Mientras el mundo enfrenta las pataletas de Trump en torno a aranceles comerciales, es obligado también poner atención al continuo golpeteo a las soberanías nacionales por empresas trasnacionales cobijadas bajo acuerdos internacionales de inversión, ya sean tratados de libre comercio (TLC) o tratados bilaterales de inversión (TBI).
El concepto de soberanía nacional se ha convertido en eje principal del gobierno de Claudia Sheinbaum, como contundente respuesta a un Trump dispuesto a anunciar las peores tropelías como intervenir militarmente en México, anexarse a Canadá y Groenlandia o hasta crear un emporio turístico de su vulgar gusto en la vapuleada franja de Gaza. Pareciera que la única amenaza que viniera del exterior fuera la locura del presidente estadunidense.
Pero el neoliberalismo, por más cuestionado que esté, tanto por la izquierda progresista como la de la 4T, por un lado, y golpeteado por la derecha nacionalista y xenófoba como la de Trump, no se tambalea como se pregona; mantiene sus tentáculos de poder en instituciones como el FMI, el Banco Mundial (BM), la OMC, etcétera. Mientras se mantengan incuestionados en México los TLC y TBI, la soberanía del país seguirá violentada.
Es importante recalcar los esfuerzos de Alicia Bárcena que, como secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha puesto énfasis en la importancia de la soberanía en la gestión de los recursos naturales, destacando la necesidad de fortalecer una “política ambiental humanista” que “incorpore a las comunidades” (https://tinyurl. com/4b9dkwhp). Pero, ¡atención! en lo que va de 2025 ya cayeron a México dos nuevas demandas inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas e Inversiones (el infame Ciadi) del BM. Una es de la empresa francesa de seguros Axa. Pero la que nos importa para este artículo es la demanda por la empresa Draslovka Holdings AS, de la República Checa, que se presenta “como el productor más grande del mundo de cianuro de sodio, un químico vital para la minería de oro” (https://www.draslovka. com/). Draslovka demanda a México por al menos 240 millones de dólares, bajo el TBI entre México y República Checa.
En octubre de 2020, el gobierno de México había negado el permiso ambiental para el proyecto de cianuro de Chemours en La Laguna, Durango. En 2021, Draslovka adquirió la división de minería de la empresa estadunidense The Chemours Co para extender sus actividades en México (cuenta además con operaciones de suministro a minas de metales en Zacatecas, Guerrero y Sonora). En diciembre de ese año se retiró del proyecto de construcción de la planta de cianuro, debido a las disputas con comunidades locales que se resistieron durante años a la construcción de la amenazante fábrica (https://tinyurl.com/mr4a6mdw).
En 2023 la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Acción Colectiva Ambiental denunciaron cómo integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio sufrieron represión policial por su defensa ante el megaproyecto químico industrial de cianuro de sodio Chemours Laguna y cómo, a pesar del desmantelamiento del proyecto químico, el frente continúa sufriendo represalias por su defensa de los derechos humanos. Draslovka, en cambio, se ha dedicado a difamar al frente con los típicos argumentos de que son “detractores del desarrollo” y opuestos a “mejora de oportunidades laborales para las comunidades” (https://tinyurl.com/bdcwzcyx).
México sigue enfrentando más de una veintena de ISDS (La Jornada, “Aumento de amenazas a México”, 20/5/24) por miles de millones de dólares (no es posible determinar una cifra exacta, pues no hay información pública de varias de estas demandas). Pero sabemos que la demanda de la minera estadunidense Legacy Vulcan LLC contra México por al menos mil 900 millones dólares continúa. Fue interpuesta en 2019 bajo el TLCAN/T-MEC, y es sin duda un elemento de discordia y de intromisión a nuestra soberanía por Estados Unidos. Las comunidades de Playa del Carmen siguen en pie de lucha por la defensa de sus territorios y atentas a cómo Vulcan se apoya en congresistas republicanos que enviaron una carta a Trump para que interceda a su favor; además de acusar al gobierno de la 4T de haber atraído inversión del Partido Comunista chino (sic) para el proyecto del Tren Maya, lo cual iría “contra los intereses de seguridad de EU” (https://tinyurl.com/6s8fen2x).
Otro caso es el de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, en Ixtacamaxtitlán, Hidalgo, por cuya efectiva resistencia la canadiense Almaden Minerals tiene demandado a México, bajo el Tratado Transpacífico (TPP) por al menos 500 millones de dólares (https://tinyurl.com/2tvm45df). Y son varios los casos de resistencia comunitaria por los que México ya ha sido obligado a pagar cientos de millones de dólares en “compensación”, incluyendo a las estadunidenses Metalclad y Odyssey y la italiana Tecmed.
¿Qué tienen en común las demandas mencionadas? Que en los TLC o TBI mediante los que se interponen se incluye, entre otras, la cláusula de “protección y seguridad plenas”, la cual exige a gobiernos firmantes otorgar a empresas extranjeras el “nivel de protección policial exigido conforme al derecho internacional consuetudinario” (https:// tinyurl.com/yesp8vc2). En otras palabras, se obliga a gobiernos a reprimir a poblaciones locales que se oponen a proyectos extractivos, destructivos de su ambiente y sus territorios. Por esto y más se deben eliminar las disposiciones de protección de inversiones, incluyendo el mecanismo de ISDS de los tratados internacionales firmados por México.
*Institute for Policy Studies (www.ips-dc.org)
