Toluca, Mex. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, presentó una iniciativa ante la Legislatura local para modificar diversas disposiciones a la Ley de Amnistía estatal con el fin de que las mujeres sentenciadas que hayan sido juzgadas sin perspectiva de género puedan acceder a este beneficio.

La propuesta también plantea que la amnistía se pueda aplicar a las personas acusadas o sentenciadas por delitos cometidos “bajo una situación de vulnerabilidad manifiesta”, sin dar más detalles

En diciembre 2020, el Congreso del estado de México aprobó la primera Ley de Amnistía que fue promulgada en enero del 2021 por el entonces gobernador, Alfredo del Mazo.

La amnistía se podía aplicar a primodelincuentes y a quienes no hayan cometido delitos graves, a indígenas, adultos mayores y a mujeres acusadas de aborto y a campesinos que hayan sido obligados a delinquir.

En casos de delitos graves, el Congreso estatal creó una comisión para analizar los casos y remitirlos a la comisión de derechos humanos y posteriormente al Poder Judicial, quien dictaminaba.

La Ley de Amnistía también fue aprobada como mecanismos para despresurizar el sistema penitenciario estatal que sufre de sobrepoblación y hacinamiento en la mayoría de las 22 cárceles estatales existentes.

A la fecha, con datos del Poder Judicial se han concedido 3 mil 118 amnistías que han permitido que igual número de personas hayan recuperado su libertad. La mayoría de estas amnistías han sido para beneficiar a mujeres e indígenas.

En su iniciativa, la gobernadora, Delfina Gómez, reconoce que el sistema penitenciario mexiquense sigue saturado y con una sobrepoblación del 140 por ciento, pues existen poco más de 35 mil personas recluidas en los penales mexiquenses cuando la capacidad instalada sólo es para albergar a 14 mil 917 internos.

“Es importante señalar que dentro de la población penitenciaria se observa una presencia significativa de personas provenientes de sectores con mayores condiciones de vulnerabilidad, incluyendo aquellas en situación de marginación económica… Es necesario considerar los desafíos que enfrentan las personas privadas de su libertad como el hacinamiento, la violencia y la insuficiencia de servicios básicos, factores que inciden en su proceso de rehabilitación y reintegración de la sociedad”, expone la mandataria.

También en la iniciativa, la gobernadora sostiene que el sistema de justicia penal, reproduce de manera sistemática diversas formas de discriminación estructural, particularmente contra las mujeres, lo que ha implicado en muchos casos que la aplicación del derecho penal carezca de una visión integral que incorpore la perspectiva de género lo cual ha generado consecuencias injustas para las mujeres que enfrentan procesos penales sin que se reconozcan sus contextos de vida y las violencias que las han llevado a estos lugares.

La iniciativa fue remitida a comisiones para su análisis y eventual dictaminación en las próximas semanas.