Otra vez en la historia reciente del país, el hallazgo de un centro de adiestramiento y exterminio del crimen organizado ha conmocionado a una sociedad crecientemente atemorizada por la crueldad que predomina en entornos de violencia. Los zapatos, mochilas, pertenencias y restos humanos encontrados en el rancho Izaguirre, en Teuchi tlán, Jalisco, son símbolos de un proceso de descomposición que, de la mano del predominio de la macrocriminalidad desafía a nuestra sociedad y sus gobiernos a lo largo y ancho de nuestro país.
Las imágenes son desgarradoras y desbordan ya la capacidad de articular con palabras la magnitud de la atrocidad y el sufrimiento que diariamente causa en innumerables familias y comunidades. Teuchitlán no es el primero ni será, previsible y desafortunadamente, el último centro de adiestramiento y exterminio del crimen organizado que encontraremos. El indicio conocido más remoto de esta forma de horror data de 2010 con el hallazgo de 72 personas migrantes asesinadas en el ejido El Huizachal, municipio de San Fernando, Tamaulipas, que sacó por primera vez a la luz pública los crueles métodos de reclutamiento y adiestramiento de los cárteles de criminales.
En 2011 la crueldad volvió a asomarse a través de la segunda masacre de San Fernando, con el secuestro de personas que transitaban en autobuses por dicha zona presuntamente para reclutarlos por la fuerza. Cuatro años después, en Tanhuato, Michoacán, se encontró un centro de adiestramiento en el rancho El Sol, donde tuvo lugar una masacre protagonizada por la Policía Federal e integrantes del crimen organizado.
También en 2015 supimos del campo de exterminio en Patrocinio, Coahuila, donde madres buscadoras encontraron más de 3 mil restos óseos, así como campos similares en sitios aledaños, como San Antonio de Gurza, Simón Bolívar, Flores Magón, San Francisco Aguanaval, El Venado, en la región de La Laguna, donde se han encontrado un total de 27 sitios con restos óseos. De acuerdo con las madres, serían necesarios 20 años para limpiar la zona. En 2017 se encontró un campamento en Tala, Jalisco, municipio vecino de Teuchi tlán, adonde llegaban personas reclutadas por la fuerza con los mismos procedimientos que ahora se han difundido en el caso del rancho Izaguirre. En los últimos años se ha informado de la existencia de muchos otros centros de adiestramiento en diversas entidades; y a días de darse a conocer el caso del rancho Izaguirre han salido a la luz hallazgos de centros de este tipo también en los municipios de Yuriria, Guanajuato, y Reynosa, Tamaulipas.
El hallazgo de Teuchitlán no es, pues, un hecho nuevo, ni aislado. Confirma la continuidad de un método de reclutamiento forzado conocido por lo menos desde hace 15 años que sigue operando al amparo de la impunidad, la omisión y complicidad de las autoridades públicas, pues a decir de los colectivos de buscadores, en todos los estados operan esos centros.
Por ello mismo, por ser una práctica que por mucho no es aislada, de poco sirven las estrategias coyunturales por las que se ha apostado en materia de seguridad si no se dinamita el fondo del problema que no es otro que las redes ilícitas de poder. Podrá haber detenciones específicas, pero no una seria afectación a la red de macrocriminalidad que opera en regiones íntegras del país en el que participan poderes económicos, políticos y criminales. Por ello las reacciones al caso del rancho Izaguirre por las autoridades políticas, saben a poco. Más allá del discurso y las anunciadas medidas que se implementarán sobre desaparición de personas, la pregunta que subyace es: ¿realmente hasta dónde están dispuestas a llegar nuestras autoridades en la investigación, revelación y desmantelamiento de las redes de macrocriminalidad?
Se esperaba que ayer el fiscal general diera cuenta de una investigación de gran calado, a partir de un macrocaso que desvele las redes ilícitas de poder montadas en estructuras de macrocriminalidad que permiten estas atrocidades, pero seguiremos esperando. Bien decía doña María Herrera, madre buscadora histórica: “el Estado no busca, porque, si busca, se encuentra a sí mismo con su responsabilidad”. Otras historias atroces, como Ayotzinapa, pudieron en su momento generar puntos de inflexión, de cambio y de no retorno; sin embargo, las autoridades políticas no estuvieron dispuestas a sumir dichos costos.
En el marco de tantas tragedias e historias de crueldad que denuncian la veloz erosión de las bases elementales de la convivencia humana en el país, son los buscadores quienes refrendan el valor del compromiso con el amor radical, la fraternidad y la verdad que son capaces de desafiar todo para llegar al fondo del abismo al que asoman esas fosas y centros de exterminio encontrados. Son ellos quienes dan paso al frente y exponen sus propias vidas, efectuando funciones que el Estado no puede o no quiere realizar; son sus voces las que no se callan y continúan exigiendo sin cansarse la atención, investigación y justicia que el estado debe a cada una de las víctimas. El rancho Izaguirre fue asegurado desde septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y, hasta ahora, gracias a las madres buscadoras, sabemos de la gravedad de esta cruenta realidad.
Como ciudadanía, estamos llamados a superar la tentación de la inmovilidad y de la normalización de las atrocidades de las que nos enteramos cada día; éticamente, no hay otro camino que sumarnos a una acción de incidencia organizada para empujar a que el Estado emplee todos sus recursos para investigar debidamente lo que sucede en el rancho Izaguirre y en los demás centros de adiestramiento y exterminio encontrados y por encontrar. No hay más tiempo para que las políticas públicas sobre seguridad ciudadana pongan verdaderamente en el centro a las víctimas para poner fin a la impunidad que hoy impera. Si la impunidad y la barbarie prevalecen, es el futuro de nuestro país el que enterramos en una fosa.
