Ciudad de México. Por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral aprobó nuevos topes de gastos de campaña para la elección judicial, de hasta 1.4 millones.

El acatamiento se dio con 10 votos a favor por uno en contra, de Uuk-kib Espadas, pero en la exposición de argumentos, cinco consejeros que tomaron en la palabra advirtieron de severas afectaciones para la democracia y, en ese sentido, afirmaron que los magistrados ni siquiera tomaron en cuenta el factor de la equidad en las contiendas electorales.

“Esta es una decisión brutal y despiadadamente plutocrática. Es un golpe a la democracia y a la equidad. Si no dispones de millón y medio de pesos esta elección no es para ti...porque se pone como centro de efectividad de las campañas la riqueza personal y no la idoneidad de quienes aspiran a ser jueces”, acusó Espadas.

Y aun con la inconformidad de algunos consejeros, el máximo órgano de decisión del Instituto determinó que las candidaturas de alcance nacional (ministros, magistrados de la Sala Superior del TEPJF y miembros del Tribunal de Disciplina) podrán gastar, de recursos propios, hasta un millón 468 mil 841.33 pesos, cada una.

En tanto, para los aspirantes a una sala regional del TEPJF su límite será de 881 mil 304.80 pesos; en los dos rangos inferiores, en términos de auto financiamiento, están los contendientes a un tribunal colegiado de circuito, con gasto tope de 413 mil 111.63 pesos, y los aspirantes a ser juzgadores de distrito 220 mil 326.20 pesos.

Esta última cantidad fue la aprobada inicialmente por el INE, también en votación dividida, para todas las candidaturas, sin importar su alcance geográfico.

Ante la determinación de la Sala Superior del TEPJF que interpretó que lo establecido en la ley (220 mil 326.20 pesos) era una base, no un tope, y que era necesario diferenciar los montos según la territorialidad de cada cargo.

División

La discusión del tope de “gastos personales” se dio por segunda vez en el consejo general del INE y, aun a distancia, vía virtual, cada bloque presentó distintos argumentos.

Carla Humprhey, consejera presidenta de la comisión de Fiscalización, dijo que elevar los techos permitirá especialmente a las candidaturas nacionales ir a territorio, pero sobre todo evitar el ocultamiento e ilicitud en el uso de recursos.

En sentido contrario se pronunció primero Dania Ravel, al afirmar que elevar el tope solo ahonda la desigualdad que ya existe entre las candidaturas, pero sobre todo criticó la resolución de la Sala Superior del TEPJF y lo calificó de un “precedente atroz” para la fiscalización, al poner como piso lo que la ley dice que es tope.

“La sentencia que estamos acatando es un destino tremendo que pone en riesgo la equidad en la contienda y marca un pésimo precedente, pero no abonaré en la merma del Estado de Derecho en el país; por ello voy a votar a favor de acatar lo que ordenó la Sala Superior, pero emitiré un voto concurrente”.

Vino entonces la participación del consejero Espadas, quien incluso en la sesión pasada había propuso diferenciar los topes, pero hacia abajo respecto de la cifra 220 mil 326.

También se enfocó en la sentencia del TEPJF y subrayó que la Sala Superior pudo haber declarado la inaplicabilidad del artículo 522, fracción segunda, pero no desacatarla o contradecirla.

Leyó esa fracción: “Los topes de gastos personales por cada persona candidata serán determinados por el Consejo General del Instituto en función del tipo de elección que se trate y no podrán ser superiores al límite de aportaciones individuales que pueden realizar las personas candidatas independientes a diputaciones” o sea, los 220 mil 326 pesos.

Insistió en que solo una ínfima minoría de los mexicanos tienen capacidad económica para ejercer los gastos de campaña.

Señaló que solo tres candidatos de 117 aspirantes a cargos nacionales se inconformaron, al considerar insuficiente el límite de gastos acordado por el INE.

Adujo que en un país en donde solo 2.2 de cada mil dispone de un patrimonio de 20 millones de pesos o más, por lo que el TEPJF hace avanzar la concepción de que los cargos sujetos a elegir deben reservarse a una microscópica élite económica, lo cual contradice el espíritu de las normas electorales e “insulta la razón y la inteligencia”.

Y cerró: “La sentencia que obliga a topes elevados de campaña es un golpe a la democracia, un golpe contundente a la equidad”.

Es la segunda ocasión en que el consejero Espadas vota en contra de un proyecto elaborado para responder a una orden del TEPJF.

Los consejeros Arturo Castillo, Jaime Rivera y Claudia Zavala también se manifestaron en contra de elevar los topes – lo mismo que en la sesión pasada lo hizo Martín Faz-.

La consejera Zavala dijo, además de que ello “rompe el piso de equidad” muestra el caos que está generando el modelo legal.

“Tenemos condiciones muy adversas, muy complejas, vamos a tener que también redefinir el sistema de radio y televisión. Y a mí lo que me está quedando muy claro en esta elección es que el modelo legal que está previsto y lo que hemos visto en las interpretaciones del Tribunal, pues está generando un caos, porque por un lado el Tribunal Electoral, ahora no veo un límite legal que genera condiciones de equidad o al menos no lo analiza, no veo que lo haya analizado”.

Sostuvo que la sentencia del Tribunal dejó de analizar el principio de equidad y el valor del principio democrático como eje rector para estas campañas.