Lo que en un origen (1972) se planeó como una institución "con fines sociales" para "beneficiar a los derechohabientes" terminó por convertirse en una enorme cloaca –como tantas otras creadas por el Estado mexicano en diferentes sexenios–, donde se enlazaron oscuros intereses de directivos, "representantes obreros" y patronales, un ejército de jueces, notarios, despachos de abogados, constructoras privadas, coyotes y mucho más, todo en detrimento de quienes supuestamente serían los "ganadores".
Y no es otra que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en donde se apriete –y no mucho– salen toneladas de pus. Desde el inicio del presente sexenio, un día sí y el siguiente también, su director, Octavio Romero, ha denunciado el rosario de atracos en contra de los derechohabientes y el uso del presupuesto del Estado para fines totalmente distintos a los autorizados.
Las primeras denuncias se hicieron públicas a escasos días del arranque del gobierno de la presidenta Sheinbaum: salarios de los funcionarios cercanos a 300 mil pesos (más del doble del presidencial), pago por asistencia a las sesiones de asamblea (entre 60 y 90 mil pesos cada una), cadena de complicidades, despojó de vivienda a 249 mil derechohabientes mediante juicios masivos ilegales, lo que generó pagos ilegales por 29 mil millones de pesos a despachos de abogados. Además, fraudes, corrupción, estafas, despojo de viviendas, tráfico de influencias, directivos involucrados, triangulación de recursos, multimillonarias indemnizaciones irregulares, connivencia empresarial y sindical en el consejo de administración, sueldos y prestaciones ilegales, condonación fiscal a las constructoras, contrataciones ilegales, venta de un mismo inmueble hasta en cuatro ocasiones, colusión de empleados, notarios, despachos de abogados, integrantes del Poder Judicial, empresas, peritos valuadores y mucho más, todos organizados para saquear a la institución y a los derechohabientes. Y ello, sexenio tras sexenio.
La mata sigue dando, porque Octavio Romero no ha dejado de desazolvar el Infonavit. La Jornada (Jared Laureles) lo reseño así: “El Infonavit ha presentado 28 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y alista 3 mil 380 carpetas de investigación por corrupción y conflictos de interés en contra de desarrolladores, constructoras, notarios públicos, ex funcionarios del instituto y coyotes, que despojaron de su patrimonio a más de 200 mil derechohabientes”, es decir, en contra de los supuestos "beneficiarios".
En la asamblea de ayer, Romero denunció que, tras las modificaciones legales aprobadas por el Congreso, se deja atrás "décadas en las que se desvirtuó el verdadero espíritu del tripartidismo por parte de actores que hicieron negocios privados a costa de los acreditados. Alianzas corruptas entre autoridades y funcionarios de administraciones anteriores, en complicidad con despachos, constructoras y otros actores, permitieron que se otorgaran múltiples créditos para una misma vivienda y dieron lugar a las ventas sucesivas de los mismos inmuebles".
Pero no quedó ahí: producto del contubernio con jueces, funcionarios de los poderes judiciales estatales y notarías, se demandó a más de 373 mil derechohabientes, quienes sin ser notificados fueron despojados de su patrimonio por medio de juicios masivos ilegales. "Este despojo costó a los trabajadores más de 29 mil millones de pesos; además, (esa mafia) adeuda al instituto más de 2 mil millones de pesos por entregar vivienda de mala calidad o no entregar".
Documentó el caso de la empresa Telra Realty, contratada para diseñar una plataforma de soluciones de vivienda, pero que incumplió con el contrato de 100 millones de pesos, y en lugar de ser penalizada, recibió por autorización del Consejo de Administración una indemnización por 5 mil millones de pesos. "Ello desvirtuó el verdadero espíritu del tripartidismo y dio paso a la utilización del Infonavit para satisfacer intereses económicos particulares al amparo del supuesto consenso entre los tres sectores que lo integran" (gobierno, patrones y "líderes" obreros).
Las rebanadas del pastel
Como buen rapiñador que es, Trump quiere cobrarse a lo grande los "350 mil millones de dólares" que según él Estados Unidos "aportó" al régimen de Kiev. Más allá de las tierras raras ucranias que quiere incorporar a su inventario, ahora pretende quedarse con las centrales eléctricas de ese país. "La propiedad estadunidense de esas plantas sería la mejor protección para la infraestructura energética ucrania". ¿Y Zelensky? No picha ni cacha.
X: @cafevega