San Cristóbal de las Casas, Chis. Decenas de organizaciones y colectivos de 14 países y más de 200 personas en lo individual exigieron al Poder Judicial estatal que “revise el caso” del ex presidente y ex regidor del concejo municipal de Pantelhó, Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz, respectivamente, sentenciados a 110 años de cárcel, acusados de la desaparición de 19 personas.
También demandaron que se garantice “un juicio con todas las garantías y derechos fundamentales al debido proceso”, al tiempo de señalar que su condena es “injusta, pues nunca cometieron el delito” del que se les acusa y del que estaba imputado también el sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez Pérez, asesinado a balazos el 20 de octubre pasado.
Informaron que por la “injusta condena” ya se presentó “una queja” ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria-Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En el documento difundido este miércoles recordaron que el 26 de julio de 2021 fueron desaparecidas forzadamente en Pantelhó, 19 personas, “en un contexto de violencia y enfrentamiento entre el grupo de autodefensas El Machete y el crimen organizado del grupo de Los Herrera”.
Agregaron que “desde el día 25 de julio, Pedro Cortés salió junto con su esposa de su comunidad Las Limas Chitamucum a San Cristóbal y después viajaron a Bochil; el 26 partieron a Simojovel donde estuvieron todo el día para llegar a su comunidad por la tarde. Diego Mendoza, por su parte, estuvo todo el día 26 en su domicilio terminando un trabajo de carpintería que le habían pedido”.
A principios de agosto de 2021, añadieron, fue conformando un concejo municipal provisional que empezó a funcionar oficialmente el 18 de diciembre. “Fue hasta entonces que Pedro Cortés (presidente del concejo municipal) y Diego Mendoza (regidor) se conocieron”.
Ambos, todavía en funciones, fueron detenidos en junio de 2022 en Tuxtla Gutiérrez, acusados de la desaparición de los 19 pobladores de Pantelhó, sucedida el 26 de julio del año anterior.
Las 67 organizaciones y colectivos, así como las 236 personas que firman el documento, aseguraron que su arresto “fue arbitrario, ya que nunca se les mostró la orden de aprehensión; fue realizado con lujo de violencia; se violaron completamente el debido proceso y sus derechos fundamentales”, y además de que “fueron despojados de sus pertenencias se les obligó a firmar unos papeles desconociendo su contenido; se les violó el derecho fundamental a contar con un intérprete por ser miembros del pueblo indígena tseltal”.
Sostuvieron que “el juicio al que han sido sometidos ha estado plagado de irregularidades, empezando porque la jueza designada para el caso: Mitzi Guadalupe Flores Rocha, destituyó a la defensa particular por parte de la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos (CLIFODH), e impuso al defensor de oficio que estuvo hasta el final del juicio, auxiliado por otro abogado que ella también impuso”.
Agregaron: “La Misión Jesuita de Bachajón, a la que pertenece la comunidad en la que viven las familias de Diego y de Pedro, defiende su inocencia por conocer su recta y honorable trayectoria de vida al servicio de la paz en sus comunidades. Don Pedro, de manera especial, ha sido un incansable reconciliador en su comunidad, promotor de derechos humanos, autoridad moral, buscando desde el diálogo, la ley y la no violencia resolver los distintos conflictos que se le han presentado. Es catequista y candidato al diaconado permanente”.
Manifestaron que como parte del mismo expediente se le dictó orden de aprehensión al padre Marcelo y aunque “no se liberó, no se suprimió (…) existen pruebas testificales que corroboran la imposibilidad de que tanto Diego como Pedro, así como el padre Marcelo pudieran haber participado en la desaparición de estas 19 personas”.
Expresaron que “el procesamiento violatorio de los derechos humanos de Pedro y Diego es un ejemplo más de la violencia que sufre el pueblo de Panthelhó, en donde más de 200 humildes campesinos, hombres y mujeres, han sido ultimados/as en los últimos 20 años, según el testimonio de los pobladores del municipio”.
Los firmantes, que solicitaron a los gobiernos federal y estatal que “pongan las medidas necesarias para que el asesinato de Marcelo no quede impune”, sostuvieron que el caso de Pedro Cortés y Diego Mendoza “son ejemplo de la violencia institucional y de la vulneración de derechos humanos que sufren personas indígenas en Chiapas. Sabemos que, lamentablemente, este caso no es una excepción y que existe un patrón de construcción de delitos falsos que condenan a personas, en su mayoría indígenas, pese a ser inocentes”.
