Madrid. La extrema derecha de Vox, que sustenta varios gobiernos autonómicos del Partido Popular (PP), como el de Valencia y Aragón, abogó porque los menores extranjeros no tutelados (Menas) “donde deben estar es en Marruecos, en su hogar, con sus padres”, por lo que instó a las administraciones autonómicas que apoyo a no respetar la ley y hacer caso omiso al plan establecido por el Ejecutivo español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, que acordó con la derecha nacionalista catalana el reparto de los más de cuatro mil 400 menores que permanecen desde hace más de un año en las Islas Canarias a la espera de ser trasladados a la península ibérica.
El destino de más de cuatro mil 400 menores edad, la mayoría originarios del sur del África subsahariana y que llegaron a territorio español después de una larga travesía en la que muchos de ellos perdieron a sus familiares durante el viaje, sigue siendo motivo de disputa en la clase política española. El acuerdo anunciado por Junts per Catalunya (JxCat) y refrendado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dejó prácticamente fuera del reparto de los menores de edad a Cataluña, bajo el argumento de que en los últimos años esta región había tenido una fuerte carga en este rubro.
El vocero de Vox en el Congreso de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, aseguró que “nosotros no queremos menas en ningún sitio porque donde deben estar es en Marruecos, en su hogar, con sus padres. Cuanto más se empeñe el PSOE en repartir inseguridad y en aumentar el efecto llamada a la inmigración masiva, más alto y claro lo diremos: no queremos menas ni en Bilbao, ni en Barcelona, ni en Valencia, ni en ningún sitio de España. Donde deben ir es a Marruecos con sus padres, a su hogar”.
Entre tanto, el Ejecutivo sigue sin confirmar las cifras del reparto, en las que se preven que a la Comunidad de Madrid y a Andalucía irán 806 y 796 menores, respectivamente, mientras que a Cataluña sólo 26 y al País Vasco menos 100.
Este pacto cosechó también críticas dentro del PSOE, como el del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, quien aseguró que “el Gobierno no tiene política de inmigración, salta a la vista que todo son parches sobre la marcha, parece que a veces se le olvida que es progresista, así que lecciones de solidaridad no voy a admitir ni de los que pactan con Vox, es decir la extrema derecha, ni de los que pactan con la extrema derecha independentista y con un supremacista identitario como es Puigdemont y sus soflamas de odio”.
El presidente de la Generalitat de Cataluña Salvador Illa, señaló por su parte que “lo que no es progresista es tener a cuatro mil 400 personas jóvenes no acompañadas en malas condiciones; esto no es progresista ni es humano. Cataluña va a asumir su parte siendo leales y corresponsables.
También diversas organizaciones que trabajan en el sector de la infancia expresaron su “preocupación” ante la politización de esta cuestión, al sostener Ricardo Ibarra, director de Plataforma de Infancia que “desde las organizaciones de infancia valoramos positivamente que se tomen medidas políticas para solucionar la situación de desamparo que sufren las niñas y niños que llegan a España sin sus familias, fundamentalmente en territorios como Canarias, Ceuta y Melilla. Sin embargo, nos preocupa que este Real Decreto Ley no sea suficiente para garantizar una acogida digna y respetuosa con los derechos de la infancia. Regular mediante el decreto ley cuestiones que afectan a la protección de la infancia en desamparo y a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes nos genera a los juristas enormes dudas respecto de su encaje en el sistema constitucional y, aunque parezca una solución para el momento de bloqueo actual, no es una medida óptima. No solo por su posible temporalidad, de ser anulado, sino porque abre una puerta peligrosa para la garantía de los derechos fundamentales”.
