensa
En otro asunto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, presentó ante el Parlamento español su estrategia de seguridad ante la coyuntura que vive la región y el mundo, sobre todo a partir de la llegada al poder de Donald Trump en Estados Unidos y su cambio de postura con relación a la guerra en Ucrania. El mandatario español presentó un “plan nacional de defensa”, con el que aspira a cumplir con lo pactado con el resto de países de la Unión Europea (UE) e incrementar el gasto militar de forma exponencial en los próximos años. Sánchez, que gobierna en coalición con el partido de izquierdas Sumar, no tiene los apoyos parlamentarios necesarios para sacar adelante el plan y, más aún, dentro del propio gobierno hay profundas discrepancias sobre esta estrategia. Sánchez garantizó que “concentrará el grueso de la inversión adicional exigida para cumplir con nuestros socios europeos. Y la canalizará a través de programas de colaboración público-privada para crear un nuevo salto tecnológico e industrial en España” y sin que se vean afectadas “las partidas presupuestarias en políticas sociales”.
