Ciudad de México. La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó esta noche los dictámenes de las leyes generales de los sistemas nacionales de seguridad pública y de investigación e inteligencia, que refuerza las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para investigar y prevenir delitos, incluso mediante análisis de datos telefónicos y obtención de datos públicos y privados.

Los dos dictámenes –que se discutirán en la sesión de la cámara mañana jueves- fueron votados por 25 votos en favor de Morena y sus aliados, a los que se sumó MC. El PRI votó en contra y se registraron tres abstenciones del PAN y una más del morenista Manuel Espino Barrientos, quien fue comisionado del Servicio de Protección Federal en el sexenio pasado.

Espino justificó su voto en abstención, con el argumento de que ambas reformas parte de “una buena intención, pero incompleta”. Cuestionó incluso el “trabajo precipitado y deficiente de la comisión y no es un reproche, es una observación. Es un tema de la mayor importancia y no lo podemos tratar de manera tan superficial”. Se confunde, dijo, la tarea de investigación con la de inteligencia.

Por su parte, el panista Israel Damián Retes cuestionó que en la nueva legislación se incluya la integración de un registro telefónico y, aunque no está redactado de esa manera, afirmó que existe el riesgo de intervención telefónica sin autorización judicial.

“Si se considera la probable comisión de un delito, actualmente se pide autorización del juez para intervenir, ahora se elimina, ‘quiten ese formato único y simplemente porque yo quiero como autoridad’ se puede intervenir, lo que pareciera espionaje, con el argumento de prevenir delitos. Eso amenaza la presunción de inocencia. Amenaza a la privacidad de las personas”, señaló.

Incluso recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la presidía Arturo Zaldívar y era ministra Olga Sánchez Cordero –hoy diputada de Morena- declaró inconstitucional un registro telefónico similar “porque era violatorio de los derechos humanos”.

En respuesta, el ex subsecretario de Seguridad y diputado del PT, Ricardo Mejía Berdeja, manifestó que “hoy hay otras circunstancias y este registro ayudará a combatir el secuestro y la extorsión”.

Incluso resaltó que la delincuencia se ha convertido en una amenaza existencial a la seguridad de los ciudadanos y el Estado, y que “su capacidad de infiltración y el desafío a la autoridad demandan determinación y firmeza, no enviarles flores ni requerimientos. Hay que actuar con todos los instrumentos del estado de derecho”.

Además, definió que quienes forman parte de las organizaciones criminales “desafían y buscan sustituir al Estado.

Estos grupos, lejos de ser delincuentes comunes, son verdadera amenaza al orden constitucional y frente a ellos sí caben medidas de excepción”.

Tanto PAN como PRI reclamaron que no se cumplió con el proceso legislativo, pues los proyectos de dictamen fueron circulados a los legisladores esta mañana, lo que no les dio tiempo a revisarlos a conciencia.

El priísta Alejandro Domínguez abundó que, entre las nuevas atribuciones del secretario de Seguridad está el solicitar cualquier tipo de datos a entes privados o públicos, “incluidos los biométricos, y también se pretende crear plataforma digital de usuarios de telefonía, que fue declarado inconstitucional por la Corte”.

En ambas leyes, indicó, no se plantea una estrategia de seguridad clara ni se incluyen los cuatro rubros esenciales en la materia: seguridad nacional, seguridad pública, seguridad interior y seguridad ciudadana.