Para garantizar el acceso equitativo y sustentable se requiere remplazar la Ley de Aguas Nacionales (LAN), vigente desde el gobierno salinista, por una Ley General de Aguas que garantice este derecho humano a la población como planteó la presidenta Claudia Sheinbaum, señalaron integrantes de la Contraloría Nacional Ciudadana Autónoma del Agua.

Pueblos originarios, investigadores, organizaciones sociales y ambientales de esta organización, subrayaron que se tiene que corregir el sobreconcesionamiento a particulares, pues en un periodo neoliberal de 11 años el número de permisos pasó de 2 mil 600 a 360 mil, entre 1992 y 2003.

En el Día Mundial del Agua demandaron también poner fin al acaparamiento y la violación sistemática de los derechos al agua de pueblos indígenas, núcleos agrarios y sistemas comunitarios del agua.

Estas problemáticas, propiciadas por la LAN, afectan a diversos estados ya que dicha ley de 1992 y que favorece la mercantilización del líquido, no ha sido reformada y es violatoria de la sentencia de la Suprema Corte, en la que se obliga al Poder Legislativo a trabajar en la materia, señaló Óscar Arredondo, del colectivo Red Agua para Todos.

La LAN, abundó, no está en condiciones de responder a la crisis que hay en el país ni a la sequía que afecta al territorio nacional y, por el contrario ha beneficiado en buena medida a las industrias extractivas.

Integrantes de la Contraloría reconocieron la identificación de 7 mil concesiones irregulares que dio a conocer Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua, así como la restauración de los ríos Lerma-Santiago. Sin embargo, externaron su preocupación por sanearlos a través de plantas de tratamiento y colectores, sin eliminar las fuentes de contaminación ni involucrar a las comunidades locales en la regeneración de sus cuencas.

Arredondo señaló que ante las omisiones del Congreso de la Unión para legislar a favor del agua, persisten problemáticas como en Puebla capital y otros cinco municipios de la zona conurbada, donde sufren cortes sistemáticos del líquido con el argumento del retraso en el pago del servicio por parte de la empresa Concesiones Integrales, además de abusos por sobrecobro de tarifas y la contaminación del agua y de los ríos Atoyac y Alseseca, ya que la firma cobra a 500 mil usuarios 30 por ciento de la tarifa por el saneamiento.