Mexicali, BC. Para el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja), surgido a partir del movimiento de trabajadores de hace 10 años contra la explotación laboral en los campos de cultivo, existe un avance acaso del 50 por ciento en sus demandas porque para lograr que se cumplan la ley y los aumentos en el pago de jornada o el precio por destajo, han recurrido a bloqueos carreteros, cierre de ranchos y huelgas.

Aún se ve, aunque en menor proporción, asegura la dirigencia del Sindja, a niños que trabajan en campos agrícolas de San Quintín, también las denuncias penales por supuestos delitos sexuales, aunque sin consecuencias jurídicas para los agresores ante la inacción de la Fiscalía General del Estado (FGE); además siguen las anomalías en prestaciones sociales porque a los jornaleros los dan de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y sus bajas inmediatas les impiden la cotización y el servicio médico.

Es común en los campos agrícolas del Valle de San Quintín que se burlen las condiciones laborales de los jornaleros mediante el esquema “saliendo y pagando”, que esconde las irregularidades en la contratación de mano de obra de labriegos en las que participan enganchadores, que se convierten en promotores de empleo y hasta transportistas; los mayordomos y patrones que contratan al día en condiciones de explotación laboral, y con la aceptación de los propios empleados agrícolas que prefieren cobrar en efectivo día a día y por jornal.

Movimiento jornalero

La directora general del Centro Estatal de Justicia para Mujeres (Cejum) de Baja California, María Magdalena Ramírez Bautista, advirtió que ha habido grandes avances, uno de ellos es la emisión de la alerta de género por violencia contra las mujeres, además de tener un Centro de Justicia en San Quintín, el cual opera desde octubre de 2024 y ha atendido a mil usuarias.

“San Quintín tiene grandes rezagos, hay una deuda histórica con las mujeres y la aportación del Cejum es el acercamiento directo con las comunidades y las mujeres, que no sólo llegan a poner denuncias sino a recibir servicios integrales, que hacen la diferencia cuando una mujer busca el acceso a la justicia sola o acompañada con las herramientas que brinda una institución como el Cejum”, expuso en entrevista la funcionaria estatal.

Aún falta, en cuanto al cumplimiento de herramientas, prestaciones de ley y capacitación al personal, señaló Magdalena Ramírez. Recordó que en enero anterior se denunció a la empresa W, por su conducta discriminatoria hacia los trabajadores.

A su vez Abelina Ramírez, dirigente del Sindja, advirtió que este 17 de marzo no hicieron marchas “pues convocamos a que no vayan a laborar para demostrarle a las empresas lo importante que es la mano de obra. La respuesta que se tenga será difícil de evaluar, pues necesitamos trabajar para obtener dinero pero vamos a seguirle, la lucha no es fácil y nos mantendremos en despertar conciencias”.

La FGE ha detenido las denuncias de mujeres víctimas de acoso sexual, y generado desánimo al grado que se han visto obligadas a recibir lo que les ofrecen las empresas para resarcir daños, “porque ellas también requieren dinerito y seguir trabajando”, afirmó Ramírez.

“En eso no hemos tenidos avances, pero en estos cuatro años hemos contactado y logrado que participen 400 mujeres en la lucha por la defensa de derechos, y nuestra meta es contactar y sumar a otras 300 más. Buscamos que haya más estancias para el cuidado de los niños de madres trabajadoras, pero hay muchos requisitos para abrir algún centro por parte de la comunidad”, agregó.

Abundó que “en el IMSS se buscó atención y pensiones para adultos mayores, pero sólo se logró que obtuvieran sus recursos del Infonavit y de las afores”.

En entrevista con La Jornada, Ramírez consideró que “se debe luchar por los derechos de jornaleras y jornaleros, por eso en el Sindja daremos seguimiento para que los trabajadores reciban lo que la ley les otorga, a los patrones y a las instituciones no se les pide algo ilegal, pero siempre buscan mantenerlos como trabajadores eventuales”.

Expuso que “la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California dice realizar inspecciones extraordinarias para atender denuncias, accidentes y situaciones laborales donde es requerida la intervención de la autoridad.

“Hacen inspecciones en centros de trabajo de San Quintín a partir de demandas por peticiones de incremento salarial diario y en el trabajo a destajo, la afiliación efectiva al IMSS, el reparto de utilidades, el hostigamiento de los encargados de cuadrillas, la sustitución de sanitarios insuficientes o que se encuentran en mal estado.”

De su lado, el secretario del Trabajo estatal, Alejandro Arregui, señaló que se revisan los contratos colectivos firmados con los sindicatos, en particular los que prevén un salario ya integrado de las prestaciones que incluyen el pago del aguinaldo, días festivos, prima vacacional y el reparto de utilidades.

Otros asuntos que les toca revisar y canalizar a los Centros de Conciliación son el respeto de las ocho horas laborales, con pago suplementario por horas extras, descanso al séptimo día y en días festivos con posibilidad de tener vacaciones.

En caso de encontrar violaciones a la legislación laboral, las empresas son sancionadas conforme a lo dispuesto en los artículos del 992 al 1004-C de la Ley Federal del Trabajo, con montos que parten de 5 mil 657 pesos, equivalentes a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), y hasta las 565 mil 700 pesos (5 mil UMA); esa cantidad se multiplica por el número de trabajadores afectados en el centro de trabajo para establecer la sanción económica.

En tanto, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (Cedhbc), Jorge Ochoa, señala que se realizan jornadas comunitarias para acercarse a la gente, conocer su problemática e intervenir ante afectaciones de sus derechos humanos, con énfasis en sus derechos laborales, los derechos indígenas, de justicia para mujeres.

Incluso, dijo, el Consejo Agrícola de Baja California, conformado por dueños de ranchos agrícolas, solicitaron capacitación para su personal, incluidos jornaleros y jornaleras. Su finalidad es lograr una evaluación satisfactoria para obtener el distintivo de empresa comprometida con los derechos humanos que otorga la Cedhbc.

Hay avances después de 10 años, reconoció, “y más si nos remontamos a 2010, cuando nos topamos con la sorpresa que muchos jornaleros no estaban inscritos en el IMSS, y una semana después les pagaban su jornal sin considerar horas extras ni días festivos”.

Ochoa señaló que efectúa acciones fuera de oficina para dar acompañamiento en los casos que las víctimas señalen que el Ministerio Público no hace investigación, y se abre queja.

En la actualidad, la oficina de Derechos Humanos se encuentra en las instalaciones del Centro de Justicia para Mujeres, donde se ubica también la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, el Escuadrón Violeta, que atiende denuncias de violencia familiar, y un área de Juicios Orales del Poder Judicial del Estado.