Madrid. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) acordó con la derecha del independentismo catalán de Junsts per Catalunya (JxCat) el reparto de los menores extranjeros no acompañados (Menas), que son en su mayoría de origen marroquí y se encuentran concentrados en dos puntos geográficos del país: las Islas Canarias, sobre todo en la isla del Hierro, y en Ceuta, donde en total hay más de cuatro mil 400. El pacto provocó una intensa polémica, en la que derecha y la extrema derecha reaccionó de forma aireada y advirtió que, como fue el caso de la Comunidad de Madrid, presidido por la derechista Isabel Díaz Ayuso, presentará un recurso ante la justicia.
Las Islas Canarias llevan reclamando desde hace más de un año la resolución urgente de un problema que empeora cada día más: el de la situación de los más de cuatro mil Menas que están viviendo en sus centros de acogida, saturados y sin personal suficiente para atender a los menores. Muchos de ellos llegaron a España después de una larga travesía en el mar, en la que perdieron a sus familiares durante el trayecto y, por tanto, ahora tienen la condición de huérfanos. El gobierno canario, presidido por Fernando Clavijo, del partido nacionalista Coalición Canaria (CC), ha reclamado en los últimos meses una solución urgente que hasta la fecha no se ha conseguido, sobre todo por el rechazo de las comunidades autónomas presididas por el Partido Popular (PP), que son la mayoría del país, 12 de las 17. El reparto se llevará a cabo en los próximos días, una vez que se publique la nueva ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El PSOE y JxCat anunciaron un acuerdo con el reparto de los menores en el que Madrid y Andalucía serán las que tengan que acoger a la mayoría, 806 y 786, respectivamente, mientras que Cataluña únicamente tendrá que asumir la tutela de 26 y el País Vasco de 84. El resto se distribuirán en el resto de las regiones, a pesar de las críticas de la mayoría por haberse hecho el reparto a través de un acuerdo entre dos partidos políticos y por la vía del decreto ley.
Actualmente en España hay 16 mil 163 menas, que, en función del acuerdo del gobierno con el independentismo catalán, tendrá en cuenta para el reparto desde el número de menores por población, la renta bruta per cápita, la tasa de desempleo o el gasto en la atención a personas menores no acompañadas. También la situación del sistema de acogida y de otros criterios como ciudad fronteriza, insularidad o dispersión. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ex presidente canario, apeló a la “solidaridad equitativa” para defender este acuerdo, al sostener que “estamos ante un hito en defensa de los derechos humanos, en la defensa del interés superior del menor”.
La reacción de la derecha y la extrema derecha española ante el pacto fue furibunda y anunciaron que harán todo lo posible para impedir que al final ese reparto de menores se lleve a cabo. La presidenta madrileña, Díaz Ayuso, advirtió que “llevará ante los tribunales y la Unión Europea”, ya que -aseguró- “la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos: para España, para Europa, y para los mismos inmigrantes, en manos de mafias”. La ministra de Sanidad, Mónica García, acusó a la presidenta Díaz Ayuso de “racismo y xenofobia” y le señaló porque “se ha echado en brazos nuevamente de la ultraderecha y la internacional reaccionaria y ha dicho que los va a hacinar como los tiene hacinados en un centro de Fuenlabrada, como si fuera una especie de castigo, y saltarse los derechos humanos de estos niños y niñas solo tiene una palabra: racismo y xenofobia”.
