Organizaciones ambientales e indígenas de Puebla y Jalisco alcanzaron este jueves una serie de acuerdos con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para remediar la contaminación provocada por cuatro basureros de ambos estados.

Los avances los obtuvieron al realizar un plantón de casi nueve horas frente a las instalaciones de la Profepa. La movilización implicó el bloqueo pacífico de las avenidas Félix Cuevas e Insurgentes, cuyo acto se sumó a los múltiples paros y bloqueos viales realizados en la Ciudad de México durante el día.

Tras varias horas de negociaciones con las autoridades, Juan Carlos Flores Solís, abogado de la Unión de pueblos y fraccionamientos contra el basurero y en defensa del agua de Puebla, informó que se obtuvo la autorización para el plan de cierre definitivo del basurero de San Pedro Cholula.

Detalló que la procuraduría notificará el próximo lunes a la empresa Profa-Faj Hidrolimpieza y deberá iniciar en diez días los trabajos clausura bajo inspección. Entre ellos implica la instalación de tinacos para la recolección de lixiviados, que regularmente lo realiza con pipas, y la captación de biogás con la finalidad de evitar un incendio en el vertedero.

En un comunicado, la procuraduría confirmó que el pasado día 19 se autorizó el Programa de cierre y clausura del relleno sanitario en términos adecuados para cumplir con la normatividad vigente aplicable al tema.

El basurero, propiedad del senador de Morena Cuauhtémoc Ochoa Fernández, fue clausurado en marzo del año pasado tras denuncias de contaminación en los municipios de San Pedro Cholula, San Andrés Calpan y Juan C. Bonilla. Flores Solís señaló a La Jornada que la toxicidad de los lixiviados pone en peligro los mantos acuíferos de la región, ubicados a 35 metros del suelo, que abastecen a las cholulas y parte de la ciudad de Puebla.

Recordó que el basurero abrió en 2016 y su concesión era por 20 años, pero estuvo en función por ocho años. Esto se debió, señaló, porque rebasó su vida útil por atender entre 600 o 900 toneladas de basura al día provenientes de 21 municipios de Puebla y de los estados de la Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca, cuando su capacidad era sólo para atender 150 toneladas.

Al superar su capacidad, aseguró que las autoridades del relleno sanitario invadieron dos hectáreas más para acomodar la basura, sin que pagaran a los dueños de los terrenos. Por estas acciones aseguró que debe ser sancionada por las autoridades competentes.

Como segundo punto acordado, Flores indicó que en dos semanas la Profepa emitirá una nueva resolución para sancionar al relleno sanitario en Santa María Coapan, en Tehuacán, por continuar sus operaciones pese a ser cerrado en 2023.

Dentro de estas medidas se establecerán las obligaciones y requerimientos que deberá cumplir el municipio para avanzar en el proceso de cierre y clausura, agregó.

La institución, a cargo de Mariana Boy, aclaró en su comunicado que en este caso aún no cuenta con un plan de cierre y clausura que cumpla con lo establecido en la NOM-083-SEMARNAT, mismo que debe ser presentado por el municipio.

Precisó que no es posible comenzar las acciones de cierre en las condiciones actuales. Detalló que el proceso de este relleno “ha tomado más tiempo por una toma de decisiones inadecuadas que se dio anteriormente”.

Por último, Flores Solías anunció que también se acordó la creación de mesas de trabajo para atender el relleno Los Laureles, en las comunidades de Juanacatlán y El Salto, además de otro en Metatlán, por contaminar la Zona Metropolitana de Guadalajara al procesar miles de toneladas de basura por día.

“Cabe agregar que esta es la tercera reunión que Profepa sostiene con las comunidades Cholula y que las puertas de esta procuraduría continúan abiertas para escuchar y resolver los temas que son de su competencia”, externó el órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su mensaje.

En coro o escritas en grandes mantas, las organizaciones lanzaron las consignas: “Agua, tierra y libertad”, “La Profepa miente; no nos representa” y “La lucha es por el medio ambiente". Sobre el suelo de la avenida Insurgentes uno de los asistentes escribió con pintura blanca la frase: “Los pueblos cholultecas no somos basureros”.

La presencia de un nutrido grupo de policías provocó tensión en el plantón. Ante el temor de ser replegados por la fuerza para liberar las vialidades, los pobladores acordaron con las autoridades liberar los carriles del Metrobús en Insurgentes a cambio de que los uniformados se retiraran.

Durante la jornada se realizó un mitin en el que las organizaciones, además mencionar distintos crímenes ambientales nacionales, también mostraron su rechazo a los elevados índices de inseguridad existentes en el país, como el reciente hallazgo de crematorios clandestinos en Jalisco, la elevada violencia en Chiapas, la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero, entre otros.

En el suelo también se formó un círculo con veladoras como muestra para recordar a las miles de personas que han fallecido por la inseguridad en el país.

Durante las actividades los manifestantes también realizaron actividades culturales, principalmente con la interpretación de canciones de consigna o algunos bailes contemporáneos.