La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenó “no volver a pronunciarse nunca más en materia electoral” y eliminar dos pronunciamientos en los que hizo mención a la reforma electoral, lo que este órgano calificó como “censura” y que “limita" sus funciones. Consideró que los razonamientos e interpretación del máximo tribunal son regresivos y restrictivos “de la más amplia defensa de los derechos humanos".
Aseguró que es “una amenaza que no debe ser minimizada a la existencia misma del sistema no-jurisdicicional mexicano porque además atenta contra su calidad de Institución Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (INDH), acorde a Los Principios de París, que le reconoce el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos (SUDH). Esto es algo que, hay que decirlo claramente, no ha pasado en el caso de ninguna INDH en ninguna parte del mundo”.
Los pronunciamientos que tiene que eliminar la CNDH son los DGDDH/081/2022 y DGDDH/082/2022, que surgen de la Recomendación General 46/2022 sobre violaciones graves a derechos humanos, así como violaciones al derecho a la democracia, a la protesta social, a la reunión y asociación cometidas por el Estado entre 2951 y 1965. Estos generaron un enfrentamiento entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la comisión, ya que mutuamente se acusaron de invasión de sus respectivas esferas competenciales, lo que llegó a la SCJN.
La CNDH destacó que la controversia constitucional fue promovida por Lorenzo Córdova, entonces consejero presidente del INE, quien alegó que la comisión que preside Rosario Piedra Ibarra “excedió sus atribuciones constitucionales”, argumentando que el cumplimiento de su deber incidió de forma negativa en sus atribuciones.
Destacó que el fallo “sólo refuerza la evidente necesidad de reforma de las instituciones que tienen por mandato el cumplimiento del orden constitucional, esencia de la Recomendación General 46/2022, a fin de buscar que prevalezca una verdadera democracia, que permita que los derechos sean ejercidos a plenitud por todas las personas”.
Deploró el razonamiento que realizó la Corte en la resolución de la citada controversia constitucional, “pues los derechos políticos-electorales son parte de la esfera de los derechos humanos, cuya defensa corresponde a las facultades de este organismo nacional, y que una interpretación regresiva y restrictiva de las funciones de la CNDH es una violación flagrante al principio de progresividad y a la búsqueda amplia del cumplimiento irrestricto de los derechos humanos del pueblo de México contenida en el artículo 1o Constitucional”.
Expuso que lo resuelto se contradice los criterios de la propia SCJN que, sólo como ejemplo, en 2014 publicó un “Índice Sistemático” de Derechos Humanos, y ahí vienen incluidos los derechos político-electorales.
Insistió en que aunque acatará el fallo no coincide con los razonamientos que sustentan tal determinación, pues “lejos de abonar a la consolidación, promoción y protección de los derechos, resta un margen válido de actuación a esta Comisión Nacional, al desconocer flagrantemente que los derechos político-electorales también son derechos humanos.
“Si ese es el criterio con el cual se creó la CNDH, cuanta más razón para promover su transformación, como estamos proponiendo, a fin de que sea realmente un organismo protector de los derechos humanos, que no ha sido, y que por lo visto algunos pretenden que siga siendo: una institución de simulación, sin alcances ni posibilidades de cumplir con lo que el artículo 1o de nuestra Constitución mandata desde 2011 al Estado mexicano”.
Consideró que con este tipo de decisiones “la vieja SCJN, que vive afortunadamente sus últimos días, pretenda dejar una herencia para erigirse en máximo tribunal de los derechos humanos, porque contradice su naturaleza, la de la CNDH y la de todos los organismos públicos de defensa de los derechos humanos; pero, además, contraviene varios tratados y convenciones internacionales de los que México es parte”. Anunció que interpondrá los recursos que sea menester.
Señaló que la controversia de la CNDH en este mismo tema fue “desechada por el máximo tribunal, sin siquiera analizarla y menos discutirla”.
