La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, reunió ayer a 45 mil jóvenes en el Zócalo capitalino para entregarles el apoyo correspondiente al programa Becas para el Transporte y Más, el cual se dirige a todos los estudiantes de universidades públicas de la entidad. La mandataria local enfatizó la universalidad de este beneficio, cuyo acceso sólo requiere residir en la Ciudad de México y encontrarse matriculado en centros públicos de estudios superiores, pues no se trata de un premio, sino de un mecanismo para hacer efectivo el derecho a la educación, reducir la deserción escolar y aumentar la eficiencia terminal (el porcentaje de alumnos que termina un curso respecto a los que lo iniciaron).

El programa en sí y las declaraciones de Brugada Molina muestran la consonancia de las autoridades capitalinas con los principios del gobierno federal. Al retomar y complementar las políticas sociales de la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo, la jefa de Gobierno redobla el combate a los rezagos sociales y emite una suerte de señal de salida para que otros mandatarios estatales repliquen la reorientación presupuestal en beneficio de las mayorías.

Debe insistirse en que la dispersión de apoyos en metálico no constituye una dádiva, sino el reconocimiento de que los derechos sociales sólo cobran vigencia cuando se cumplen todas las condiciones para ejercerlos. Así, no basta con crear nuevas universidades o aumentar la matrícula de las existentes; también es necesario dar a los jóvenes los recursos para alimentarse, vestirse, transportarse y cubrir otros gastos, a fin de que se concentren en sus estudios. Las cifras muestran el acierto de este enfoque: de 2014 a 2018, el abandono escolar en la educación superior subió año tras año, se abatió a partir de 2019 y, tras los graves retrocesos durante la emergencia sanitaria, se ha reducido a un nivel que, sin ser satisfactorio, indica una tendencia alentadora. La matrícula y la tasa de cobertura también han crecido en la mayoría de las entidades del país.

Los esfuerzos para mantener a los jóvenes en las aulas cobran una importancia sin igual en la Ciudad de México: con apenas 6 por ciento de la población nacional, la capital del país alberga a casi uno de cada cinco estudiantes de educación superior, 60 por ciento de los cuales acuden a instituciones públicas tanto del ámbito federal como del local. Esto se traduce en más de medio millón de jóvenes que cursan licenciaturas, posgrados o programas como técnicos superiores en centros públicos de la Ciudad de México, con un incremento sostenido en los últimos seis años, salvo una inevitable pausa durante la pandemia.

En suma, cabe saludar que se haga efectivo el derecho a la educación, así como llamar al fortalecimiento de este tipo de iniciativas, con especial atención a las regiones más rezagadas.