Washington. Un juez estadunidense ordenó este lunes a funcionarios del gobierno de Donald Trump que expliquen si el gobierno violó su orden cuando deportó a cientos de presuntos pandilleros venezolanos durante el fin de semana, que fueron recluidos en la megacárcel del presidente salvadoreño Nayib Bukele, y potencialmente estableció un choque constitucional entre el presidente y el poder judicial federal.
La Casa Blanca afirmó el domingo que los tribunales federales "no tienen jurisdicción" sobre la autoridad de Trump para expulsar a enemigos extranjeros bajo una ley del siglo XVIII utilizada históricamente sólo en tiempos de guerra.
El juez James Boasberg en Washington fijó una audiencia para esta tarde e instruyó al gobierno a proporcionar detalles sobre si los vuelos que transportaron a los venezolanos a El Salvador despegaron después de su orden o estaban en el aire en ese momento.
La audiencia se programó en respuesta a una solicitud presentada durante la noche por la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu) y otros defensores que pedían claridad sobre los vuelos.
Los rápidos acontecimientos representan una posible escalada en el desafío de Trump al sistema de controles y equilibrios de la Constitución de Estados Unidos y la independencia del poder judicial del Gobierno.
En una audiencia de emergencia el sábado solicitada por la Aclu, un grupo de derechos civiles, Boasberg emitió un bloqueo temporal de dos semanas sobre el uso de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, un grupo del crimen organizado de origen venezolano.
El juez dijo en la corte que cualquier vuelo que ya estuviera en ruta debería regresar a Estados Unidos. Su orden escrita tras la audiencia apareció en el expediente en línea de la corte a las 7:26 p.m, dijo el Departamento de Justicia en una presentación judicial.
El domingo, Bukele, publicó en X imágenes en las que se veía a unos hombres siendo sacados de un avión en la oscuridad de la noche.
"Upsie... Demasiado tarde", escribió Bukele encima de una noticia sobre la orden del juez.
Publicó fotos y video de la llegada de los migrantes sin papeles, encadenados y luego rapados.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, emitió un comunicado el domingo en el que negaba que la administración hubiera violado la orden de Boasberg, al tiempo que cuestionaba su poder para emitirla.
"Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de un avión (...) lleno de terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente de suelo estadunidense", dijo Leavitt.
